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Ayer en la tarde se vivió una escabroso momento de violencia en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa (México), cuando en un operativo organizado por autoridades gubernamentales fue capturado Ovidio Guzmán López, temporalmente, uno de los hijos del narcotraficante mexicano, condenado en Estados Unidos, Joaquín el «Chapo» Guzmán. El caos provino no solo de las balaceras entre hombres fuertemente armados que lo defendían y fuerzas de seguridad mexicanas, sino de las posiciones encontradas del gobierno. Mientras unos decían que Guzmán estaba detenido, otros aseguraban que el operativo había sido detenido al verse en inferioridad numérica frente.
El hecho pone inmediatamente en tela de juicio la capacidad de la fuerza pública y del mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para hacerle frente a un cuerpo armado que domina desde hace años esta región del país. Tanto cambio en las versiones oficiales demuestra que durante la calentura no había claridad sobre qué era lo que tocaba decir. Al inicio, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, aseguró que una unidad de la Guardia Nacional realizaba un «patrullaje de rutina» en un barrio del centro de Culiacán, cuando desde una vivienda fue atacada a balazos, una acción que los uniformados repelieron deteniendo a cuatro personas. Sin mbargo, algunos videos transmitidos por medios de comunicación locales, muestran cómo los cuerpos policiales rodean una vivienda, lo que se aleja de la declaración de Durazo.
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El operativo, además, no era de poca monta. Ovidio Guzmán López y su hermano Alfredo habrían asumido el liderazgo de una parte del cártel de Sinaloa, desde la extradición de su padre a Estados Unidos en enero de 2017. Durante las últimas horas el equipo de Durazo se había negado en reiteradas ocasiones a aclarar si se había capturado o no al hijo de «El Chapo», sin embargo, el secretario de Seguridad por fin señaló: «Al verse rodeados por una fuerza mayor y todo el despliegue de agresión contra la población, y el hecho de no haber recibido oportunamente la orden de cateo, se ordenó abandonar el inmueble».
«Si ayer salimos a dar una versión diferente fue porque contábamos con una información distinta. La orden de aprehensión no llegó con la oportunidad que habría sido planeada con el diseño del operativo», reconoció el secretario de Seguridad. Durazo afirmó, sin embargo, que no hubo ninguna negociación en la liberación de Guzmán, y reafirmó que el gobierno mexicano no está dispuesto a hacerlo con ningún grupo delictivo.
El dilema del operativo La respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual era muy esperada por parte de todos los sectores del país, llegó hoy, cuando apoyó la decisión de abandonar el operativo. «No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé», dijo durante su habitual conferencia matutina. El mandatario mexicano aseguró que «de ninguna manera diría que ha fracasado nuestra estrategia de seguridad».
López Obrador también confirmó que la orden de aprehensión provisional contra Guzmán resulta de una solicitud con fines de extradición a Estados Unidos, recibida por el gobierno mexicano en septiembre de 2018.
Las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de un civil y siete soldados, además de tres policías heridos por arma de fuego. Varios vehículos de la policía local y un helicóptero también tuvieron impactos de bala.
Sinaloa, un cuento aparte Sinaloa se ha ido configurando, a lo largo de los años, como uno de los bastiones del narcotráfico colombiano. El último episodio de violencia lo demuestra, pues las fuerzas gubernamentales no fueron capaces de superar a los miembros armados que estarían defendiendo al hijo de «El Chapo».
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“Sinaloa es un poco la Medellín de Colombia. Ya sabes: el cartel histórico, tres generaciones dedicadas a eso, por razones naturales y también por razones de vacío de poder y de vacío de derecho. En este momento estamos enfrentando una pugna entre grupos de crimen organizado. Los hijos de Joaquín Guzmán y su anterior lugarteniente”, cuenta Adrián López Ortiz, director del diario local Noroeste.
El Chapo, era el narcotraficante más poderoso de Sinaloa. Ahora que está preso en Estados Unidos, se esperaba que su detención provocara una disminución de la violencia, pero no fue así. Todo lo contrario. Según cifras del periódico Noroeste, los asesinatos aumentaron 60 el año pasado. “Y ya la cosa estaba mal”, agrega López.
Datos de la organización Semáforo delictivo, sin embargo, señalan que durante el primer semestre de 2019, Sinaloa, si bien presenta problema de violencia, pues es muchas de las categorias tiene tasas por encima del promedio nacional, no es de los casos más dramáticos. De hecho, desde el 2018 hasta el primer semestre de 2019, los homicidios bajaron un 23% en el estado, según la organización.
