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Las recientes declaraciones de Donald Trump han sacudido los cimientos de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. Lo que alguna vez fue una alianza estratégica ahora parece tambalearse al borde de un posible conflicto, con el Canal de Panamá como rehén de una tensión diplomática sin precedentes.
El pasado 13 de marzo, funcionarios del Gobierno estadounidense revelaron a NBC News que la Casa Blanca ordenó al Ejército de EE. UU. que elabore opciones para “aumentar” la presencia de tropas estadounidenses en Panamá, con el fin de lograr el objetivo del presidente Donald Trump de “recuperar” el Canal.
Según el artículo, el Comando Sur ya está elaborando planes que van “desde una colaboración más estrecha con las fuerzas de seguridad panameñas hasta la opción menos probable de que las tropas estadounidenses tomen el Canal de Panamá por la fuerza”. Si se utiliza la fuerza militar, dijeron los funcionarios, “dependerá de cuánto las fuerzas de seguridad panameñas estén dispuestas a asociarse con Estados Unidos”.
Además se conoció que el jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, ya presentó borradores de estrategias al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y se espera que Hegseth visite Panamá el 7 de abril para tratar temas de seguridad y ciberseguridad relacionados con el Canal, asuntos migratorios, narcotráfico, y muy probablemente la injerencia China en el istmo.
Ante el creciente interés de los organismos de defensa estadounidenses, surge la pregunta: ¿qué pasaría si EE. UU decidiera intentar tomar el Canal por la fuerza? Incluso hasta los más beligerantes ven una intervención militar como algo extremadamente improbable, innecesario e insostenible. Aunque descabellada, a la luz de las actuaciones de Trump, es mejor contemplar a dónde llevaría esta hipótesis.
David contra Goliat
Newsweek citó a Kyle Shideler, director de Seguridad Nacional y Contraterrorismo en el Center for Security Policy, quien escribió en X el 13 de marzo: “Estoy seguro de que en el Pentágono hay un armario lleno de planes concebibles para apoderarse del Canal de Panamá, que el Departamento de Defensa ha elaborado y revisado anualmente desde 1977”. En una publicación posterior, añadió: “Si uno de cada 10 generales en el Pentágono no puede trazar un plan para tomar el Canal de Panamá en el reverso de una servilleta, de memoria, en menos de cinco minutos, deberían ser despedidos”.
Mientras que para EE. UU. pensar en una acción militar es factible, para Panamá es absurdo. “Nuestra Constitución dice que Panamá no tendrá ejército”, le comenta a El Espectador el jefe de Investigaciones del TVN Media, Fernando Martínez. “Además, el Tratado de Neutralidad suscrito entre EE. UU. y Panamá, con la adhesión de 40 países, dice que después del 31 de diciembre de 1999 solo podrá haber fuerzas militares de Panamá en el territorio nacional”.
Sin un ejército constituido, la desigualdad militar es aplastante, pero para los expertos, la verdadera “guerra” sería una estrategia de desgaste para neutralizar la operación del Canal.
La historia respalda esta posibilidad. Décadas atrás, el general Omar Torrijos ya había advertido a los estadounidenses sobre la vulnerabilidad del Canal. “Si no conseguimos un tratado, simplemente lo destruiremos”, le dijo al presidente Jimmy Carter. “Su mejor defensa es su neutralidad”. No era una bravuconada, sino una advertencia calculada que resonó en los altos mandos estadounidenses.
“En 1977, cuando estábamos en plena euforia de la negociación de los tratados, el secretario de Estado, Henry Kissinger, y el general George Brown, jefe del Estado Mayor Conjunto, le aconsejaron al presidente Carter que firmara los tratados del Canal de Panamá”, recuerda el expresidente Aristides Royo a El Espectador, “porque, en caso de no hacerlo, EE. UU. tendría que desplegar un promedio de 100.000 soldados a lo largo y ancho de los 80 kilómetros del Canal”.
Tácticas de resistencia: un arsenal inesperado
Los panameños tendrían varias opciones para hacer inoperable el Canal, utilizando una estrategia de guerra asimétrica. Una de las tácticas sería atacar su infraestructura hidráulica rompiendo las presas del lago Gatún con explosivos, lo que reduciría los niveles de agua y paralizaría el tránsito marítimo. Otra opción sería un bloqueo como el del Suez en 1956, hundiendo o encallando un barco para bloquear el paso. Además, los ataques con armamento ligero, como cohetes, misiles o drones desde el lago Gatún o el Parque Nacional Chagres, podrían interrumpir significativamente el tráfico.
