Táchira, en manos de las mafias

Un cartel, a pocos metros de la aduana de San Antonio del Táchira, anunciaba la guerra antes de que los gobiernos de Colombia y Venezuela se atrevieran a hablar de ella. “Guerra de minitekas” (sic), “Preventa en Diverciones Carnaval” (sic), decía en letras verdes y amarillas sobre fondo negro, ordenadas de tal forma que eran la evidencia de que en todo conflicto bélico la primera víctima siempre es la palabra. Se enfrentarían los pincha discos de “Soun Machin” por Venezuela, contra los de “Molotov” por Colombia, en las que prometían ser dos noches de horror para celebrar el Halloween: el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre de 2009. Pero las mafias del contrabando y la extorsión que operan entre Cúcuta y San Antonio del Táchira hicieron estallar la guerra dos días antes y, ante el temor del público de salir a la calle, la convocatoria a la batalla de los “diyeis” resultó un fracaso de taquilla.

“Hemos tomado la irrevocable decisión de atacar con violencia. Ya no vamos a joder solamente a los gusanos, ahora les tocó el turno a los malparidos guardias por no dejar trabajar. Quien colabore le pasará lo mismo, esta organización lo ha decidido. (…) Muerte a los perros”. Eso decía el panfleto que repartieron los grupos irregulares por las calles de San Antonio del Táchira para protestar contra los controles de aduana impuestos desde agosto pasado por la Guardia Nacional venezolana en el paso fronterizo que comunica al estado Táchira con el departamento del Norte de Santander.

No llevaba firma, pero todo el pueblo sabe que fue escrito por las mafias que controlan el tráfico de gasolina y de alimentos desde Venezuela hacia Colombia. Los mismos que extorsionan a los comerciantes de ambos bordes de la frontera a cambio de seguridad y a los que todos llaman “los paras”, más como un latiguillo fácil de pronunciar que por sus motivaciones políticas para matar. Los que, en cumplimiento de su palabra, se atribuyeron el posterior asesinato de dos guardias nacionales, baleados el lunes 2 de noviembre en la plaza de El Palotal — a dos kilómetros de San Antonio— por cuatro sicarios en motocicleta que les dispararon por la espalda.

Un crimen que, junto al homicidio de nueve comerciantes informales colombianos ocurrido el pasado 21 de octubre en la población tachirense de Chururú, fue la excusa perfecta para que los gobiernos de Venezuela y Colombia se liaran en otro impasse diplomático, que aleja aún más la posibilidad de que en conjunto resuelvan la raíz de la violencia que desangra la frontera.

Gasolina, el negocio

Los detectives de la policía científica asignados a San Antonio reconocen que estas mafias operan desde hace al menos cinco años en buena parte del estado fronterizo del Táchira. Que cobran vacuna, secuestran y asesinan también en Ureña, Rubio y La Fría. Que comenzaron por ser un grupo “importado” desde Colombia, que entraba a territorio venezolano por encargo de los empresarios para “limpiar” los pueblos de maleantes, prostitutas, infieles y drogadictos, pero que ya está cómodamente instalado en Venezuela, con una nómina binacional de asesinos.

“Hace algunos años, cuando aquí había bastante delincuencia común, entraba uno que otro, y debo reconocer que al principio los ‘paras’, hicieron su trabajo, ‘limpiaron’ bastante. Hicieron lo que no podíamos hacer los policías”, confiesa uno de los uniformados que ha visto correr por la frontera natural del río Táchira las “piezas” de los que “no hicieron caso”: brazos, piernas, manos. “Los descuartizan primero”, dice que es el destino de los que se rehusan a pagar el costo de la extorsión, de los delincuentes o de los miembros del mismo grupo que se han ganado la enemistad de la mayoría.

“A algunos los lanzan al río, y a otros los entierran. Te aseguro que el día que metamos un tractor en tres haciendas que están justo al borde río —La Guadalupe, La Ponderosa y La Margarita— vamos a encontrar un camposanto  más grande que el Cementerio General del Sur de Caracas”. Pero no será este funcionario el que haga esa búsqueda forense: la única razón que tiene para trabajar de policía en San Antonio del Táchira es que por estar allí le pagan un bono extra “de fronteras”, con el que completa el sueldo equivalente a $1 millón que recibe luego de 22 años de servicio. Sus únicos deseos ahora son jubilarse y, mientras lo hace, no meterse en “paquetes”.

