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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué se dice que en Ecuador entraron en una nueva crisis democrática? ¿Por qué el presidente Guillermo Lasso se enfrentaba a un juicio que buscaba destituirlo si se comprobaba la malversación de dineros públicos a su cargo? ¿Qué es la muerte cruzada? ¿Es, según los datos y los analistas, la peor crisis política en los últimos 40 años que ha podido vivir un país vecino de Colombia? Pues en este boletín de noticias, con la ayuda de todos los contenidos que ha publicado la redacción Internacional, explicaremos lo que pasó, lo que está pasando y lo que se cree que sucederá en la administración del país vecino. Recuerden entrar a todos los enlaces para entender cada detalle de la información, no sin antes advertir que todo el cubrimiento de las reformas que se están haciendo en Colombia está aquí, el problema con el gas natural, los temas de las negociaciones con los distintos grupos armados ilegales aquí y también la búsqueda de los niños en la que trabajan no solo grupos de militares sino también indígenas que conocen la selva. Comencemos.
Vayamos un poco atrás. El pasado 14 de marzo leímos un titular que decía: Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, es investigado por corrupción. Se trataba de una delicada indagación en contra de este banquero y empresario, quien aparecía relacionado con presuntos actos de corrupción en empresas públicas y, para sumar, también con nexos en una red de narcotráfico. Lasso aceptó que la Fiscalía hiciera su trabajo, desde su equipo de comunicaciones dejaron claro que no encubrirían a nadie y que tampoco se había revelado información reservada que se le había entregado al alto mandatario. Para ese mismo instante, Lasso pidió también la “desvinculación de dos generales de las filas de la Policía”.
La suma de noticias negativas iba dejando huella. Con dos de los cuatro años de mandato, el panorama se veía así: la imagen positiva del presidente no lograba ni superar el 20%; un poco más del 60% de la población ecuatoriana tenía una percepción pesimista de la economía, a pesar de que la inflación no se veía tan mal como en otros países de la región, la situación económica, en general, no se ha podido recuperar del descalabro de los precios del petróleo en el 2014, luego la pandemia y para sumar la gigante deuda con el Fondo Monetario Internacional, todo un cúmulo de hechos que han venido desencadenando inseguridad alimentaria, informalidad laboral, deserción escolar y migración forzada. En abril el secretario nacional de Seguridad, Diego Ordóñez, presentó su renuncia por la creciente ola de violencia e inseguridad.
En paralelo, ya venía cursando otra investigación de gran ‘calao’ con Lasso como protagonista. Sucedió que en 2018 fue firmado un contrato entre “la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con la comercializadora internacional de petróleo Amazonas Tanker para transportar combustibles en sus buques”. Lasso llegó al poder en el 2021, pero se le acusa de ser negligente por no cancelar dicho contrato, permitiendo que una supuesta red de corrupción estatal se siguiera lucrando de los dineros públicos. En el fondo, de acuerdo con las denuncias que se hicieron en el vecino país, Amazonas Tamker cobraba una tarifa diaria más alta de lo que cobraban sus competidores, generando un detrimento evidente en las cuentas estatales. Incluso se habló de seis millones de dólares en pérdidas. Pero Lasso ha dicho lo contrario: que él no debe asumir responsabilidades políticas por contratos anteriores a su gobierno y que Flopec ha tenido ganancias récord gracias a cambios hechos durante su administración. Sus opositores directos y quienes han encendido la llama de este caso, son el partido Revolución Ciudadana -del expresidente Rafael Correa-, y el Partido Socialista Cristiano, además del partido indígena Pachakutik.
Y, en medio de esa realidad, la Corte Constitucional decidió admitir el trámite de juicio político de censura que se debatiría en la Asamblea Nacional (Parlamento), hasta donde llegó la acusación de peculado tras la denuncia del contrato en Flopec y por la decisión de Lasso de prorrogar dicho contrato. La oposición necesitaría la mayoría de los votos y, de acuerdo con los analistas, esa cifra podría ser superada, pues en dicha asamblea precisamente la oposición era mayoría:
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El 9 de mayo el presidente Lasso fue llamado a juicio político por parte de la Asamblea de Ecuador. “El clima es tenso. El Gobierno ha jugado a ensuciar el procedimiento: en el último mes, se ha dedicado a ofrecer cargos a asambleístas, quienes finalmente han terminado desafiliándose de sus partidos, de sus bloques, y eso ha elevado la incertidumbre. Además, ha hablado de un golpe de Estado, que es completamente fuera de lugar, pues el juicio político es una figura parlamentaria que está en la Constitución y que ha pasado por todos los filtros institucionales: primero, el debate en la Asamblea Nacional; luego el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es más bien cercana a Lasso, y, finalmente, el voto en el pleno de la Asamblea”, le dijo a El Espectador, Franklin Ramírez, profesor del programa de sociología política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede Ecuador.
