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Un abogado aliado del expresidente Donald Trump explicó en un memorando interno de campaña cómo planeaba sabotear las elecciones de 2020: utilizar listas falsas de electores. Los fiscales ahora consideran que el memorando, del que no se sabía nada, fue crucial en la evolución de las actividades del equipo de Trump hasta forjar una conspiración con el propósito de cometer un delito.
La existencia del memorando del 6 de diciembre de 2020 se reveló en la acusación formal de la semana pasada contra Trump, aunque no se tiene información detallada sobre su contenido. No obstante, una copia que obtuvo The New York Times muestra por primera vez que el abogado, Kenneth Chesebro, reconoció desde un principio que su propuesta era “una estrategia atrevida e incluso controvertida”, que “probablemente” la Corte Suprema terminaría por rechazar.
Sin embargo, incluso si a fin de cuentas el plan no pasaba la mayor prueba legal, Chesebro hizo notar que lograría dos objetivos: centrar la atención en las reclamaciones de fraude electoral y “ganar más tiempo para que la campaña de Trump ganara juicios que le quitaran votos a Biden y se los sumaran al total de Trump”.
Este memorando era la pieza que faltaba en el registro público para comprender cómo desarrollaron los aliados de Trump su estrategia para anular la victoria de Biden. A mediados de diciembre, los electores falsos de Trump podrían seguir los pasos para votar como si tuvieran derecho a hacerlo. Entonces, el 6 de enero de 2021, el entonces vicepresidente Mike Pence podría contar unilateralmente esas listas de votos, en vez de los votos oficiales y certificados para Joe Biden.
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Si bien ya se sabía que existía ese plan básico, el documento, al que los fiscales se refieren como el “memo sobre los electores fraudulentos”, ofrece información nueva sobre su origen y cómo se habló de él tras bambalinas. Parte de esa información es la estrategia de “mensajes” propuesta por Chesebro para explicar por qué se reunían electores a favor de Trump en estados en que se había declarado la victoria de Biden. La campaña presentaría ese paso como “una medida rutinaria que es necesaria para garantizar” que el Congreso pueda contar la lista electoral correcta si algún tribunal o una legislatura concluye más adelante que Trump, de hecho, había ganado en esos estados.
No era la primera vez que Chesebro compartía la noción de crear electores alternativos. En noviembre, había sugerido hacerlo en Wisconsin, aunque por otra razón: para proteger los derechos de Trump en caso de que más tarde obtuviera un fallo positivo en tribunales y lo declararan el ganador certificado de ese estado para el 6 de enero, como ocurrió con Hawái en 1960.
Pero la acusación formal describía el memorando del 6 de diciembre como una “marcada desviación” de esa propuesta, que en opinión de los fiscales se convirtió en una argucia delictiva con el propósito de fabricar “una controversia falsa e impedir la certificación de Biden como presidente electo”.
“Reconozco que mi propuesta es una estrategia atrevida, incluso controvertida, y que por muchas razones podría no concretarse el 6 de enero”, escribió Chesebro. “Pero mientras sea una opción posible, para que siga siendo una posibilidad es importante que los electores de la fórmula Trump-Pence envíen sus votos electorales el 14 de diciembre”.
Tres días después, Chesebro preparó instrucciones específicas para crear electores fraudulentos en varios estados, en otro memorando de cuya existencia, al igual que el de noviembre, informó por primera vez el Times el año pasado. El comité de la Cámara de Representantes encargado de investigar los disturbios del 6 de enero también los mencionó en su informe de diciembre, aunque al parecer no sabía del memorando del 6 de diciembre.
“Creo que lo que podríamos conseguir el 6 de enero no se reduce a solo mantener a Biden por debajo de 270 votos electorales”, escribió Chesebro en el memorando recién revelado. “Parece posible que el conteo de votos se realice de tal forma que en ningún momento Trump esté detrás en el conteo de votos electorales a menos que Biden pueda obtener una decisión favorable de la Corte Suprema (y hasta que esto ocurra) que confirme la constitucionalidad de la Ley de Conteo Electoral o bien reconozca las facultades del Congreso (y no del presidente del Senado) para contar los votos”.
Chesebro y su abogado no respondieron a nuestras solicitudes de comentarios. No recibimos respuesta alguna de un vocero de Trump a un correo electrónico en el que solicitamos sus comentarios.
Aunque otro abogado (John Eastman, designado coconspirador 2 en la acusación formal) se convirtió en el promotor clave del plan y trabajó más directamente con Trump para aplicarlo, Chesebro fue uno de sus arquitectos. Se incorporó a la campaña de Trump en Wisconsin para ayudar con una objeción legal a los resultados obtenidos ahí.
