Ser un “filtrador” en Estados Unidos

Donald Trump posiblemente se encuentra en su momento más oscuro como mandatario de Estados Unidos. La llamada al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que le pide que abra una investigación contra Joe Biden, precandidato demócrata a la Presidencia, y su familia parece un error difícil de remediar. Sin embargo, la figura de la persona que filtró la información, el whistleblower “filtrador”, es una variable mucho más poderosa en la ecuación. A lo largo de toda su administración, Trump se ha asegurado tras bambalinas de mantener vigilados y castigar a sus funcionarios para evitar que ocurra lo que acaba de ocurrir.

Solo con los primeros datos que salen de la olla recién destapada los demócratas ya tienen suficiente para abrir una investigación en contra de Trump y llevarlo a un juicio político. El miedo del republicanismo es que ahora se comiencen a revelar el resto de las conversaciones que el mandatario ha tenido con otros políticos, dejando al descubierto datos que podrían comprometer aún más no solo su presidencia, sino su campaña política para las elecciones de 2020. Los ojos están puestos en el día en que el denunciante, cuya identidad todavía es anónima, asista al Congreso para testificar.

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“El cada vez más popular filtrador no puede ser considerado bajo ese término. Toda la información que ha suministrado, ¿no ha sido tan imprecisa como para sospechar de alguien más, como un espía, que le ha estado suministrando los datos? ¿Un partisano operativo?”, señaló Trump en su cuenta de Twitter. El presidente no suele poner palabras al azar, las escoge cuidadosamente y las repite para consolidar ideas en sus seguidores. Esta vez no fue la excepción.

En el tuit anterior se esconde uno de los grandes debates del escándalo, pues desde hace años hay un espacio gris para definir la frontera legal entre un filtrador y un espía, conceptos totalmente diferentes. El primero puede ser cualquiera -un ciudadano o un funcionario público o privado, que navega por internet y usa redes sociales como cualquiera- que se encuentra con alguna irregularidad del gobierno sin buscarla. Lo que no sabe es que cualquier movimiento que haga con esa información puede ser detectado por agencias gubernamentales especializadas es encontrar filtradores.

Esta figura choca con la Ley de Espionaje de 1917, una medida que busca criminalizar “enemigos nacionales con intención de utilizar información para dañar a Estados Unidos en beneficio de una nación extranjera”. Desde su promulgación muchos “filtradores” fueron judicializados bajo ella. La decisión como funcionario del Estado de revelar o no un escándalo raya con lo ético, pues por un lado está el juramento de confidencialidad, y por otro, el deber moral con la sociedad.

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Los “espías” acusados por Trump

Desde 2016, cuando Trump asumió la Presidencia, se han judicializado cuatro personas bajo la Ley de Espionaje. Entre los casos se destaca el de Joshua Schulte, un exdesarrollador de software de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acusado de filtrar información a Vault 7, una serie de documentos publicados por Wikileaks que detallaban movimientos irregulares de la institución.

Su expediente es diferente al de los otros tres porque luego de que el FBI llevara a cabo la redada para confiscar sus equipos, en marzo de 2017 se descubrió una supuesta posesión de 10.000 imágenes racistas y de pornografía infantil, por las cuales fue acusado inicialmente. Luego, en junio de 2018, los cargos fueron reemplazados por otros bajo la Ley de Espionaje, a pesar de que Schulte se ha declarado inocente.

Los otros tres casos de filtradores aseguran ser fuentes del medio investigativo The Intercept, cosa que no ha podido ser comprobada por las autoridades. Lo cierto es que, para defenderse, el periodismo ha recurrido frecuentemente a la Primera Enmienda de Estados Unidos, que vela por la libre expresión y por la prensa libre.

El primero de los filtradores en ser penalizado bajo la Ley de Espionaje luego de los comicios de 2016 fue Reality Winner, una veterana de la Fuerza Aérea y contratista federal, acusada de pasar información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional a un medio periodístico. El contenido de los documentos aseguraba que agencias de inteligencia rusa habían intentado acceder a los sistemas de votos electrónicos en las presidenciales en las que Donald Trump llegó al poder.

La decisión de revelar semejante información le salió cara a la mujer de 25 años.El 8 de junio de ese año fue procesada y, ante la negación de salida bajo fianza, quedó detenida a la espera de que se inicie su juicio, cosa que no ha ocurrido.

Otro de los grandes casos ocurrió el 16 de octubre de 2018, cuando Natalie Mayflower Sours Edwards, funcionaria de la división de delitos financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), fue arrestada y acusada por supuestamente filtrar irregularidades en transacciones bancarias a un periodista de BuzzFeed News que involucraban al exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort. Al día siguiente, sin embargo, fue liberada bajo una fianza de US $100.000 y le fue prohibido tener contacto con el medio de comunicación. Trump no es el único que ha utilizado la polémica ley para judicializar filtradores. Durante la administración de Barack Obama fueron ocho las personas en sentir el peso de la medida. Entre ellos está Chelsea Manning, la analista que le filtró 470.000 registros de las guerras de Irak y Afganistán, 250.000 cables del Departamento de Estado y otros documentos clasificados a Julian Assange.

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¿Necesidad de anonimato?

El debate del último filtrador, que tiene contra la espada y la pared a Trump, se centra en su identidad, pues, en caso de revelarse, podría poner en riesgo su seguridad. De hecho, una lluvia de críticas le cayó a The New York Times, luego de que revelara que se trata de un o una agente de la CIA que trabajó en algún momento en la Casa Blanca y que cuenta con una amplia experiencia en política exterior y el sistema legal ucraniano.

“Decidimos publicar información limitada sobre el filtrador anónimo —incluyendo el hecho de que trabaja para una agencia no política y que basó su denuncia en un conocimiento muy cercano de la Casa Blanca— porque queríamos proporcionar al lector la información que les permita juzgar si (ese confidente) es o no creíble”, dijo Dean Baquet, editor ejecutivo del periódico. Sin embargo, los abogados del filtrador consideraron que esas revelaciones son peligrosas para su cliente, tanto personal como profesionalmente. Por otro lado, Jon Marshall, profesor en la escuela de periodismo de la Universidad Northwestern, afirmó: “The New York Times quedó atrapado en el dilema ético clásico de las organizaciones de noticias: buscar la verdad y difundirla o privilegiar la protección de fuentes”.

Todd Gitlin, profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, cree que la decisión de brindar detalles sobre el denunciante estaba justificada. El propio filtrador «tiene que haber entendido que había un cierto riesgo en su acto y debe haber tomado precauciones. Además, trabaja para una organización que se dedica a la seguridad», afirmó.

“A diferencia de Edward Snowden o Chelsea Manning, quienes filtraron información confidencial de forma no autorizada, este hombre cumplió con todas las reglas sobre la presentación de denuncias y trabajó en consulta con abogados especializados. En la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no gozan de una protección significativa contra las represalias”, dijo Kathleen McClellan, subdirectora del Programa de Protección de Denunciantes y Fuentes.