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El Senado de Estados Unidos volvió a cerrar la puerta al intento de limitar las operaciones militares impulsadas por el presidente Donald Trump. Con apenas dos votos de diferencia, los legisladores rechazaron una resolución bipartidista que buscaba impedir que el gobierno ordene el uso de la fuerza “dentro o contra” Venezuela sin autorización previa del Congreso. Esta decisión reaviva el debate sobre los límites del control del Ejecutivo y plantea interrogantes sobre las motivaciones detrás de este bloqueo.
La medida, impulsada por Tim Kaine y Adam Schiff (demócratas) y Rand Paul (republicano), obtuvo 49 votos a favor y 51 en contra.
Además, se enmarca en la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, la cual exige al jefe de Estado notificar al Congreso en un lapso de 48 horas sobre el despliegue militar y suspender las operaciones después de 60 días si no cuenta con autorización legislativa (en este caso el plazo expiró el 3 de noviembre).
La decisión del Congreso no es nueva. Antes de la negativa a esta resolución, en octubre la Cámara Alta estadounidense también bloqueó una iniciativa para impedir los ataques a supuestas narcolanchas en el mar.
Las amenazas a Venezuela se remontan a inicios de septiembre, cuando la administración Trump emprendió una ofensiva en el Caribe contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.
Hasta ahora, se estima que al menos 69 personas murieron en los mortíferos ataques. Además, no existen pruebas que vinculen a los tripulantes con el narcotráfico. Por su parte, el líder oficialista en Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que la medida busca provocar un cambio de régimen.
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¿Hay una evasión de la norma por parte del Ejecutivo?
Lawrence Gumbiner, exdiplomático norteamericano y consultor internacional, afirmó que, aunque en teoría “la constitución de EE. UU. otorga al Congreso el poder y responsabilidad de declarar la guerra” , en la práctica “por muchas décadas el presidente, como jefe de las fuerzas militares, ha tomado la decisión de usar la fuerza sin consultar al Legislativo”.
Por ejemplo, Harry Truman envió tropas a Corea sin una declaración formal de guerra ante el Congreso, según archivos presidenciales del gobierno. En Libia, Barack Obama autorizó ataques militares sin consulta directa. Esto también ocurrió en otros conflictos armados, como el de Vietnam.
Los mandatarios justificaron sus acciones como un asunto de seguridad y se ampararon en artículos constitucionales tras no cumplir con el procedimiento gubernamental exigido.
Estas razones se mantienen vigentes, pues la administración Trump sostiene que las amenazas a Venezuela y los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe se ejecutan en nombre de la “seguridad nacional”.
No obstante, la situación también puede analizarse desde otro ángulo: César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Militar Nueva Granada, explicó que “la administración Trump ha sostenido que los actuales golpes a las lanchas no son hostilidades porque no hay una declaratoria de guerra”.
“Esta postura, si lo queremos ver así, reduce toda exposición al requisito de una autorización del Congreso”, dijo el analista. Es decir, este discurso facilita la autonomía operativa del Ejecutivo.
Además, destacó que dado que en la práctica el presidente es quien comanda las guerras, aunque el Congreso tenga el rol de aprobarlas, se genera una “separación deliberadamente ambigua que ha sido interpretada como una tensión entre ambas ramas”.
El fondo del rechazo a la resolución
La política se rige por intereses, ya sean electorales, humanitarios, económicos, entre otros. Por ello, la decisión legislativa se divide principalmente en dos perspectivas: la simbólica y la estratégica.
Dado que la votación contra la resolución estuvo respaldada por los republicanos (solo dos senadores de ese partido apoyaron a los demócratas), los expertos señalan que se trata de un acto simbólico.
Niño afirmó que tal hecho evidencia algo importante: “Hay una polarización partidista dentro del Congreso”. Que los republicanos hayan bloqueado la iniciativa refleja “una expresión de disciplina de partido”, afirmó.
