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Un día de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, un pescador colombiano que, cuenta su familia, llevaba mucho tiempo recorriendo el Caribe en busca de marlin y atún, llamó a su hija adolescente. Le dijo que se iba a pescar y que volvería en unos días, contó ella.
Nunca volvió.
Al día siguiente de su partida, el 15 de septiembre, según afirman su familia, otros pescadores y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Carranza fue asesinado en un ataque militar estadounidense contra su embarcación. La indignación por lo ocurrido ha desatado una disputa sobre el enorme despliegue militar estadounidense en el Caribe y la legalidad de los ataques letales realizados desde septiembre a 20 embarcaciones.
“Nunca pensé que fuera a perder a mi papá de esta manera”, dijo Cheila Carranza, de 14 años, esta semana, mientras contenía las lágrimas y miraba una foto de él en su teléfono en la abarrotada casa de su abuela, donde vive en una habitación con su madre y dos hermanos.
A medida que el número de víctimas mortales de los ataques estadounidenses contra embarcaciones en aguas próximas a Latinoamérica aumenta, crecen las tensiones con Colombia, que durante mucho tiempo había sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Hasta ahora, 20 ataques estadounidenses han causado la muerte de al menos 80 personas.
Los ataques han enfurecido a Petro, quien acusó a Estados Unidos de asesinar a Carranza en un ataque. El presidente Donald Trump respondió imponiendo sanciones a Petro y a su familia y tomando medidas para reducir drásticamente la ayuda al país. Esta semana, Colombia anunció la suspensión del intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos hasta que el gobierno de Trump ponga fin a sus ataques [nota de la editora: luego, el ministro de Interior, Armando Benedetti, revirtió el anuncio].
El gobierno de Trump afirma que las embarcaciones atacadas transportaban drogas ilícitas que matan a miles de estadounidenses. Sin embargo, muchos expertos jurídicos de Estados Unidos y de otros países afirman que los ataques violan el derecho internacional porque las personas que murieron, aunque fueran sospechosas de haber cometido algún delito, no representaban una amenaza inmediata.
Tras los ataques estadounidenses en la región, han empezado a aparecer cadáveres destrozados en las playas de Trinidad y Tobago. Los únicos dos sobrevivientes conocidos de los ataques no son de Venezuela, sino de Colombia y Ecuador.
El gobierno de Trump ha dicho que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es líder de un cartel de la droga, y en privado ha señalado que el objetivo del despliegue estadounidense, el más grande que se ha hecho en Latinoamérica en décadas, es apartar al líder autoritario del poder.
El gobierno de Trump no ha aportado evidencia, aparte de algunas descripciones de evaluaciones de los servicios de inteligencia y fragmentos desclasificados de imágenes de videos, de que alguno de los buques que ha destruido transportara drogas. Al mismo tiempo, en el caso de Carranza, no existe actualmente una manera de determinar con certeza si se trataba simplemente de un pescador o si había estado involucrado en el contrabando de drogas.
Petro, en una conferencia de prensa realizada el mes pasado, dijo que Carranza pertenecía a una familia tradicional de pescadores, pero que podría haber estado involucrado de manera muy intermitente en el tráfico de drogas.
Muchos pescadores de comunidades costeras e insulares, dijo, se involucran en el transporte de drogas porque la pobreza les deja pocas alternativas.
Los ataques han dejado a la familia de Carranza atónita y buscando respuestas, y ofrecen un vistazo poco frecuente a la presión que el despliegue militar estadounidense puede causar en los que se quedan atrás, mientras el número de víctimas de los ataques mortales sigue aumentando. La familia contrató a un abogado estadounidense, quien dijo que estaba preparando una demanda.
Katerine Hernández, madre de tres de los hijos de Carranza, rebatió la afirmación de Trump de que el ataque que mató a su expareja, junto con otras dos personas que iban en el mismo barco, había tenido como objetivo a “narcoterroristas confirmados de Venezuela”.
“Alejandro no tenía nada que ver con Venezuela; él se pasó toda la vida aquí en Colombia”, dijo Hernández, de 37 años, en una entrevista en Santa Marta, una ciudad bañada por el sol en la costa norte de Colombia, donde conoció a Carranza cuando tenía 13 años.
Carranza, de 42 años, también aceptaba de vez en cuando trabajos para pilotar embarcaciones para otros en las aguas que rodean Santa Marta, dijeron su familia y otros pescadores, lo que abre la posibilidad de que el barco en el que se encontraba transportara algo ilícito, con o sin su conocimiento.
Sin embargo, Hernández dijo que Carranza nunca había estado implicado en el contrabando de drogas. “Si era un narcoterrorista de esos”, dijo, “¿por qué vivimos en la miseria y no en un caserón?”.
