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La mujer y su hija de 9 años caminaban por la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de San Francisco el domingo por la noche, en dirección a su puerta de embarque para volar a Miami a visitar a un pariente, cuando se acercó un desconocido vestido de civil.
– “¿Angelina?”, le preguntó.
– “Sí”, respondió ella, en español.
Minutos después, Angelina López-Jiménez estaba de rodillas, llorando, mientras dos agentes de inmigración la esposaban delante de su hija, según las imágenes de video que se hicieron virales esta semana.
Documentos gubernamentales obtenidos por The New York Times explican los acontecimientos que condujeron a la tensa escena, incluido el intercambio entre el agente y López-Jiménez.
Los documentos arrojan nueva luz sobre el modo en que la Administración de Seguridad en el Transporte comparte con los funcionarios del ICE los nombres y las fechas de nacimiento de los viajeros a los que un juez ha ordenado abandonar el país. Esto ha facilitado al gobierno de Donald Trump la detención y deportación de inmigrantes indocumentados a su paso por los aeropuertos.
López-Jiménez, de 41 años y natural de Guatemala, y su hija, Wendy Godínez-López, fueron señaladas por funcionarios de la TSA el viernes, cuando aparecieron en una lista de pasajeros para un vuelo dominical de San Francisco a Miami. La agencia avisó entonces al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según los documentos.
López-Jiménez y su hija vivían en el condado de Contra Costa, California, en el extremo oriental de la bahía de San Francisco, según el congresista por esa región, John Garamendi. No tenía antecedentes penales, aunque entró ilegalmente en el país.
Esta semana, funcionarios demócratas mostraron su rechazo a la detención. Garamendi, demócrata, dijo que este era el más reciente ejemplo de cómo el gobierno de Trump estaba acorralando a madres y niños en lugar de enfocar su aplicación de las leyes de inmigración en los delincuentes peligrosos.
También condenó el hecho de que la TSA compartiera información sobre pasajeros con el ICE, afirmando que el intercambio de datos parecía ser “omnipresente” bajo el gobierno de Trump, poniendo en peligro la información personal y eludiendo el debido proceso.
“La verdadera historia aquí es la forma en que se están utilizando las bases de datos”, dijo en una entrevista. “Se detiene a una madre y a su hija y, en 36 horas, son enviadas a Guatemala”.
López-Jiménez entró en el radar del gobierno estadounidense durante el primer mandato de Trump, el 27 de abril de 2018, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza la detectaron a ella y a su hija, entonces una niña pequeña, a 23 kilómetros del punto de entrada de San Luis, Arizona, según los documentos federales.
Los agentes determinaron que ella y su hija habían nacido en Guatemala y estaban en Estados Unidos ilegalmente. La llevaron a un centro para fotografiarla y obtener sus huellas dactilares e información biográfica. Le dieron un aviso para que compareciera ante el tribunal para el procedimiento de expulsión y la dejaron en libertad.
Se presentó a algunas citas, pero no a otras, según los documentos. El 8 de mayo de 2019, un juez de inmigración ordenó su expulsión en una audiencia a la que no se presentó.
No ocurrió nada más en su caso. Hasta el domingo por la noche.
A las 9:30 p. m., los dos agentes del ICE, sabiendo que tenía previsto volar a Miami, la encontraron en el pasillo de la terminal. López-Jiménez llevaba dos pasaportes guatemaltecos y los entregó a petición de un agente. La información coincidía con la identidad de la mujer sobre quien se había ordenado la expulsión en 2019.
Los agentes dijeron a López-Jiménez que los siguiera hasta la terminal internacional.
En ese momento, López-Jiménez intentó huir, decían los documentos, y los agentes la sujetaron y la sentaron.
Los agentes intentaron esposarla, pero ella se retorció y lloró, y solo pudieron esposarla a una muñeca. Una multitud cada vez más grande observaba la escena, algunos de ellos grabándola con sus teléfonos y gritando “¡Qué vergüenza!” a los agentes.
Los agentes de policía de San Francisco respondieron a la llamada al 911 de un transeúnte y formaron una barrera entre la multitud y los agentes. Los agentes colocaron a López-Jiménez en una silla de ruedas, pues se negaba a caminar, y se la llevaron, según los documentos.
El encuentro no formaba parte de la iniciativa del gobierno de Trump de utilizar al ICE para dotar de personal a las filas de seguridad de los aeropuertos mientras los agentes de la TSA no cobran debido al cierre del gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes en las redes sociales que López-Jiménez y su hija eran “extranjeras ilegales” sobre quienes pesaba una orden de expulsión y que se habían resistido a ser detenidas.
No está claro si López-Jiménez sabía que ella y su hija tenían una orden de expulsión. El martes no fue posible localizar a los representantes ni a los familiares de López-Jiménez.
Nancy Tung, quien preside el Partido Demócrata de San Francisco y es miembro de la comisión del aeropuerto, condenó la detención. Tung, quien dijo que hablaba en calidad de política y no como representante de un aeropuerto, dijo que le asustaba que los aeropuertos estuvieran ahora en la creciente lista de lugares cotidianos donde se puede detener a inmigrantes.
“No son los delincuentes violentos de los que habla el gobierno de Trump”, dijo Tung. “Está mal”.
A las 10:51 p. m. del domingo por la noche, tras ser apartada en silla de ruedas de la multitud sorprendida, López-Jiménez fue trasladada a una sala de espera del aeropuerto. A las 07:50 p. m. del lunes, ella y su hija fueron registradas en el McAllen Plaza Hotel and Suites en Texas.
Salieron a las 3 a. m. del martes. Poco más de cinco horas después, López-Jiménez y su hija se encontraban en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional de Valley, en Harlingen, Texas, con destino a Guatemala.
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