Para ese instante la lectura de varios analistas coincidía tras proyectar distintos escenarios que se terminaban encontrando: si Lasso salía de su cargo, por el juicio o por la figura llamada muerte cruzada, con lo que se disolvería precisamente a la Asamblea y se convocaría a unas nuevas elecciones, ¿qué podría pasar? Si esas elecciones las ganaran sus contradictores, solo gobernarían un poco más de un año y, políticamente, sería un periodo muy corto en medio de tanta turbulencia para salir bien librados. Un costo político elevado. Y todo esto ante una evidente realidad: la gente -por lo menos toda la que ha venido protestando al frente de la Asamblea-, no esperaría nada distinto a la salida de Lasso por la ya pública investigación de corrupción. Es, dicho en otras palabras, un laberinto en busca de una salida difícil de encontrar.
El domingo 14 de mayo se supo que las Asamblea había citado para el martes 16 a sus 137 miembros para iniciar el juicio político al presidente Lasso. De acuerdo con la agencia AFP, “el Legislativo, en el que la oposición es mayoría pero está dispersa, requiere 92 votos (las dos terceras partes) para destituir al gobernante ya sea por delitos contra la seguridad del Estado, relacionados con hechos de corrupción -que es lo que compete en este caso-”, aunque la misma figura también se puede aplicar para casos de genocidio y desaparición de personas, de acuerdo con la Constitución de ese país.
A Lasso no le quedaba de otra que asistir al llamado de la Asamblea para dar su versión de los hechos, mientras la oposición, que ha llevado la denuncia hasta la más alta instancia, haría lo propio. Justo era la agencia AFP quien detallaba que si Lasso salía mal librado y era “censurado”, entonces “se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que en 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933)”. Y si eso sucedía, Lasso sería “reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero, con quien fue elegido en binomio”. En ese escenario, Borrero debería completar el actual período de cuatro años, no sin antes presentar ante el Congreso una terna para la designación de un vicepresidente”.
Lasso, por su parte, podría usar ante una eventual votación en su contra y previo a ella, la ya mencionada “muerte cruzada”. ¿Qué se decía sobre ello? “Sería notoriamente una irresponsabilidad política del presidente la mal llamada ‘muerte cruzada’. Es decir, para evitar su destitución, permanece en el cargo tres o cinco meses más, dependiendo si hay o no segunda vuelta presidencial, y le entrega la banda presidencial a alguien de izquierda”, decía el constitucionalista y analista político Rafael Oyarte a la agencia AFP.
Y así llegamos al día del juicio político donde hubo de todo un poco: marchas también a favor de Lasso, amenazas de disolución de la Asamblea, un lado que defendía al mandatario mientras otro decía que era el peor presidente desde su historia republicana, hasta que se dio lo que varios analistas creían posible:
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De los caminos posibles, Lasso se fue adelante: “Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, dijo el mandatario una vez tomó la decisión de disolver a la Asamblea. Sucedió entonces que ya nadie pudo entrar al recinto del Parlamento y, por ende, no se pudo dar continuidad al juicio político en contra de Lasso. Argumentó “grave crisis política y conmoción interna”.
¿Qué es la “muerte cruzada”? El movimiento ordenado por Lasso se conoce como “muerte cruzada”, donde disuelve el Congreso, pero también obliga al presidente a dejar su cargo. De ahí, el nombre que se le da al mecanismo. Esto implica, también, que se deberá convocar a elecciones anticipadas.
¿Ahora qué se viene? “Convocar a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que está por la mitad de su periodo. Las elecciones deben realizarse en un lapso de seis meses. Hasta la instalación de la nueva Asamblea, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, con el visto bueno de la Corte Constitucional”, explicó la redacción Internacional de El Espectador. Haciendo una analogía, esto se entendió como un “suicidio político” de lado y lado que ahora obliga a los ecuatorianos a vivir dos procesos electorales en muy corto tiempo, pues deberán enfrentarse a uno en lo que queda de este año y uno más a comienzos del 2025. Por eso desde ese mismo instante los críticos del gobierno advirtieron que con la potestad de gobernar por medio de decretos, Ecuador se estaba enfrentando a un “escenario de dictadura”.