A pesar de haberse separado hace varios años, Hernández comentó que Carranza y ella seguían teniendo una relación cercana. Hasta hace poco, ella y los niños habían vivido con los padres de él. Aunque él rara vez ganaba más que el salario mínimo mensual de Colombia, alrededor de 382 dólares, dijo, él siempre puso comida en la mesa para ella y los niños.
Ahora, dijo Hernández, estaban subsistiendo gracias a la generosidad de familiares que a su vez casi no tienen nada. Ella y los tres niños viven en la casa de su madre en Gaira, una zona humilde de Santa Marta, no muy lejos de las resplandecientes playas de la ciudad.
Dan Kovalik, un abogado estadounidense contratado por la familia de Carranza, dijo que aunque se hubiera sospechado que Carranza pilotaba un barco que transportaba drogas ilícitas, matarlo habría sido ilegal.
“Si las personas del barco eran sospechosas de tráfico de drogas, debieron haber sido detenidas, no asesinadas”, dijo Kovalik, quien tiene previsto presentar una demanda en Estados Unidos y solicitar una indemnización por daños y perjuicios para la familia de Carranza.
Se desconoce la identidad de los otros dos hombres que iban a bordo de la embarcación.
“Este caso es importante desde dos puntos de vista”, añadió Kovalik. “En primer lugar, la familia merece una indemnización por la pérdida”.
“En segundo lugar, queremos que este caso ayude a impedir que se repitan estos asesinatos”, dijo Kovalik. “Esto es asesinato, y está destruyendo el Estado de derecho”.
El gobierno de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Desde que Carranza salió a pescar hace dos meses, dijo Hernández, sus vidas han quedado destrozadas.
Antes del ataque estadounidense, dijo, ya estaba incapacitada para trabajar debido a un accidente de motocicleta que le dañó gravemente la pierna derecha, cerca del lugar del tobillo donde aún tiene tatuado el nombre de pila de Carranza.
Las cuotas escolares de Zaira, su hija de 17 años, no se han pagado, dijo, y su hijo Libiston, de 11, quedó traumatizado después de que otro niño le mostrara el video compartido por Trump en el que aparentemente se veía cómo el barco del padre volaba en pedazos.
Hernández comentó que algunas personas habían preguntado si Carranza realmente fue asesinado, ya que su cadáver no ha sido recuperado. Otros han intentado insinuar que estaba implicado en el contrabando de drogas, dijo, debido a un roce anterior que tuvo con la ley.
En un caso de 2012, Carranza había participado en un plan para robar armas que habían sido confiscadas en procedimientos judiciales, según funcionarios colombianos. Hernández y Adenis Manjarres, de 30 años, primo hermano de Carranza, dijeron que Carranza nunca había sido encarcelado en relación con eso. Los funcionarios colombianos no tenían más información sobre la resolución del caso.
Leonardo Vega, de 40 años, amigo de Carranza desde hace mucho tiempo y dirigente de una asociación de pescadores de Santa Marta, dijo que estaba seguro de que Carranza había muerto en el ataque del 15 de septiembre.
Al ver el ataque en redes sociales, Vega dijo que el tipo de embarcación que aparecía en el video era precisamente el que utilizan los pescadores de Santa Marta, en contraste con las embarcaciones que parten de Venezuela, que tienen un diseño diferente.
“De una pensé: ‘Él es uno de nosotros’”, dijo Vega. Añadió que la embarcación destruida tenía dos motores, en lugar de los tres o cuatro que suelen tener las embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas u otros productos.
Los pescadores pueden ausentarse durante una semana más o menos y a menudo duermen en hamacas en playas desiertas, dijo.
“Pero dos meses ya, ¡qué va!”, añadió. Considerando factores como las fechas de la partida de Carranza y la del ataque estadounidense, junto con la embarcación que se ve en el video, dijo que solo podía llegar a una conclusión: “Lamentablemente, mi amigo murió”.
Vega dijo que Carranza era muy conocido por su personalidad despreocupada entre los pescadores de Santa Marta. Se le conocía por el apodo de “Coroncoro”, que hace referencia a un pequeño pez típico de la zona, y le gustaba beber cerveza y jugar al billar.
Más allá de lo que está sufriendo la familia de Carranza, los ataques estadounidenses han infundido temor entre los pescadores de Santa Marta, dijo Vega, y han hecho que no quieran hacer su trabajo.
Actualmente es temporada de atún, dijo, que suele ser una de las más lucrativas para los pescadores. Sin embargo, el temor a lo que pueda esperarlos ahí prácticamente ha paralizado la pesca, añadió.
Genevieve Glatsky y Simón Posada colaboraron con reportería desde Bogotá, Colombia.
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