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Si usted no ha exigido una reforma a la fuerza policial con vehemencia, puede que este artículo ayude a que cambie de parecer y ahora la incluya dentro de las demandas a su Gobierno.
Para septiembre de 2020, varias firmas de consultoría proyectaron que el costo de los daños causados por los disturbios y saqueos de junio de ese año en Estados Unidos –que opacaron las protestas pacíficas por la muerte de George Floyd– era de por lo menos mil millones de dólares: un récord para la nación.
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Esa cifra astronómica fue replicada por varios medios de comunicación, contribuyendo a que la ciudadanía desvíe la atención del problema central (la mala conducta policial) y se concentre en el vandalismo –que cabe resaltar es reprochable–, porque preveía que terminaría pagando por los vidrios que alguien más rompió.
La ciudadanía, en efecto, paga por el vandalismo, pero, ¿se ha preguntado cuánto les cuesta la violencia policial a sus bolsillos? La cifra de la mala conducta de la policía incluso puede ser más grande que la que dejan las ventanas rotas. Y, al igual que los daños a propiedad pública y privada, es el contribuyente con sus impuestos el que termina pagando las indemnizaciones a las familias de civiles que fueron asesinados o heridos por la policía. Es decir, usted también está pagando por algo que no hizo.
Minneápolis, por ejemplo, le pagará US$27 millones a la familia de Floyd para resolver la demanda civil por su asesinato. Ese monto es un récord para la nación y sale de los bolsillos de los minneapolitanos. El Ayuntamiento ha gastado por lo menos US$71 millones en acuerdos para cerrar demandas civiles en los últimos 15 años, dinero que pudo ser para obras de la ciudad.
Lo más grave de esta situación es que, como no hay una base de datos transparente, los ciudadanos no se dan cuenta de toda la carga que terminan absorbiendo. Los estadounidenses pagan por los abogados para defender a los policías y luego por el acuerdo con las familias víctimas, sin notarlo.
“La mayoría de los ciudadanos no tienen idea de lo que la mala conducta de la policía realmente les cuesta a sus ciudades”, le dijo Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía, a The Washington Post.
Las ciudades han gastado más de US$3.000 millones para resolver demandas por mala conducta policial en los últimos diez años, según datos recopilados por el portal FiveThirtyEight. Nueva York, que cuenta con la fuerza policial más grande del país, es la que más ha gastado en acuerdos por mala conducta policial, con un total de US$1.704’120.487, un promedio de US$170 millones al año. Sobre Nueva York también cabe destacar el caso de Joseph Cruzado, uno de los oficiales estrella del Departamento de Policía de la ciudad. Nada más él les ha costado a los neoyorquinos 2,5 millones de dólares en acuerdos por mala conducta.
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Y ojo, que es apenas una estimación. Muchas ciudades no llevan el registro o los acuerdos se logran en secreto, otras complican la tarea a los periodistas al enviarles datos incompletos o folios de documentos que son imposibles de analizar para una sola persona. Incluso el FBI tiene problemas para acceder a esta información.
¿Por qué hay tantas trabas para que los datos estén disponibles de una forma clara? Exponer el costo financiero de la brutalidad policial y las malas conductas de la fuerza pública podría llevar a que la ciudadanía exija una reforma de inmediato, y los sindicatos de policía y políticos del Partido Republicano que dominan las legislaturas estatales no quieren eso. Estos optan porque siga dominando el discurso de las “manzanas podridas” para tapar el problema real en la institución.
Ahora, hay que destacar que la ciudadanía no sólo paga por la mala conducta policial. Cuando los fondos destinados en un año fiscal para resolver los casos se agotan, se toma dinero de programas para comunidades pobres o se suben los impuestos, como señaló un estudio del Centro de Acción sobre Raza y Economía. Hay todo un negocio detrás de la violencia policial.
En palabras más sencillas, tomando el caso de Belén en el estado de Pensilvania como referencia: la comunidad afro, por ejemplo, no solo es víctima del abuso de la policía, sino que termina pagando por los casos de violencia homicida de sus bolsillos, pues le arrebatan dinero que está destinado a su progreso. Cabe destacar que en 1983 la ciudad de South Tucson, en Arizona, quebró luego de que el Ayuntamiento de la ciudad tuvo que pagar un acuerdo por mala conducta policial.
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Y como explica el representante demócrata Don Beyer, “no se puede administrar lo que no se mide”. Es decir, sin un análisis detallado y sin transparencia no se puede dar una solución al problema. Los casos de abuso policial seguirán existiendo mientras el dinero para costear las demandas continúe fluyendo en silencio. Acá cabe destacar una cifra aterradora: durante 2020 la policía mató a 1.127 personas en Estados Unidos, según Mapping Police Violence, organización que rastrea los casos de violencia policial y que apunta, con evidencia, que la respuesta de la policía a menudo no se ajusta a la situación a la que contesta.
Por último, cabe resaltar que, contrario a lo que algunos activistas promocionan, la desfinanciación de la policía no es la respuesta al problema, sino todo lo contrario. Si le quitamos dinero a la policía esto no impedirá que haya demandas contra esta, pero sí hará que los fondos para resolver los pleitos no salgan de la institución, sino de otro lado a través de una figura de bonos que manejan las ciudades, como en el caso de Belén. Lo que se necesita, entonces, es que haya más fondos para capacitar a la policía y reforzar el apoyo en aspectos como la salud mental para reducir el número de casos de mala conducta.
El debate sobre la mala conducta policial se ha centrado sobre cambiar las políticas del uso de la fuerza y eliminar los estrangulamientos y los perfiles raciales de los departamentos. Sin embargo, un punto clave del que no se habla mucho es la necesidad de crear una base de datos transparente sobre las acusaciones de mala conducta policial. La ciudadanía necesita saber cuánto le cuestan las demandas civiles. Chicago, una de las ciudades con mayor violencia policial, lo está intentando, aunque con pasos muy cortos: recogerá datos que se remontan a después del año 2000. Urge una acción a nivel federal. El senador Tim Kaine y el representante Don Beyer están promoviendo un proyecto de ley para crear una base de datos que reporte todos los juicios y acuerdos relacionados por la policía al Departamento de Justicia.
“Este proyecto de ley está abordando temas extremadamente importantes. Con demasiada frecuencia, los gobiernos locales tratan las demandas por derechos civiles simplemente como el costo de hacer negocios. Los casos son defendidos por las oficinas de los abogados de la ciudad, el dinero de los fondos centrales se gasta para resolver los casos y no se hace ningún esfuerzo para recopilar y analizar la información de esas demandas de manera que pueda reducir la probabilidad de daños futuros”, le dijo Joanna C. Schwartz, profesora de derecho de UCLA, a The Washington Post.
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Exponer el costo de la violencia policial es una ruta viable para lograr más apoyo a una reforma estructural a la institución. Por ahora, apuntar a un cambio en las políticas de uso de la fuerza ha demostrado ser ineficaz. Un año después del estrangulamiento de Floyd, cuyas imágenes recorrieron el mundo, el Congreso no ha podido aprobar una ley que lleva su nombre para prohibir el tipo de acciones que fueron usadas en su contra.
El presidente Joe Biden se reunirá este martes con la familia Floyd sin poder presentar avances sobre el problema de la violencia policial a nivel federal. Aunque se aprobaron 140 leyes de supervisión del comportamiento policial en los 50 estados, tan solo durante el juicio contra el exoficial Derek Chauvin por la muerte de Floyd más de 64 personas murieron a manos de la policía. Más demandas están por venir.
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