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La llegada de un buque de guerra enviado desde Reino Unido en apoyo a Guyana motivó un despliegue militar venezolano. Por orden de Nicolás Maduro, quien considera el arribo del “Trent” como una “provocación y una amenaza” para su país, se movilizaron casi 5.700 militares, así como aviones, buques y otras naves, en medio de la reavivada tensión entre Caracas y Georgetown por el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados en disputa y rica en recursos petroleros.
Tanto Londres como Georgetown han tratado de bajarle el tono al episodio: el primero, asegurando que “trabajan” con sus “socios en la región para evitar una escalada” y calificando de “injustificadas” las medidas tomadas por Caracas; el segundo, afirmando que los ejercicios con los británicos no pretenden “ser agresivos o constituir un acto ofensivo”, por lo que ni Venezuela ni ningún otro país deben “temer”, en palabras del presidente guyanés Irfaan Ali.
“La presencia del buque de guerra británico en la proyección del estuario del río Esequibo es una imprudencia que obliga a Venezuela a responder como se ha hecho hasta ahora. La escalada militar dependerá de los movimientos de este buque británico en aguas por delimitar entre Venezuela y Guyana”, estimó Rocío San Miguel, presidenta del observatorio venezolano Control Ciudadano. Según la experta en asuntos militares, “la presencia de una potencia militar extracontinental para incrementar tensiones fronterizas entre dos países del hemisferio debe ser rechazada”.
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Se refiere por lo menos a una “respuesta firme” por parte de Caricom, la Celac y Brasil, al ser “garantes de los acuerdos de Argyle suscritos entre Venezuela y Guyana, el pasado 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas”. Fue entonces que los gobiernos acordaron que ni directa ni indirectamente utilizarían “la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”.
Por el momento, dicha respuesta no se ha dado. Brasil se ha limitado a decir que “cree que las demostraciones militares de apoyo a cualquiera de las partes deben ser evitadas, para que el proceso de diálogo en curso pueda dar resultados” y que “sigue con preocupación los últimos desdoblamientos del litigio en torno a la región de Esequibo”.
Víctor Mijares, director del observatorio Strategos de la Universidad de los Andes, por el contrario, considera que “la respuesta de Venezuela no debería interpretarse como una ruptura del diálogo iniciado en San Vicente y las Granadinas”. Para el analista, que hace un llamado a la prudencia en el análisis de la información, “la presencia de una nave militar extranjera en proximidades a sus aguas es un factor que cualquier Estado soberano evaluaría con seriedad, y a menudo se responde con demostraciones de fuerza para disuadir posibles escaladas”.
En ese sentido, agrega Mijares, “la conducta de Venezuela, en este contexto, sigue patrones predecibles y entendibles dentro del marco de las relaciones internacionales y la política interna en regímenes autoritarios”.
De cara a 2024, es esperable que la tensión continúe. Hay que recordar que detrás de la disputa se han señalado intereses económicos y políticos que no son de poca monta. Por un lado, están las reservas petroleras. Aunque, como señala Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, la producción de crudo por parte de Guyana (que hoy es más baja que la de Venezuela, pero va en crecimiento) sería menor al potencial que tendría una industria petrolera venezolana rehabilitada (lo que requeriría cuantiosas inversiones de mediano y largo plazo), para gigantes como Estados Unidos la seguridad jurídica que ofrece Georgetown en comparación con Caracas es muy llamativa, sobre todo cuando la explotación de hidrocarburos está en una carrera contrarreloj en tiempos de transición energética.
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Por el lado político, los analistas coinciden en que el régimen venezolano ha buscado unir a la nación alrededor de la causa del Esequibo. Al respecto, Luis Vicente León, presidente de la reputada firma venezolana Datanálisis, dijo en su cuenta de X: “No se debe confundir la manipulación política del conflicto (que rechazamos) con el deber de protección del territorio nacional (que respaldamos)”.
Con las elecciones presidenciales previstas para 2024 (que, no obstante, no tienen fecha cierta, y se teme que la tensión con Guyana sirva como excusa para aplazar los comicios), “el envío de mensajes de fortaleza y nacionalismo a las bases políticas y a la coalición de poder, que incluye elementos civiles y militares, es una táctica reconocible en regímenes con tendencias autoritarias”, apunta Mijares.
Para Rodríguez, no obstante, Maduro “no logró ese nivel de cohesión, pues la mayoría de los venezolanos no participaron” en el referendo del 3 de diciembre, promovido por Miraflores. Aunque las cifras oficiales hablan de 10 millones de votantes en las urnas, “no son sustentables, ni siquiera con las imágenes de ese día”, señala el analista.
¿Qué viene? Para el director de Strategos, por el lado económico, se espera que Guyana continúe con “sus esfuerzos para desarrollar recursos en Esequibo con la ayuda de inversionistas extranjeros”, lo que, de hecho, este año fue el detonante de la tensión con Venezuela, que respondió a la ronda de licitación de bloques petroleros hecha por Georgetown con el referendo consultivo a principios de este mes.
Por el lado jurídico, Rodríguez prevé que Guyana mantenga el diferendo a instancias de la Corte Internacional de Justicia, donde podría obtener un fallo favorable, no solo porque, en sus palabras, a Venezuela no suele irle bien en este tipo de arbitramentos por falta de evidencia, sino “porque la jurisprudencia de la Corte se cimenta en el uso y disfrute del territorio, lo que han hecho los guyaneses. Venezuela le ha dado históricamente la espalda [al Esequibo]”.
En cuanto a lo militar, San Miguel considera que “Venezuela demuestra, con el despliegue militar de acción conjunta ‘Domingo Antonio Sifontes 2023′, su capacidad operativa, de patrullaje y de vigilancia a través de su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin necesidad de incorporar aliados militares extracontinentales en las operaciones”. No obstante, tanto Mijares como Rodríguez creen que es poco probable que la situación escale hasta una confrontación bélica, o por lo menos de gran escala.
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“Aunque una guerra es poco probable debido a los costos y riesgos asociados, no se puede descartar completamente el riesgo de incidentes militares localizados en torno a la larga frontera. El impacto real sería menor, pero su efecto simbólico sería muy alto”, asevera el docente de la Universidad de los Andes. Para Rodríguez, en cambio, es tan sencillo como que Venezuela no cuenta con la capacidad militar para irse a la guerra, y menos en zonas selváticas.
Tampoco descartan que haya espacio para negociar. “La comunidad internacional, especialmente los países con intereses en la estabilidad regional y en el mercado energético, como Estados Unidos y Brasil, junto con la Caricom, seguirán ejerciendo presión diplomática para evitar una escalada”, comenta Mijares. “Esto podría incluir esfuerzos para mediar en las negociaciones o incluso amenazar con (re)imponer sanciones [petroleras] si se considera necesario. En el caso de Washington, los incentivos para volver a sancionar a Venezuela son bajos y estarán atados a las dinámicas electorales en la disputa Biden-Trump”, que tendrían como colofón las elecciones de noviembre próximo.
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