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El primer discurso del presidente Donald Trump ante el Congreso llegó en un momento crítico para Estados Unidos. En menos de 10 días, el Legislativo debe firmar un acuerdo para mantener las luces encendidas en el gobierno federal o, de lo contrario, enfrentar un cierre del gobierno, lo cual agregaría desafíos a la popularidad ya lastimada del mandatario. El martes, una encuesta de NPR/PBS News/Marist indicó que la mayoría dice que el país va en la dirección equivocada y que el presidente se apresura a hacer cambios sin considerar su impacto.
Además de tener el reloj en contra frente a esa crucial negociación, el problema en Washington es que las primeras seis semanas del republicano en el poder, llenas de turbulentas decisiones que revolcaron el tablero mundial, han creado un tenso campo minado que es difícil de transitar para cualquier líder. El diálogo en los pasillos del Capitolio es imposible con tantos elementos en la mesa a la vez en cuanto a políticas domésticas y para el exterior: aranceles, Ucrania y los recortes federales son solo algunos de los puntos más frágiles.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffriees, dijo que los republicanos no quieren sentarse a negociar; estos acusan a su vez a los liberales de no preferir un cierre que “trabajar por una solución”. Ni siquiera en las filas republicanas hay consenso: algunos, como el representante Eli Crane, no ven con buenos ojos el plan luego de todos los recortes que se han visto con DOGE, la “motosierra” que dirige Elon Musk en el sistema federal, mientras que otros, como Andy Harris, presidente del Caucus de Libertad, o el representante Don Bacon, han dicho que la lucha contra el “despilfarro” debe continuar.
Y mientras la lucha por aplazar los recortes de DOGE y limitar los poderes de Trump se da en este frente, el del presupuesto, el martes en la mañana los demócratas abrieron aún más el campo de batalla en la antesala del discurso de Trump. El congresista Greg Meeks, el más alto demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores, introdujo una resolución para terminar con la emergencia nacional que ha permitido que Trump amenace a sus vecinos con aranceles, lo que obligaría al Congreso a votar por estas medidas.
La gran pregunta pendiente sobre los aranceles de Trump es si él está en capacidad de cumplir con estas amenazas. Al imponer aranceles contra México y Canadá, por ejemplo, se están observando no una, sino dos violaciones. La primera es contra el derecho comercial internacional. Ambos vecinos de EE. UU. son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual tiene una serie de normas que prohíben imponer aranceles sin una justificación válida. Entonces, ¿se pueden demandar?
En 2018, Trump ya había impuesto aranceles a Canadá y México, así como a China y la Unión Europea, argumentando que eran “necesarios” para proteger la industria metalúrgica de su país. Estos países demandaron a EE. UU. ante la OMC, que falló finalmente contra Washington, apuntando que había violado las normas comerciales internacionales. Si los países afectados por los nuevos aranceles de Trump vuelven a demandar, seguramente ganarán el caso. El problema es que EE. UU. podría apelar esta decisión, pero el tribunal de apelaciones de la OMC está bloqueado desde 2019 porque el propio EE. UU. no ha facilitado el nombramiento de nuevos jueces. Esto quiere decir que el proceso se estancaría allí.
La segunda violación es respecto a un acuerdo comercial: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que integran todos los países del norte del continente. Tanto México como Canadá argumentan que bajo este tratado, ratificado por el Congreso de EE. UU., Trump no puede imponer nuevos aranceles.
“El TLC en principio lo que garantiza es el libre comercio. Es decir, aranceles nulos o muy bajos entre los países que están participando. Esto sería en principio una violación a esos compromisos”, dice Daniel Rangel Jurado, director de investigaciones de Rethink Trade, centro de pensamiento basado en Washington, D. C. enfocado en política comercial. “Acá lo curioso es que como se han justificado estos aranceles podría pasar, que no creo que pase, pero Canadá y México podrían llamar a un panel para que analice si se vulnera el T-MEC. Sin embargo, Estados Unidos podría justificar estas acciones diciendo que esto es necesario para la seguridad nacional”, agrega.
El presidente argumenta que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de 1977, le facilita intervenir en el comercio internacional si se declara una emergencia nacional. La Casa Blanca declaró una emergencia en la frontera sur por la migración y en la frontera norte por el contrabando de fentanilo.
“Es una excusa, en realidad, para llevar a cabo su política proteccionista. Pero sí deja en entredicho la validez del TLC cuando hay un país como Estados Unidos, que cada vez más está asumiendo posiciones proteccionistas basadas en argumentos de seguridad nacional, porque en todos los tratados comerciales hay excepciones sobre esto muy amplias, lo que haría fácil salirse de estos”, reflexiona Rangel.
Con la OMC bloqueada y la propia ley estadunidense justificando el proteccionismo de Trump, la única vía en la mesa es anular el estado de emergencia que le permite al republicano intervenir en el comercio internacional. Esto es precisamente lo que impulsó el demócrata Meeks el martes en el Legislativo. Aunque sean minoría, recuerda el diplomático Tom Malinowski, los demócratas tienen el poder de poner fin a la emergencia arancelaria. Este no sería el fin de la historia. El Congreso tendría que votar, si es que la acción de Meeks llega al piso de la Cámara.
“Supongo que un puñado de republicanos votarían en contra de estos aranceles inflacionarios si se les obligara a elegir”, dice el diplomático. Pero luego Trump todavía podría vetar esa resolución exitosa para poner fin al estado de emergencia. En ese sentido, “el dolor se seguirá sintiendo, y él y todos los que votaron con él asumirán la responsabilidad, a menos que el Congreso anule el veto, lo que sería una derrota devastadora para él”, concluyó.
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