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“Él es un buen muchacho y lo puedo demostrar donde sea, puedo demostrar que es un hombre de bien. Pido a todo el mundo que aporte su granito de arena para ver si se conduelen de nuestro dolor. Si fuera un delincuente, yo digo ‘Se lo merece’; pero mi hijo no lo es”. Estas fueron las declaraciones de Mercedes Yamarte, madre de Melvin, uno de los más de 200 ciudadanos venezolanos que Donald Trump negoció enviar a la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador bajo el pretexto de que presuntamente todos pertenecen al Tren de Aragua.
Yamarte, quien dio estas declaraciones a El Pitazo, es solo una de las muchas voces que han denunciado la falsedad en las afirmaciones de Trump y Bukele al referirse a este grupo de migrantes, hoy recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta cárcel ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos y es pieza clave en la campaña del presidente salvadoreño contra las pandillas.
Según medios estadounidenses, El Salvador recibiría aproximadamente seis millones de dólares por aceptar a estas personas en un acuerdo que, según el mismo Bukele en su cuenta de X, podría renovarse por un año más, dependiendo de las negociaciones con Washington.
No es de extrañar que las familias denunciantes tengan razón, pues no sería la primera vez que Trump miente y criminaliza irresponsablemente a los migrantes que expulsa de Estados Unidos. Ya lo hizo en la crisis diplomática con Colombia por el caso de los aviones que Gustavo Petro rechazó, asegurando que transportaban “narcotraficantes y terroristas”. Posteriormente, tanto Migración Colombia como la Cancillería desmintieron esta versión y confirmaron que ninguno de los colombianos que llegaron en esos vuelos tenía antecedentes penales.
“Es difícil pensar que haya 235 miembros del Tren de Aragua en los Estados Unidos. Creo que eso no se ha demostrado ni probado. Esto no significa que no pueda haber alguno que sí sea miembro, considerando la gran migración de millones de personas; es posible que alguno haya entrado. No lo puedo negar, pero afirmar que las 235 personas son del Tren de Aragua me parece muy arriesgado”, explica Txomin Las Heras, analista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Categorizar como criminales y miembros de organizaciones terroristas a los migrantes venezolanos refuerza el estigma sobre esta población, de la cual más de 12.000 personas han llegado a la frontera sur de Estados Unidos entre enero y febrero, según datos de la Patrulla Fronteriza.
¿Por qué la insistencia en la criminalización de los migrantes?
El enfoque de Trump para frenar la inmigración irregular en Estados Unidos se basa en un discurso bélico, en el que su administración presenta la situación como una invasión que pone en riesgo la integridad y seguridad de los ciudadanos norteamericanos. Ya lo demostró al decretar una emergencia en la frontera sur y ahora, al tildar a estos migrantes de miembros del Tren de Aragua, insiste en que forman parte de una organización terrorista que planea una invasión en Estados Unidos. Es en este contexto donde entra en juego la aplicación de la Alien Enemies Act.
Esta ley, que data de 1798, solo ha sido invocada tres veces en la historia de EE. UU.: para expulsar a ciudadanos japoneses tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y en la guerra de 1812.
En teoría, la ley establece que, siempre que EE. UU. esté en guerra con un enemigo extranjero y “el presidente haga una proclamación pública del evento, todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil, mayores de catorce años, que se encuentren en los Estados Unidos y no estén naturalizados, estarán sujetos a ser aprehendidos, restringidos, asegurados y deportados como enemigos extranjeros”. Bajo esta lógica, Trump podría eludir cualquier norma o proceso legal para deportar a quienes considere una amenaza terrorista.
“Si están en Estados Unidos y han cometido delitos allí, lo lógico es que sean procesados bajo la legislación estadounidense y, en caso de ser culpables, cumplan sus penas de prisión. EE. UU. no deja impunes crímenes cometidos en su territorio. De hecho, incluso en el caso de Colombia, solicita la extradición de ciudadanos colombianos para juzgarlos y encarcelarlos en su país. Llama la atención que, si han detectado miembros del Tren de Aragua delinquiendo en Estados Unidos, no los juzguen y, en su lugar, simplemente los deporten a un tercer país que no tiene relación ni con los venezolanos ni con los eventuales crímenes”, continúa Las Heras.
El uso de esta figura legal por parte de Trump es tan inusual que fue demandado por la defensa de cinco de los migrantes programados (aunque finalmente no incluidos) para ser deportados, lo que llevó a que un juez federal bloqueara la aplicación de la medida y, en consecuencia, la deportación. Sin embargo, en un acto sin precedentes, la administración de Trump ignoró la orden judicial y envió a los migrantes a El Salvador.
“La Administración no se negó a cumplir una orden judicial. Esta, carente de fundamento legal, se emitió después de que terroristas extranjeros de TdA [Tren de Aragua] ya hubieran sido expulsados del territorio estadounidense», explicó en detalle la portavoz del presidente, Karoline Leavitt.
Más allá de la trivialización de Bukele, quien dijo en X que la orden del juez llegó “muy tarde”, este caso sienta un precedente preocupante sobre las vías que está utilizando la Casa Blanca para evadir el principal freno a varias de las decisiones controvertidas del presidente, como despidos masivos o recortes presupuestales en diferentes agencias del Estado.
Alejandro Bohórquez-Keeney, analista y docente de la Universidad Externado de Colombia, compara esta situación con la declaración de estado de excepción en Colombia: “Cuando algo se politiza, se le pide al Estado que intervenga. Cuando se securitiza algo, se le pide que el Estado rompa sus propias normas para llevarlo a cabo. Por eso Trump está utilizando la Alien Enemies Act, porque quiere llevar la situación más allá de la normatividad”.
Ahora mismo, representantes del Departamento de Justicia están enfrascados en disputas legales con el aparato federal sobre la base constitucional de la aplicación de la norma y la decisión del juez que la bloqueó. Sin embargo, si la discusión se prolonga, el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de EE. UU. y, si se declara inconstitucional, tendría que ser revertido. No obstante, al tratarse de casos individuales, cada uno debería ser revisado por separado, y con los migrantes ya fuera de Estados Unidos este proceso sería titánico y prácticamente imposible.
¿Y Bukele qué papel juega?
Por ahora, su rol ha sido el de aliado de Trump, facilitando la llegada de estos migrantes y recibiendo dinero a cambio, sin mayores detalles adicionales. Con ello, le ahorró a Trump la negociación con Caracas y el régimen de Maduro, a pesar de que ambos gobiernos mantienen conversaciones a través del enviado de Washington, Richard Grenell.
Caracas, por su parte, en un comunicado afirmó que “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”. Después, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, añadió que a estos migrantes los estaban “secuestrando” sin ningún proceso judicial de por medio.
Quedan muchas preguntas sobre la legalidad de estas deportaciones y los derechos que podrían estar siendo vulnerados. También está por verse cómo se desarrollará el pulso entre la Casa Blanca y el poder judicial en EE. UU. En cualquier caso, el panorama es explosivo y podría traer consecuencias complicadas tanto para la gestión del fenómeno migratorio como para el funcionamiento del Estado en Estados Unidos.
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Por Hugo Santiago Caro
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