Quizá la estrategia más insidiosa sea el potencial de sabotaje interno. “Le puedo a usted dar garantía absoluta de que si hubiese una intervención militar, esos 8.000 funcionarios del Canal se pondrían en huelga, y el Canal estaría paralizado meses y meses”, le dice el analista político Jose Eugenio Stoute a El Espectador. “El daño sería terrible para los estadounidenses, un daño autoinfligido”.
Los costos, además, serían demoledores. La Operación Causa Justa en 1989, que mantuvo solo 25.000 soldados estadounidenses durante menos de un mes, costó el equivalente a US$4.700 millones actuales. Una ocupación completa requeriría más de 100.000 soldados y probablemente tardaría meses.
Pero la invasión no solo sería costosa militarmente, diplomáticamente sería devastadora. El almirante retirado James Stavridis, jefe del Comando Sur entre 2006 y 2009, lo resumió en una entrevista para Bloomberg con precisión: “Política y diplomáticamente sería un desastre para nuestras relaciones en América. EE. UU. perdería instantáneamente toda credibilidad en la región”.
El factor humano: ¿resistirían los panameños?
Orlando Pérez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Norte de Texas, le dijo a El Espectador que para que los estadounidenses se apoderen del Canal, “probablemente tendrían que destituir a la autoridad del Canal, al presidente, cerrar la Asamblea Nacional, confiscar las armas y desarmar a la Policía Nacional”, asumiendo la administración del país. Además, tendrían que asegurar la frontera sur de Panamá, lo que implicaría un conflicto con grupos ilegales armados.
¿Lucharían los panameños? El almirante Stavridis fue claro con Bloomberg: “Mi opinión es que lucharían. Recibirían un gran apoyo político y posiblemente militar de otros países de América Latina. ¿Estamos preparados para una guerra de insurgencia en nuestro propio patio trasero?”.
La amenaza no es solo militar, es política, económica y simbólica, qué hacer con esa “papa caliente” también causa divisiones en Panamá. Ana Matilde Gómez, exprocuradora y exdiputada panameña, le dijo a El Espectador que “la respuesta de este gobierno ha sido tibia. No tenemos suficiente información sobre los acuerdos con el gobierno de Trump, y a pesar de todo, seguimos siendo objeto de mentiras e irrespetos que dañan nuestra dignidad nacional”.
¿Y una invasión soterrada?
EE. UU. puede seguir presionando con convenios que terminen en imposiciones bajo una relación de subordinación. “(Trump) ve la geopolítica de manera muy diferente a sus predecesores de los últimos 80 años, quienes creían que la manera de asegurar la libertad y promover la democracia era a través de alianzas”, le dice a este medio Sherri Goodman, experta en seguridad nacional del Wilson Center. “Su visión está influenciada por su experiencia inmobiliaria en Nueva York, y ve el territorio como oportunidades de desarrollo”.
Esta aproximación ya se evidencia en los recientes acontecimientos. En medio de la tensión de las últimas semanas, Panamá terminó cediendo la pista aérea de Nicanor, en Metetí, para la deportación de migrantes, y aprobó la ampliación de ejercicios militares conjuntos con el Comando Sur.
También hay una influencia de largo aliento. “Luego de la dictadura militar que transcurrió de 1968 a 1989, las fuerzas políticas panameñas pactaron la eliminación del ejército pero en los últimos 15 años se ha dado una creciente militarización de los cuerpos de seguridad pública bajo el auspicio del Gobierno de los Estados Unidos”, dice el abogado y politólogo Rodrigo Noriega a El Espectador.
“Esta remilitarización ha sido promovida abiertamente por Colombia y EE. UU.”, asegura Fernando Martínez. “Desde el gobierno de Martín Torrijos se creó la base binacional La Miel y existe el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá y Colombia para acciones conjuntas. Además, el servicio de guardacostas de EE. UU. patrulla nuestras aguas sin restricciones, la DEA tiene presencia discreta pero poderosa, y los sistemas biométricos de migración están conectados a las bases de datos de seguridad de EE. UU.”
Ante una creciente dependencia en seguridad, ¿existe un riesgo para la soberanía menos perceptible pero más peligroso? Cualquier intervención sería una apuesta de alto riesgo con consecuencias impredecibles. Por ahora, la tensión permanece. El Canal sigue siendo ese punto neurálgico donde la diplomacia y la amenaza militar bailan un vals peligroso.
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