Además de esas tres fincas donde antes se sembraba pasto y ahora se siembran cadáveres, y que fueron arrebatadas por la fuerza a sus dueños legítimos, las mafias controlan dos barrios enteros de San Antonio del Táchira y de Villa del Rosario: Juan Frío, llaman al que está del lado venezolano, y Llano Jorge, al que está en el borde colombiano. Están uno frente al otro, sólo divididos por el río Táchira, que separa también a los dos países. La trocha que los une ha sido bautizada como el paso “Libertador”, como ocurre con toda obra pública de importancia en Colombia y en Venezuela, y por allí circula buena parte de la mercancía —gasolina, gas y alimentos— que llega de contrabando desde Venezuela al Norte de Santander. El resto corre por las otras 95 trochas ilegales que comunican a los dos países. O, con la complicidad de la Guardia Nacional, pasa a través del Puente Internacional Simón Bolívar.

Los tanques de los taxis son el recipiente más seguro y más utilizada para traficar gasolina en grandes volúmenes a través del puente que une a San Antonio con Villa del Rosario. Es lo que explica que en este pueblo de no más de 50 mil habitantes, que fácilmente se recorre a pie, la municipalidad tenga registrados más de 500 taxis: uno por cada cien habitantes.

Explica también que a pesar de los programas que promueve el gobierno venezolano para la compra de carros nuevos a precios “solidarios”, los taxistas prefieran modelos de los años setenta: los Ford Fairlane, los Chevrolet Malibú, los Dodge Dart, los autos con el tanque de combustible más grande, que permiten contrabandear hasta 80 litros de gasolina hacia Cúcuta en un solo viaje “sin mojarse los pies”. Basta sobornar a los Guardias Nacionales con $1.000 por cada “pimpina” de 20 litros de combustible para que la frontera se abra.

En Venezuela, llenar una de estas “pimpinas” sólo cuesta el equivalente a $500, que del otro lado de la frontera se venden en $18.000 o $20.000, hasta en $38.000 se disparó durante las últimas semanas, cuando el puente fue cerrado por la Guardia Nacional. Aunque el alza de los precios les favorece, los contrabandistas han dejado de ganar dinero por la caída del volumen de combustible que han logrado traficar desde agosto pasado, cuando Venezuela decidió romper relaciones comerciales con Colombia y endurecer los controles en la frontera. De ahí que decidieran hacerle pagar a la Guardia Nacional las pérdidas, con el asesinato de dos de sus oficiales.

Para el gobierno de  Venezuela, sin embargo, no es el control de los negocios ilícitos sino la política y las diferencias ideológicas los móviles de este homicidio. La versión del vicepresidente y ministro de la Defensa, Ramón Carrizález, es que este asesinato representa el inicio de un plan conspirativo que se prepara contra Venezuela. Que el blanco de los disparos que mataron a los guardias era, en realidad, el presidente Hugo Chávez. Que la guerra no comenzó hace cinco años cuando las mafias llegaron desde Colombia al estado Táchira, sino cuando se firmó el acuerdo que permite que tropas “yanquis” utilicen siete bases militares colombianas. Que el pueblo venezolano, organizado en milicias, está dispuesto a dar el primer disparo cuando el presidente-comandante así lo ordene.

“Guardias fueron capturados en aguas internacionales”

El comandante del Comando Regional de la Guardia Nacional de Amazonas, Orlando Mijares, aseguró que los cuatro guardias venezolanos capturados por Colombia y deportados a Venezuela este fin de semana fueron detenidos en aguas internacionales, contrario a lo asegurado por Colombia.

“Dicen que la Armada colombiana retuvo a cuatro funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se movilizaban por territorio colombiano en una lancha, pero no dicen en qué sitio”, afirmó Mijares, quien aseguró que la captura fue realizada en una zona del río Meta “que forma parte de las aguas internacionales”.

En Colombia, la Armada Nacional asegura que los guardias fueron detenidos en el Aceitico, caserío que pertenece a Puerto Carreño, Vichada. Según el DAS, “los guardias se movilizaban por territorio nacional en una lancha, en cuyo interior fueron encontradas maletas que contenían uniformes camuflados de las Fuerzas Armadas de Venezuela”.

La guerra sucia en el estado

Desde que ganó las elecciones para la Gobernación del estado de Táchira, el líder opositor miembro del tradicional partido Copei, César Pérez Vivas, se ha enfrascado en una constante disputa verbal contra el gobierno de Chávez, en cuyo centro van y vienen acusaciones mutuas sobre complicidades con los grupos paramilitares y las mafias, así como los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln, respectivamente. Durante el primer semestre de 2008, cuando arrancaba la campaña por la Gobernación, Pérez Vivas —quien venía de hacer una fuerte oposición en la Asamblea Nacional— denunció que milicias chavistas, al mando del entonces ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, recibían entrenamiento de militantes de mano de las Farc y mercenarios cubanos. Nunca se supo la verdad de estos hechos. Sin embargo, desde entonces, Caracas le ha respondido con la misma moneda y en los últimos episodios de violencia Chávez ataca sin previa investigación a Pérez Vivas, asegurando que tiene nexos con los que llama “grupos paramilitares”.