Aquí la particularidad es que Lasso y los y las asambleístas se pueden presentar a dichas elecciones, sin considerarse reelección, aunque la realidad política evidencia que el primer mandatario no goza de mucho respaldo, pues en las más recientes elecciones regionales las mayorías las alcanzó el correísmo, que es su opositor directo. Por eso resulta determinante las decisiones que tome Lasso ahora que está gobernando por medio de decretos. El pasado miércoles el mandatario firmó la “Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar”, que fue presentada como una medida de carácter económico que pretende “fortalecer la economía familiar y de los negocios populares”, pero que de acuerdo con el diario El Comercio también incluye artículos que dan vía libre a que se lleve a cabo una reforma tributaria en el país, como por ejemplo el impuesto único del 15% para plataformas de apuestas deportivas en línea o la modificación “al Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (en donde) se reduce el impuesto y se lo hace más progresivo para los negocios populares”. Ahora está en manos de la Corte dar o no vía libre al primer decreto de Lasso tras disolver a la Asamblea.
El editorial de El Espectador invitaba a un análisis con espejo retrovisor: “Pese a la aparente legalidad, la actuación de Lasso es un claro golpe a las instituciones. El artículo de la Constitución invocado fue puesto allí bajo el liderazgo de Correa, quien fue un presidente con sus propias ambiciones autoritarias y profunda desconfianza de la división de poderes. Que ahora lo utilice un mandatario que hizo campaña bajo la defensa de la democracia y presentándose como la oposición a los métodos correístas es irónico. No había conmoción interior en el país, solo crisis política generada por un presidente débil que no logró obtener mayorías en el Legislativo. Por fortuna, es necesario convocar a elecciones y todos los decretos-ley de estos seis meses serán revisados por la Corte Constitucional, pero la situación hace dudar de la estabilidad democrática del país vecino”.
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¿Se pondrá en peligro la estabilidad?
María Alejandra Medina, editora Internacional de El Espectador, entrevistó a Ignacio Labaqui, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y analista político de Medley Advisors. Su lectura sobre lo que pasó en Perú y ahora mismo en Ecuador fue más que clara: “En ambos casos (Perú y Ecuador) lo que se ve es un problema de presidentes débiles, que tienen asambleas legislativas muy fragmentadas y que llegan con poco poder a la Presidencia”.
Sobre la democracia, Labaqui dijo: “Es un muy mal momento para la democracia y no lo digo yo porque sea mi idea, sino que si uno mira el reporte de democracia que hace el instituto sueco todos los años se ve que la democracia está en un muy mal momento a nivel global y América Latina no es la excepción. Uno, no me preocuparía tanto el hecho de que haya presidentes que no terminen el mandato por causa de juicio político o porque renuncian ante la perspectiva de un juicio político. Eso viene ocurriendo desde hace rato en la región. Me preocuparía si los presidentes no terminan el mandato por golpes militares, y eso ha sido la excepción antes que la regla en los últimos 40 años. Me preocupa que hay un fuerte descontento ciudadano por el funcionamiento de la democracia. Eso se traduce en que aparezcan estos personajes, por izquierda o por derecha, con un discurso que enfatiza en una suerte de refundación. Chávez fue un ejemplo de eso, Bolsonaro también. Pero no hablo solo de “outsiders”, sino también políticos tradicionales, como Andrés Manuel López Obrador”.
Por ahora ya se confirmaron varios hechos en Ecuador. Pablo Arosemena, ministro de Economía y miembro del gabinete político de Lasso, dijo que el primer decreto ya fue recibido por la Corte Constitucional para su revisión y aprobación. Y que, en lo que respecta a su cartera, en los próximos días se espera que “se suscriban otras nuevas normas”, es decir, que vienen más decretos con impacto económico. Se sabe, también confirmado, que las elecciones serán el 20 de agosto y “la entrega de credenciales a los asambleístas está prevista para el 26 de octubre, de acuerdo con el calendario difundido a la prensa por el CNE”.
Está claro que las relaciones entre en Ejecutivo y el Legislativo están más destruidas que nunca, que lo que se viene en materia de gobernabilidad será tanto o más complicado que lo que se ha vivido en estos dos años de gobierno y que, además, hay que tener presente qué va a suceder en las relaciones binacionales entre Ecuador y Colombia, pues en el XI Gabinete Binacional Colombia – Ecuador se habló de siete ejes: seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales y el Plan Binacional de Integración Fronteriza, todos necesarios para el crecimiento de las dos naciones pero por ahora en stand-by hasta que se decante más la situación en el país vecino porque hay varios asuntos también de fondo que convocan a los dos países, como la protección de la selva amazónica, la transición energética, la migración y la conectividad por la Vía Panamericana.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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