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Ramona Matos, quien había sido doctora en Cuba y recientemente había obtenido su ciudadanía estadounidense, no dudó a la hora de decidir por quién votar el año pasado.
Eligió a Donald Trump, el candidato que prometió ser duro con el gobierno comunista de Cuba.
Matos esperaba que Trump ayudara a liberar al pueblo cubano y, en particular, pusiera fin a una herramienta que el gobierno de La Habana ha utilizado para suavizar su imagen en todo el mundo, y que a Matos le resultaba especialmente repugnante por motivos personales.
Durante décadas, el gobierno cubano ha enviado a miles de profesionales de la salud a trabajar a pueblos remotos y ciudades de decenas de países, donde cobran apenas una fracción de lo que esos países pagan a Cuba por sus servicios.
“Esos médicos son esclavos de la dictadura cubana”, dijo Matos, de 63 años, quien, tras ocupar puestos en misiones médicas cubanas en Bolivia y Brasil, trabaja en una fábrica en el sur de Florida.
Desde su primer día en el cargo, Trump ha empezado a presionar a Cuba, incluido su programa médico mundial.
El gobierno de Trump, que tiene un secretario de Estado cubanoestadounidense y un enviado a América Latina conocido por ser un viejo halcón de las políticas sobre Cuba, impuso rápidamente medidas más duras. Fue el último giro en el enfoque de ida y vuelta hacia Cuba, que pasa de la agresión a la suavización, dependiendo de quién ocupe la Casa Blanca.
El gobierno de Trump dio marcha atrás a las medidas adoptadas por el gobierno de Biden, volviendo a incluir a Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, lo que limita su capacidad para hacer negocios en todo el mundo, y restableciendo el derecho de los estadounidenses a presentar demandas por propiedades confiscadas en la isla hace décadas.
Se han retirado los visados a funcionarios cubanos y el gobierno ha prohibido las transacciones comerciales con empresas controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Cuba, que gestionan intereses vitales como el turismo y las importaciones.
Los gobiernos republicanos ya han intentado antes dirigir medidas contra las misiones médicas de Cuba, pero Trump está adoptando una línea más dura: en febrero, por primera vez, el gobierno estadounidense dijo que retiraría los visados de viaje a los funcionarios de los países que reciben a las brigadas médicas.
La medida amenaza una de las principales fuentes de divisas de Cuba, justo cuando la nación se enfrenta a una enorme oleada de migración, cortes de electricidad generalizados y escasez de alimentos.
Es difícil averiguar exactamente cuánto genera el programa médico para Cuba; —los expertos señalan que las cifras del gobierno son a menudo confusas, porque con frecuencia altera las descripciones de los pagos.
En conjunto, Cuba gana más de 4000 millones de dólares al año exportando empleados del campo de la salud, la construcción, la educación y otros tipos de trabajadores cualificados, según un estudio de Archivo Cuba, una organización de derechos humanos con base en Miami. El estudio fue elaborado para el informe anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado.
Cuatro funcionarios de gobierno, dos de Venezuela y dos de Cuba, han perdido sus visados para viajar a Estados Unidos debido a la nueva política sobre las brigadas médicas, dijo el Departamento de Estado estadounidense.
“No estoy de acuerdo con todo lo que Trump hace, pero en el tema de Cuba, me parece maravilloso”, dijo Matos.
Las brigadas médicas cubanas trabajan en decenas de países, desde África hasta Sudamérica y el Caribe.
Aunque a menudo son descritas como misiones humanitarias para naciones que necesitan atención médica, los países pagan a Cuba por médicos, enfermeras, técnicos y otros proveedores de servicios, ayudando así al gobierno cubano a financiar su propio sistema de salud.
Funcionarios del gobierno cubano dicen que Cuba tiene actualmente a 24.000 personas situadas en 56 países. El programa alcanzó su punto más alto en 2014, pero ha disminuido en la última década debido a las disputas con Brasil y a los recortes en Venezuela.
Los trabajadores de la salud, que estudian medicina de forma gratuita en Cuba, suelen participar en el programa por voluntad propia porque ganan mucho más de lo que recibirían en su país.
Pero ellos solo reciben una parte —según activistas de derechos humanos, entre el 2 y el 15 por ciento— de lo que los gobiernos pagan a Cuba por sus servicios. La mitad de la paga de los trabajadores se deposita en una cuenta en moneda local, que está devaluada, en Cuba, y solo pueden retirar fondos tras regresar a casa de sus misiones.
Los médicos que prestaron servicios en el extranjero dicen que les quitaron sus pasaportes, que no se les permitía relacionarse con la población local y que, en algunas comunidades, tenían que respetar un toque de queda a las 6 p. m. Tampoco podían traer a sus familias. Durante el gobierno del presidente George W. Bush, a los médicos que huyeron del programa se les ofreció una vía rápida para entrar en Estados Unidos, y muchos desertaron.
