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El 8 de enero de 2023, cerca de 4.000 bolsonaristas envueltos en banderas de Brasil invadieron las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y la Presidencia. Estaban convencidos de que le habían robado la elección a Jair Bolsonaro. Con esa convicción rompieron vidrios, robaron mobiliario y se adentraron en las instalaciones de los tres poderes. Un año después, la justicia brasileña continúa con los juicios a 1.390 personas involucradas en la asonada.
Las primeras condenas llegaron en septiembre. Aécio Lúcio Costa Pereira, de 51 años, entró al Congreso con una camisa que decía “intervención militar federal” y publicó un video en redes sociales en el que dijo que defecaría en el recinto. El hombre fue condenado por asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daños agravados y destrucción de patrimonio público protegido. Su sentencia fue de 17 años de cárcel. Junto con él también fueron condenados Matheus Lima de Carvalho y Thiago de Assis Mathar. El primero fue sentenciado a 17 años de prisión y el segundo a 14. Los jueces determinaron que la sentencia sería menor porque no alentó el golpe de Estado en redes sociales.
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Los ojos sobre Bolsonaro
El día del intento golpista, el exmandatario estaba en Florida, Estados Unidos. Al recibir las noticias de lo ocurrido, aseguró en su cuenta de X que “las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla” y repudió los comentarios de Lula, quien dijo que los golpistas fueron incitados por los discursos de Bolsonaro.
Gleisi Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores, dijo ese día que la insurrección era “un crimen anunciado contra la democracia, contra la voluntad de las urnas y por otros intereses”, y aseguró que el Distrito Federal fue “irresponsable ante la invasión”. El Supremo Tribunal Federal (STF) emitió una orden de arresto contra Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia del exmandatario y se había convertido recientemente en secretario de Seguridad Pública de Brasilia.
El 13 de enero, en el allanamiento de la casa de Torres, las autoridades encontraron un borrador de un decreto presidencial para anular la elección de Lula. Ese mismo día, el STF aceptó incluir a Bolsonaro en la investigación sobre los instigadores del intento de golpe.
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Para Gilmar Mendes, juez del STF, “la responsabilidad política [del expresidente] en los actos del 8 de enero es inequívoca”. En una entrevista con AFP, el magistrado aseveró que Bolsonaro “quería un pretexto para anular las elecciones o eventualmente para permanecer en el poder”.
Al cumplirse el aniversario del intento golpista, el expresidente se enfrenta a un juicio frente al STF, una inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo Electoral y una investigación parlamentaria que podría resultar en una condena de 29 años de cárcel.
Los acusados
En el Congreso se creó la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación para analizar las acusaciones de la participación del gobierno bolsonarista en el intento de golpe. Encabezada por Eliziane Gama, aliada de Lula, estudió documentos y testimonios relacionados con los hechos y produjo un informe de más de 1.300 páginas, en el que se acusa al exmandatario y otras 60 personas de haber estado involucradas.
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“La democracia brasileña fue atacada: las masas fueron manipuladas con discursos de odio; se emplearon milicianos digitales para sembrar el miedo, descalificar a los adversarios y promover ataques al sistema electoral; las fuerzas de seguridad fueron cooptadas; hubo un intento de corromper, obstruir y anular las elecciones; se ensayó un golpe de Estado, y, finalmente, se alentaron actos y movimientos desesperados para tomar el poder”, aseguró Gama.
Además de Bolsonaro, en la lista están militares y policías que hacían parte del Gobierno. Entre ellos, los generales Walter Braga Neto, exministro de Defensa; Augusto Heleno, exministro jefe de la Oficina de Seguridad Institucional, y una figura que ha sido clave para las investigaciones: el teniente coronel Mauro Cid, quien fue secretario de Jair Bolsonaro durante todo su mandato.
Cid, quien fue la persona más cercana al mandatario, firmó una delacão premiada, con la que aceptó colaborar con la justicia a cambio de algunos beneficios. El teniente coronel reveló a las autoridades, de acuerdo con el medio brasileño UOL, que Bolsonaro se reunió con los altos mandos militares para discutir un posible golpe de Estado y que Felipe Martins, un asesor, le dio un borrador de un decreto golpista. La información, aclara el medio, no ha sido confirmada por la policía.
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Un año después, Brasil todavía vive las consecuencias del golpe. Solo 30 de todos los detenidos han sido condenados y es muy poco probable que el resto de los casos se cierren de forma rápida, pues en el país no se contemplan las “responsabilidades colectivas” y el grado de participación de cada persona se debe establecer de forma individual.
“El sistema político está más alerta” después del 8 de enero, pero todavía faltan reformas, dijo el juez Mendes a AFP. Bajo el mandato de Bolsonaro ocurrió una politización de las fuerzas armadas y un incentivo de “algún tipo de anarquía, especialmente entre las fuerzas policiales”, con el presidente entrante. El exmandatario ha negado numerosas veces haber participado en el intento golpista. Mientras tanto, las investigaciones avanzan.
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Por María José Barrios Figueroa
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