Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Una victoria arrasadora en las primarias de la oposición mayoritaria, una promesa de aliviar las sanciones y un acuerdo firmado en Barbados no fueron suficientes para que el régimen de Nicolás Maduro permitiera que María Corina Machado participara en las elecciones presidenciales. Un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó la inhabilitación de la candidata, sacándola de la carrera presidencial. Pero ella no se baja: pase lo que pase, nadie la reemplazará en el tarjetón electoral.
📝 Sugerimos: Vuelven las sanciones: EE. UU. rescinde licencia de oro de Venezuela
“Yo represento esa mayor soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí”, sentenció Machado en un discurso ante sus seguidores este lunes.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
El 15 de diciembre, la candidata impugnó la sanción impuesta por la Contraloría General de la República, argumentando que nunca fue notificada de la acción. El órgano la había inhabilitado en el 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA). El año pasado, extendió la sanción a 15 años por haber “solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana”, haber participado en el presunto complot de corrupción encabezado por Juan Guaidó y “el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”.
Este viernes, la Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ ratificó la inhabilitación de 15 años de María Corina Machado, que impide que participe en las elecciones. El fallo del tribunal declaró como “improcedente” la solicitud, señalando que “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos en el Acuerdo de Barbados”. Asimismo, negó de manera definitiva la habilitación de Henrique Capriles, otra de las figuras más prominentes en la oposición.
Como parte de los acuerdos suscritos en Barbados, que Maduro ha dicho que están “heridos de muerte”, el TSJ había creado un mecanismo de impugnación que permitiera que quienes “aspiran a postularse” a las elecciones presidenciales del 2024 pudieran ser habilitados para hacerlo. Sin embargo, la inhabilitación a Machado, quien obtuvo el 90 % de los votos en las primarias de la oposición mayoritaria y se perfilaba como la gran contrincante del chavismo, es el sello del régimen para acabar con la competencia.
📌Le puede interesar: El dilema de EE. UU. tras el golpe mortal a los Acuerdos de Barbados en Venezuela
“El problema está en cómo llega [Maduro] a ser el ganador. Él puede llegar con unas elecciones no competitivas en donde los candidatos no generen la suficiente confianza. Si Nicolás Maduro asume el riesgo de ir a unas elecciones con unas condiciones mínimas de competitividad, los números no le dan. El descontento que hay es generalizado. (…) Maduro entiende que puede tener una sorpresa como la dio Arévalo en Guatemala”, afirma Eglée González Lobato, consultora internacional en Participación Ciudadana, Elecciones y Democracia.
Lo cierto es que el proceso de su inhabilitación ha estado manchado de varias irregularidades. La primera, afirma Alejandro Martínez Ubieda, presidente de Diálogo Colombo-Venezolano, es que “no existe un fallo judicial”. Como lo argumentó Machado en su impugnación, nunca fue notificada de la sanción, lo que impidió que ejerciera el derecho a la defensa, y sus abogados nunca tuvieron acceso al expediente judicial.
“Estamos frente a una irregularidad violatoria de todos los derechos políticos de los ciudadanos”, explica Martínez. “Eso es inconstitucional. Tú no puedes tener suspendidos tus derechos políticos por una orden administrativa. Tiene que haber un juicio donde salgas culpable ante un tribunal, tengas derecho a la defensa. Claro que se mantiene la candidatura, porque nada de eso tiene legalidad”.
La organización venezolana Acceso a la Justicia señala que no hubo un debido proceso en el caso ante la TSJ, pues el artículo 49.1 de la Constitución venezolana establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”, a los cuales Machado no tuvo acceso. Además, la ONG denuncia que el TSJ dictó un auto para solicitar a la Contraloría información sobre el caso antes de haber admitido la demanda, lo que “podría alterar los hechos del caso demandado, generando una indefensión para la demandante que, sin la admisión de su demanda, carece de la oportunidad de defenderse”.