Los fiscales todavía están recibiendo evidencia relacionada con la investigación, aunque ya se presentaron cargos en contra de Trump, según algunas personas familiarizadas con el asunto. El comité de la Cámara de Representantes dio a conocer el año pasado correos electrónicos obtenidos por sus investigadores que demuestran que Chesebro les envió copia de los dos memorandos de los que se había informado, uno del 18 de noviembre y otro del 9 de diciembre, a aliados ubicados en los estados involucrados en el plan de los electores falsos.
Pero no adjuntó a esos mensajes su memorando del 6 de diciembre, que describía una idea más audaz: hacer que Pence adoptara “la postura de que es su facultad y deber constitucional, por su cuenta, en su carácter de presidente del Senado, abrir y contar los votos”. Es decir, podía resolver la controversia en torno a la lista válida contando a los electores alternativos a favor de Trump aunque Biden fuera el ganador certificado de sus estados.
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Chesebro, designado coconspirador 5 en la acusación formal, pero contra quien el abogado especial no ha presentado cargos, le envió el segundo memorando a James R. Troupis, abogado que colaboraba con la campaña de Trump en sus objeciones contra la victoria de Biden en Wisconsin.
Para el día siguiente, según indica la acusación formal, Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, había recibido el memorando de Chesebro.
Según la acusación formal, Giuliani, designado coconspirador 1, habló con alguien identificado solo como coconspirador 6 sobre la posibilidad de encontrar abogados que les ayudaran en su proyecto en siete estados. Un correo electrónico revisado por el Times sugiere que ese conspirador en particular podría ser Boris Epshteyn, asesor estratégico de campaña para la campaña de Trump, a quien se le pagó por servicios de consultoría politica. Ese día, Epshteyn le envió a Giuliani un correo electrónico en el que le recomendaba abogados de esos siete estados.
Como había hecho en el memorando anterior, Chesebro citó escritos de un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, Laurence H. Tribe, para reforzar su argumento de que la fecha límite no debía finalizarse hasta la certificación del Congreso del 6 de enero. Chesebro había desempeñado el cargo de asistente de investigación en Tribe en sus épocas de estudiante de Derecho y más tarde le ayudó en su representación del vicepresidente Al Gore durante la campaña electoral del año 2000.
Después de referirse a su antiguo mentor como “un partidario clave de Biden y critico fervoroso de Trump”, Chesebro citó opiniones legales que le adjudicó a Tribe, además de obras de otros muchos liberales como posible material para una estrategia de mensajes. Seria “la mayor hipocresía que los demócratas negaran que el 6 de enero era la verdadera fecha límite o sugirieran que Trump y Pence podrian hacer algo particularmente controvertido”, escribió.
Pero en un ensayo publicado el martes en el sitio web legal Just Security, Tribe aclaró que el memorando de Chesebro del 18 de noviembre se “basaba en una interpretación muy equivocada de mis artículos”.
Por ejemplo, Chesebro citó una cláusula de un artículo de reseña legal de Tribe sobre el caso Bush contra Gore para respaldar la idea de que la única fecha límite legal real es el 6 de enero. Esa referencia se tomó fuera de contexto, según escribió Tribe, pues solo hizo una alusión acotada “a las particularidades de la legislación estatal de Florida”. En cambio, Chesebro hizo parecer que estaba presentando “una proposición general sobre las facultades de los estados para hacer lo que les plazca independientemente de la Ley de Conteo Electoral y las fechas límite fijadas por el Congreso”, añadió.
En otra mención, Chesebro citó un tratado constitucional en que Tribe escribió que un Congreso pasado no puede imponerle obligaciones de actuar a un Congreso posterior, que Chesebro empleó como fundamento para su propuesta de que algunas partes de la Ley de Conteo Electoral son inconstitucionales. Pero Tribe escribió que lo que quiso decir es que el Congreso puede aprobar nueva legislación para cambiar esa ley.
La acusación formal también señala que Trump y sus coconspiradores que todavía no han sido acusados actuaron con la intención de engañar cuando reclutaron a algunos de los electores fraudulentos. Por ejemplo, a algunos les dijeron que su voto a favor de Trump solo se utilizaría si un fallo judicial le concedía la victoria en su estado a Trump.
El memorando del 6 de diciembre encaja con esa idea. Chesebro escribió que Pence podría contar a supuestos electores de Trump de un estado siempre y cuando hubiera un juicio pendiente que objetara la victoria declarada de Biden ahí. Pero también propuso decirles a los ciudadanos que los electores de Trump se reunirían el 14 de diciembre como mera precaución, en caso de que “los tribunales (o las legislaturas estatales) llegaran más tarde a la conclusión de que Trump en realidad había ganado el estado”.
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