“Aplaudimos que la nueva administración acepte los problemas y haga un esfuerzo por mejorar la contabilidad de los delitos. Crear un modelo de buen nivel de consciencia y mucha información relevante es lo que nos ha ayudado a bajar índices delictivos en otras entidades como Nuevo León o Sinaloa”, aseguró hace unos meses Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo.
Uno de los datos en los que el estado sigue en estado crítico es en el de feminicidios, el cual cupera la tasa nacional y se ubica en las primeras posiciones de la lista de estados mexicanos. Antes, sin embargo, está Veracruz, Morelos, Tabasco y Sonora.
La visión del Departamento de Estado de Estados Unidos está alineado con la del medio Noroeste, pues este año ratificó su calificación como estado de alto riesgo, por lo que recomienda a sus ciudadanos no visitar el lugar. «La violencia organizada está muy extendida y las organizaciones criminales están basadas y operando en el estado», señalaron en su momento. Esta categoría se ha mantenido desde el año pasado.
Algunos detalles sobre el Cartel de Sinaloa y su funcionamiento se han podido conocer a través de los testigos que se presentaron al juicio del Chapo Guzmán. Jesús «Rey» Zambada, líder narcotraficante de 57 años, fue uno de los que se presentó a los estrados judiciales estadounidenses. En su momento relató al jurado el sofisticado funcionamiento del cartel de Sinaloa, incluidas sus «inversiones de capital» en Colombia, que hacían en pequeños grupos y a medias con los colombianos.
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El Rey, que controlaba la actividad del cártel en Ciudad de México, contó que pagaba personalmente sobornos al comandante de la Procuradoría General de la República (PGR) en la capital mexicana, a la policía federal de caminos que maneja también puentes y aeropuertos, a la policía judicial federal, estatal y municipal y «a Interpol también».
«Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300.000 dólares por mes», contó al jurado Zambada, de 57 años, que vestía traje de presidiario azul y camiseta naranja. Zambada dijo que también pagó aproximadamente en 2004 un soborno de 100.000 dólares al general Toledano, a cargo del estado de Guerrero, a pedido del Chapo.
Badiraguato extraña al Chapo La tierra natal del Chapo, Badiraguato (Sinaloa) no deja de extrañar al narcotraficante. Si volviera, sería un alivio, dicen los pobladores, porque cuando estaba no había pobreza ni violencia. Era, describen, como un territorio con un autogobierno no reconocido y un mandatario dadivoso.
«Desde que ya no está el señor Chapo hay más pobreza, y la gente se tiene que bajar (de la sierra), porque está más canija… más dura la cosa», dice Jorge Valenzuela, un poblador de Potrero de Bejarano, comunidad que colinda con el estado de Chihuahua.
«Él repartía dinero a la gente, le daba para sembrar, para que comprara cosas, ya no hay nadie que haga eso», agrega Valenzuela desde este pueblo del llamado Triángulo Dorado, localizado en las montañas del noroeste de México.
Nueve de cada 10 personas que residen en Badiraguato viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según datos del gobierno mexicano. Es el municipio con más carencias sociales y económicas de Sinaloa.
Es también el municipio con menor número de carreteras construidas, pero de los que cuenta con más caminos rurales que llevan hacia la sierra, donde las principales actividades son la minería -33% del territorio está concesionado a empresas extractoras- y la producción de marihuana.
Datos públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que en Sinaloa se concentró el mayor volumen de erradicación de marihuana durante 2018, con la destrucción de 43.976 hectáreas, un 31% del total eliminado en el país.
La producción de enervantes fue la industria que Guzmán lideró con el cártel de Sinaloa, hasta hace dos años, cuando lo detuvieron en la ciudad de Los Mochis, al norte del estado.
«Aquí toda la gente tiene dónde sembrar, pero como no está el señor Chapo, ya la gente no siembra casi, porque a él se la vendían», lamenta Valenzuela.
El territorio de siembra fue peleado por distintos grupos, uno liderado por Aureliano Guzmán, hermano del «Chapo», otro por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, sus hijos, y uno más por un hombre llamado Héctor Román.
Las disputas ocasionaron durante 2018 el desplazamiento de 295 familias de los poblados Potrerillos, Carricitos, Saucitos, San Javier, San Javier de Arriba, Cieneguita de los López y Sierrita de Potrerillos.
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