En la misma línea, Gumbiner reiteró que “esta resolución es simbólica” y aseguró que “tiene un significado político”, que es “el esfuerzo de los demócratas por empezar a restringir una presidencia que tiende a ser más autoritaria”.
Además, Niño resaltó que la votación funciona “más como una suerte de termómetro político que como un veto a la administración Trump”.
“La capacidad de maniobra en términos de negociación por parte de la Casa Blanca sobre el Congreso es un gran logro”, enfatizó.
Más allá de lo que Niño denominó la “disciplina y lealtad partidaria”, también existen “los costos políticos que enfrentan los congresistas”, pues no les conviene apoyar algo que el pueblo estadounidense podría interpretar como “debilidad” frente al régimen de Maduro, indicó el analista.
“Los legisladores perciben a Maduro como un actor que se adscribe a regímenes que amenazan intereses regionales, asociados al narcotráfico e inestabilidad migratoria… por eso prefieren dar margen a Trump […] para que pueda contener esos riesgos”, agregó.
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Una posible operación militar en Venezuela
El presidente estadounidense aseguró que descarta ataques en Venezuela. El fin de la ofensiva en el mar es frenar el narcotráfico, dijo Trump. Sin embargo, el mes pasado el gobierno autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Caracas y no ha descartado acciones terrestres.
Washington afirma que “no quiere ir a la guerra con Venezuela” , según relató el congresista demócrata con mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, citado por El País.
Pero el mismo funcionario destacó que “el presidente es bastante famoso por […] su modo caótico de hacer las cosas. Puede cambiar de opinión muy rápidamente. Así que quién sabe”.
En Venezuela, María Corina Machado, líder opositora en Caracas, acusó el 5 de noviembre a Maduro de haber declarado la guerra a su población y apoyó el despliegue militar estadounidense en la región.
En cambio, organismos como Naciones Unidas (ONU) manifestaron su total desacuerdo con la ofensiva. Líderes y organizaciones han denunciado lo sucedido en el Caribe y el Pacífico como ejecuciones extrajudiciales.
“Dudo que haya una invasión o uso de tropas contra Venezuela”, afirmó Gumbiner. Agregó que esta “no sería respaldada por el pueblo, y el riesgo político para Trump sería alto”.
Niño no descartó que Estados Unidos continúe operaciones militares en la zona: “Al caer la resolución no se crea un mandato legal expreso que frene la escalada militar en el Caribe”.
Si Washington sigue en esta línea podría lograr una “desarticulación puntual de los líderes del narcotráfico de algunos de los actores que ha identificado públicamente [por ejemplo, el Tren de Aragua]”, pero esto “no conduciría al fin del narcotráfico” ni algo similar, aclaró.
La ofensiva también podría ser “una señal de disuasión a actores estatales y no estatales que colaboran con Maduro”, explicó el internacionalista. Los riesgos persisten: continuar con las operaciones podría significar una “regionalización del conflicto”, advirtió.
Explicó también que si los ataques causan víctimas civiles o daños que provoquen represalias (no necesariamente desde Venezuela, sino por actores externos proxies), se podría generar una “desestabilización de la región”.
“Recordemos que hay operaciones de Hezbollah y de mercenarios de grupos prorrusos en Venezuela. Además, existe una combinación de fuerzas como el ELN, que opera tanto en Colombia como en Caracas”, agregó.
Por ahora, persiste una ambigüedad sobre las operaciones militares estadounidenses, ya que no existe una declaración formal de guerra. Esta falta de claridad mantiene una tensión constante entre el poder del Ejecutivo y la autoridad del Congreso, evidenciando cómo la seguridad nacional suele utilizarse como justificación política. Al mismo tiempo, el rechazo a la resolución refleja una profunda polarización partidista y el uso simbólico del poder legislativo frente a un presidente con amplios márgenes de maniobra militar.
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Por Juliana Valentina Vélez
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