Venezuela dice que combate el ‘modelo esclavista’ con la toma de tierras

El vicepresidente venezolano, Elías Jaua, reconoció que las 25.000 hectáreas de tierras intervenidas desde el viernes en dos estados del occidente del país están productivas, y justificó que la medida busca "terminar con el modelo esclavista" desarrollado en la zona por los "latifundistas".

Varios productores de las tierras afectadas anunciaron el lunes que desarrollarán "acciones cívicas" para que les devuelvan sus tierras, que, aseveraron, están productivas y tienen la titularidad clara, y calificaron de "inconstitucional" la toma de las mismas por parte del Gobierno.

El Ejecutivo del presidente Hugo Chávez "no va tolerar los llamado a la desobediencia, a la rebelión, al desacato a las leyes" que han realizado "algunos" de los "latifundistas" afectados por la intervención de las tierras, dijo Jaua este martes.

El Gobierno inició el viernes la toma de 47 terrenos que suman más de 25.000 hectáreas en al sur del Lago de Maracaibo, una zona que abarca parte de los estados Zulia y Mérida.

Ello dentro de la "revolución agraria" que comenzó en 2004 con la promesa de entregar a campesinos pobres tierras ociosas, subutilizadas o de titularidad dudosa para que las produzcan.

Jaua reconoció este martes, desde la localidad merideña de El Vigía, a unos 700 kilómetros al suroeste de Caracas, que los terrenos afectados no están ociosos, pero que esa productividad se basa, en muchos casos, en "un modelo esclavista" y "semifeudal".

El Gobierno venezolano "ha venido a poner orden en una situación que es inaceptable en una democracia", y "va ejercer la autoridad que le confiere la ley", por lo que "los procedimientos (de intervención de tierras) no tienen vuelta atrás", dijo Jaua.

"Nada justifica, así usted produzca los millones de litros de leche que produzca, ese modelo de explotación", ni que exista "una alta concentración de tierras en manos de pocos", explicó el vicepresidente.

No se trata de "combatir la producción sino las formas esclavistas", añadió Jaua, que garantizó que tras la toma de las tierras, los campesinos obtendrán beneficios como seguridad social, estabilidad laboral, y el cobro de salario mínimo mensual.

El vicepresidente reiteró además que el Gobierno está dispuesto a negociar con los propietarios de 16 de las 47 extensiones intervenidas, que tienen "un promedio de 40 hectáreas" cada una y están productivas.

En esos casos se han planteado reuniones con los propietarios "para que demuestren la documentación" que les acredita como dueños, se verifique "las condiciones en las cuales están sus trabajadores", así como el uso adecuado de los suelos, explicó Jaua.

Chávez ya había reconocido el domingo pasado que esas 16 fincas no eran latifundios y estaban productivas, y propuso negociar con los propietarios vías de entendimiento, entre ellas una posible asociación con el Estado.

El lunes, el mandatario acusó a algunos de los productores afectados y portavoces de la oposición de llamar "al caos" y les advirtió que responderá "en consecuencia".

"Andan amenazando y llamado al caos (…) si ellos van a buscar fusiles, bueno, aténganse a las consecuencias. No es ninguna amenaza, solo que nosotros actuaríamos en consecuencia: fusiles contra fusiles, ellos verán", declaró Chávez.

También reiteró su acusación de que algunos productores del Sur del Lago han "mandado a matar y han matado más de 200 líderes campesinos" para mantener "atemorizados" a los campesinos pobres.