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“¿Ha habido alguna vez un episodio de corrupción presidencial tan flagrante que amenace el orden constitucional?”, se pregunta el más reciente editorial de The New York Times. Para John Koskinen, comisionado del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), la respuesta es no.
En una histórica decisión, el IRS, una entidad similar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), aunque exclusivamente dedicada a tributos internos, aceptó esta semana que no presentará reclamos al presidente Donald Trump, su familia o sus empresas por problemas fiscales pasados. Esto ocurrió luego de que el Departamento de Justicia llegara a un acuerdo con el mandatario republicano para resolver una demanda contra el IRS por USD 10.000 millones.
En 2020, antes de las elecciones presidenciales de ese año, The New York Times publicó la información fiscal del entonces candidato y presidente Trump. Lo que descubrió el público fue que el mandatario había pagado pocos o casi ningún impuesto federal sobre la renta, a pesar de ser un millonario. Entre 2016 y 2017, Trump pagó apenas USD 750 en impuestos. Para dimensionarlo, una familia en la tabla media de ingresos paga USD 10.000 en promedio.
En 2023, el magnate acusó a Charles Edward Littlejohn, un excontratista del IRS, de filtrar la información. Littlejohn se declaró culpable en 2024 y recibió cinco años de prisión, pero Trump no se detuvo ahí y demandó al IRS en enero de este año. Para muchos, el acuerdo al que se llegó representa una amenaza que ni siquiera el futuro comisionado que llegue en 2029 podría resolver.
“Creo que un nuevo comisionado tendría dificultades para resolver esta situación. Por lo tanto, la preocupación para muchos de nosotros es que sienta un precedente muy peligroso si el presidente puede presionar al IRS para que ignore las declaraciones de impuestos, ya sean del presidente mismo, de sus amigos o de cualquier persona a la que ese presidente esté intentando favorecer”, declaró Koskinen a la PBS.
Pero esto es apenas una parte del escándalo. La otra parte del acuerdo al que llegó Trump indica la creación de un “fondo de antiarmamentización” o “fondo de sentencias” independiente para pagar acuerdos legales y sentencias judiciales de personas que consideren que han sido perjudicadas por acciones legales injustas del gobierno federal. Se trata de una cuenta gubernamental, es decir, que los fondos provendrán de los ciudadanos, y tendrá a su disposición USD 1.776 millones, una cifra con la que buscaba hacer alusión al año de la independencia del país, sugiriendo algún tipo de patriotismo en la idea.
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El gobierno ha tratado de justificar este fondo destacando que ya hubo uno similar en 2011, cuando bajo la administración de Barack Obama se creó un depósito para compensar a los agricultores e indígenas sistemáticamente discriminados por el Departamento de Agricultura, tras el histórico acuerdo “Keepseagle contra Vilsack”. Sin embargo, la comparación no tiene asidero.
En primer lugar, el fondo de Obama en 2011 nació tras 11 años de litigio en los tribunales, donde miles de víctimas demostraron ante un juez haber sufrido racismo institucionalizado. En el caso actual de Trump, no existe ninguna demanda colectiva ni juicio masivo de ciudadanos. El fondo se creó mediante un acuerdo a puerta cerrada entre el propio Departamento de Justicia y el círculo del presidente.
En segundo lugar, los beneficiarios de dicho fondo eran víctimas civiles de discriminación racial.
Para congresistas como Elizabeth Warren, quien ha tildado el fondo de un “nivel de corrupción demencial, incluso para Trump”, el objetivo es claro: tratar de indemnizar a sus partidarios, como las más de 1.270 personas condenadas por delitos federales relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Congreso, cuando se trató de impedir la certificación de la victoria del expresidente Joe Biden. Es decir, los beneficiarios aliados políticos del presidente. Muchas de esas penas ya fueron conmutadas por Trump.
Según Axios, el nuevo fondo será supervisado por un equipo de cinco personas designadas por el fiscal general, y funcionará hasta el 1 de diciembre de 2028. Luego dejará de aceptar nuevas reclamaciones. Solo uno de los miembros del equipo será designado en consulta con los líderes del Congreso. Cada tres meses, el fondo entregará un informe sobre quién ha recibido pagos o ayudas. El fondo destinado a los agricultores de Obama, en cambio, estuvo bajo el estricto control y la lupa de un juez federal que vigilaba cada centavo.
“Será el robo más descarado de dinero de los contribuyentes por parte de un presidente en la historia”, dijo el senador de Oregón, Ron Wyden.
Lo más llamativo del caso es que como el fondo se creó como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia, y ya fue aprobado por un juez, no requiere ninguna otra aprobación para funcionar. Y mientras los críticos observan el acuerdo con las manos atadas, pidiendo acción de un Congreso pasmado, la maquinaria de Trump no se detiene.
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El escándalo de la inmunidad fiscal y el millonario fondo de compensación legal coincidió con otra revelación que ha dejado atónita a Wall Street: la última declaración financiera del mandatario ante la Oficina de Ética Gubernamental reveló que él o sus asesores ejecutaron más de 3.700 operaciones bursátiles solo en los primeros tres meses de este año. Un ritmo frenético de más de 40 transacciones al día, que analistas de firmas como Tuttle Capital han descrito como el comportamiento de “un fondo de cobertura (‘hedge fund’) con algoritmos masivos”, algo inédito para un presidente en ejercicio.
Lo verdaderamente alarmante para los comités de transparencia es el conflicto de interés subyacente. Los documentos demuestran un flujo millonario de compra y venta de acciones en gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft y Meta, justo en momentos clave donde estas compañías dependían de decretos regulatorios de la Casa Blanca, como las restricciones comerciales de microchips hacia China.
Mientras administraciones anteriores usaban “fideicomisos ciegos” e independientes para evitar sospechas de información privilegiada, cada vez es más claro que la fortuna de Trump se mueve al ritmo de sus propias decisiones de Estado, mientras la Justicia lo blinda.
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