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El pueblo charrúa decidirá si se mantiene o no la Ley de Caducidad, que dejó sin sanciones a los funcionarios estatales que protagonizaron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que se instauró en Uruguay entre 1973 y 1985.
Durante la consulta, los electores también decidirán si aceptan o no la inclusión del voto por correo electrónico en todos votaciones futuras.
Para el efecto, se hicieron presentes en Uruguay 20 verificadores internacionales provenientes de Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y la República Dominicana. , que integran Centro de Asesoría y Promoción Electoral.
El director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuéllar, dijo en declaraciones a la prensa que Uruguay se ha venido destacando por la trasnparencia y confianza que despiertan sus autoridades electorales.
"La Corte Electoral y sus ministros se distinguen en credibilidad en América Latina. Pero el solo hecho de que la ciudadanía le pida que adjunte otros ejercicios de consulta popular alrededor de las elecciones nacionales demuestra claramente la enorme confianza y responsabilidad que le tienen al sistema electoral en Uruguay", agregó.
Se espera que más de dos millones de uruguayos salgan a las urnas, de los cuales cerca de la mitad residen en la capital de ese país, Montevideo.
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