Una doctora que huyó en 2019 dijo que el salario mensual que recibía en la moneda local de Venezuela era suficiente para comprar solamente una barra de pan y una lata de refresco. Trabajaba turnos de 48 horas, a menudo sin electricidad, y vivía con otros tres médicos cubanos.
“Es un negocio del gobierno cubano, literalmente”, dijo la doctora, que pidió que solo se le identificara por su nombre de pila, Leydy, porque el gobierno a veces acosa a su familia en casa. “La verdad es una explotación”.
Leydy ahora estudia para ser enfermera de práctica avanzada en Florida. Como nunca regresó a La Habana, dijo que el gobierno cubano se quedó con los 10.000 dólares que ganó en Venezuela durante 15 meses.
Maria Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, la organización de derechos humanos con base en Miami, describió el programa como “un esquema de trabajo forzado”.
La cantidad que los gobiernos han pagado a Cuba por médico varía, desde 900 dólares en Guatemala hasta 5000 dólares en Kenia. En Guinea Ecuatorial, los médicos recibieron 1000 dólares de los 10.000 que el gobierno pagó por ellos, decía el informe de Archivo Cuba.
Werlau señaló que la legislación federal estadounidense exige sanciones contra los países que participan en la trata de personas. Aunque el Departamento de Estado lleva años acusando a Cuba de tráfico de mano de obra, Werlau cree que Estados Unidos también debería sancionar a los gobiernos que participan en el programa.
El gobierno cubano insiste en que el programa médico no se ajusta a la definición legal internacional de tráfico de mano de obra porque los empleados no son engañados y saben adónde van.
Reciben un salario, una pensión y un estipendio “decente” en el país de destino, donde se cubren sus gastos de alojamiento, transporte y, a menudo, alimentación, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en una respuesta a preguntas enviada por correo electrónico.
“Los profesionales cubanos que participan lo hacen voluntariamente”, dijo.
Fernández de Cossío dijo que tienen “total libertad de movimiento”, una afirmación que, según activistas de derechos humanos, han cuestionado cientos de médicos que abandonaron el programa.
Ningún país se ha retirado del programa a causa de la nueva política, dijo Fernández de Cossío.
La política de Trump de cancelar visados a funcionarios de países que participan en el programa “está dirigida a estrangular la economía cubana mediante amenazas y coacciones a gobiernos y entidades de terceros países, reforzando así el cerco que han impuesto durante décadas”, dijo.
“Previsiblemente”, añadió Fernández de Cossío, “ha afectado el nivel de vida de nuestro pueblo, restringiendo los ingresos, perjudicando servicios esenciales como la electricidad, el agua, el transporte y la atención médica”.
Los dirigentes de varios países caribeños se han mostrado reacios a la nueva norma sobre visados y han dicho que renunciarían gustosamente a viajar a Estados Unidos.
Jamaica tiene hasta 400 cubanos, en su mayoría enfermeros, que han llenado importantes lagunas en la atención médica del país, dijo Christopher Tufton, ministro de Salud y Bienestar de Jamaica.
“No tenemos ninguna prueba de que se esté produciendo tráfico de personas”, dijo Tufton en una entrevista.
En Trinidad y Tobago, donde trabajan 87 enfermeros y nueve médicos procedentes de Cuba, las autoridades se han asegurado de que el programa cumple las normas laborales, dijo el primer ministro Stuart Young.
“Seguimos estando agradecidos a los proveedores de atención médica cubanos que prestan servicio en áreas clave a la población de Trinidad y Tobago en condiciones de las que ellos y nosotros podemos estar orgullosos”, dijo Amery Brown, médico que ejerce como ministro de Relaciones Exteriores. “Las condiciones son realmente excelentes”.
Sin embargo, una médica cubana situada en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, que habló con la condición de que no se publicara su nombre por temor a represalias, dijo que le pagaban hasta 3500 dólares al mes, pero que le resultaba difícil sobrevivir debido a la cantidad que se guardaba en una cuenta cubana.
Mauricio Claver Carone, enviado de Trump para América Latina y defensor desde hace tiempo de duras sanciones contra Cuba, dijo que era necesario que más países utilizaran un modelo como el de Barbados, donde el gobierno contrata directamente a los médicos.
“Queremos tener básicamente una voz unida contra la servidumbre por contrato, contra la trata de personas”, dijo.
En 2018, Matos demandó a la Organización Panamericana de la Salud, organismo de la ONU que desempeñó un papel en la gestión del programa en Brasil. Lo considera “esclavitud moderna”.
“¿Eso no es un esclavo, cuando cohíbes a una persona de que pueda ir a donde desee? ¿Conversar con quien desee?”, dijo. “Sin mencionar los salarios”.
Prior Beharry colaboró con reportería desde Puerto España, Trinidad y Tobago.
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