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La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien también era embajadora de la nación en Israel, fue suspendida de sus funciones apenas tres meses antes de las elecciones del próximo año, en las que el presidente Daniel Noboa buscará la reelección. Abad denuncia persecución política, mientras que el presidente la ha calificado de “desleal”. En una enemistad cuyos orígenes se desconocen, queda en duda si la intención de Noboa es el bien de su país o el de su campaña.
Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados de 2023. Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de ese año, el mandatario nombró a su “vice“ para que ocupara el cargo de embajadora en Israel.
Se decía que ya había una mala relación desde la campaña, sin embargo, el traslado la empeoró.
Abad ha sido crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” y “violencia política de género” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. Por ese caso fue citada por la Fiscalía, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.
“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró la vicepresidenta en un video difundido a través de sus redes sociales.
El 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo dispuso la “suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días” contra Abad, por una supuesta “falta grave” a la ley de servicio público, que establece sanciones por el “abandono injustificado” del cargo por tres días o más días consecutivos.
En septiembre de 2024, ante la escalada del conflicto en Medio Oriente, Abad había sido trasladada a Turquía por seguridad. Debía instalarse en Ankara, la capital turca, hasta el 1 de septiembre, pero llegó cinco días después. Esa fue la justificación para la sanción.
Abad asegura que no estaba “debidamente preparada” para el viaje a Turquía y que su traslado no se debía a motivos de seguridad, sino que buscaba silenciarla y forzar su renuncia. En una entrevista con el diario El País, de España, la funcionaria contó que su reubicación no fue organizada y que se le pidió que dejara a sus hijos en Israel y se dirigiera sola a Turquía.
En la misma entrevista remarcó que el gobierno de Noboa quería “acallarla una vez más” para evitar que interfiera en la campaña política del Gobierno.
“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (…) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad al conocer el fallo.
El destino político de Noboa, que espera presentarse a la reelección en febrero de 2025, depende de Abad, según los expertos.
La ley ecuatoriana establece que un presidente en funciones puede hacer campaña por su reelección siempre y cuando encargue temporalmente el poder a su vicepresidente. Como no confía en Abad, Noboa buscó quitarse esa piedra del zapato.
Según Elvin Calcaño, politólogo y consultor latinoamericanista, “Ecuador está fuera del marco institucional”. Es “un país donde rige el poder de hecho y no el derecho”, dijo el analista.
Desde hace siete años, “en nombre de la lucha contra la corrupción”, enmarcada mediáticamente como una lucha contra el sector político afín al expresidente, Rafael Correa, el país entró en “un proceso de desinstitucionalización con el objetivo de que los sectores políticos, empresariales y mediáticos contrarios al expresidente Rafael Correa puedan dirigir sin mayores limitaciones”, explicó.
Así, la destitución de la vicepresidenta, más que un precedente, a nivel de la política interna ecuatoriana, “marca una continuidad con el referido proceso de desinstitucionalización”, agregó Calcaño. A su juicio, “es una aberración jurídica indefendible”.
Cuestionado sobre por qué la situación escaló hasta buscar la destitución, Calcaño respondió, sin titubear, que es la forma para que Noboa “no tenga que cederle la presidencia una vez inicie su campaña por la reelección como manda la Constitución”.
La suspensión contra Abad fue la segunda sanción contra la funcionaria en menos de una semana. La vicepresidenta también recibió una multa de US$8.500 por parte del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador (TCE), el pasado 5 de noviembre, por hacer campaña electoral anticipada en 2023 cuando era candidata a la alcaldía de la ciudad de Cuenca.
También en el TCE está pendiente de resolver las contrademandas que se han interpuesto Abad y el Gobierno de Noboa con acusaciones mutuas de presunta violencia de género, que pueden derivar en una eventual inhabilitación y destitución de las autoridades involucradas.
El 11 de noviembre se dio a conocer que la ministra de Planificación, Sariha Moya, “será la nueva vicepresidenta encargada en el gobierno de Daniel Noboa”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado. Apelaron a que, de acuerdo a la Carta Magna, se establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.
Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, comenzará la nueva campaña en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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