“El fallo contra Machado es otra prueba de que en Venezuela no hay independencia judicial: el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República es inconstitucional y el TSJ no dice nada al respecto; no hay condena penal contra Machado, por lo que no se la puede inhabilitar según la Constitución; y la forma en que procedió la SPA en su caso sin acceso al expediente y sin darle derecho a la defensa denota una clara denegación de justicia”, indica la ONG.
📰 También recomendamos: María Corina Machado, el rostro frustrado de la política de Venezuela
La mano dura de Estados Unidos
Otras voces han condenado el fallo del TSJ. La Unión Europea afirma que decisiones como esta pueden “socavar la democracia y el Estado de derecho” y reiteró que continúan con su compromiso con la implementación del Acuerdo de Barbados. Panamá y Guatemala han mostrado su apoyo a Machado, Ecuador asegura que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones.
Estados Unidos, una de las partes más interesadas en la realización de elecciones libres y democráticas, anunció que rescindirá la licencia otorgada en octubre del año pasado a Minerven, el productor estatal de oro de Venezuela. En un comunicado, Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, advirtió que la suspensión de las sanciones se vería seriamente afectada por las inconsistencias por parte del Gobierno para la implementación de los acuerdos.
“En apoyo del Acuerdo de Barbados, Estados Unidos emitió la Licencia General 44, que proporciona alivio al sector del petróleo y el gas de Venezuela. En ausencia de avances entre Maduro y sus representantes y la opositora Plataforma Unitaria, en particular sobre permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, se lee en el texto.
La promesa de aliviar las sanciones era uno de los factores que impulsaban la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática. Para Estados Unidos, el resultado de la negociación era “el mecanismo más viable para la resolución de la prolongada crisis política, económica y humanitaria de Venezuela”.
Venezuela respondió al comunicado, diciendo que era un “grosero e indebido chantaje” por parte del Gobierno estadounidense. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, hizo una publicación en X (antes Twitter), en la que aseveró que, si Estados Unidos daba “el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela”, “a partir del 13 de febrero quedarían revocados de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos”.
Una oposición fortalecida
Machado se mantiene en la carrera política, el apoyo que recibió en las primarias todavía la acompaña. Frente a las detenciones a miembros de su equipo y sedes de Vente Venezuela vandalizadas, la oposición mayoritaria ha tenido que sortear varios obstáculos para poder llegar a las presidenciales.
“La oposición se fortalece porque está siendo agredida de manera ilegal, y eso causa más y más indignación en un pueblo que, en un 80 %, desprecia al régimen de Maduro”, dice Martínez.
Por su parte, Lobato advierte que sí hay una fragmentación en la oposición, que funciona en espacios de diálogo diferentes. Aunque la inhabilitación de Machado constituye una violación a sus derechos políticos, la posición del Gobierno “pareciera inamovible” y el régimen estaría buscando un candidato de la oposición que les genere más confianza que la candidata actual.
“Las fuerzas democráticas, la oposición, deberían estar acordando quién podría ser ese candidato o candidata que genere confianza y sepa de negociación. Que el día de la elección logre generar tal confianza, que el Gobierno, si pierde, reconozca y entregue el poder. Que no solo genere confianza nacional e internacional, sino que genere confianza expresamente al pueblo chavista, madurista, oficialista. Para conquistarlo tiene que generar especialmente esa confianza de que no va a haber una persecución, de que no va a ser unos contra otros”, sostiene la consultora.
Para Machado, las opciones todavía no se acaban. Puede recurrir la decisión del SPA ante la Sala Constitucional del TSJ, pero para ello se necesita que se publique el texto de la sentencia, lo que el SPA todavía no ha hecho, aunque es un derecho establecido en la Constitución. Aún así, sin una división de poderes, la sentencia podría ser la misma. Ella, sin embargo, se niega a desfallecer.
“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, afirmó Machado.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
📧 📬 🌍 Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Por María José Barrios Figueroa
Conoce más