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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué está sucediendo en Ecuador como para que un candidato a la presidencia fuera asesinado? ¿Qué dicen los expertos en seguridad sobre el temor y la violencia que se vive en el país vecino? ¿Qué papel juega el narcotráfico en esta ola de pánico que este martes cobró la vida de otro dirigente político también en hechos violentos? ¿Por qué han comparado al Ecuador de hoy con la Colombia de los 80 y comienzos de los 90? ¿Está la delincuencia organizada transnacional relacionada de manera directa con esta criminalidad? ¿Por qué aparecieron, como cuando el mundo se enteró del asesinato del presidente de Haití, un grupo de colombianos sindicados de participar en este crimen? Muchas son las preguntas y para contestarlas construimos este resumen, con ayuda de la sección Internacional, dedicado a lo que se está viviendo en el país liderado por Guillermo Lasso. Comencemos:
Miércoles 9 de agosto. “Asesinan a tiros al candidato presidencial Fernando Villavicencio”, se leía en el titular que se distribuía rápidamente por la agencia AFP y que se publicaba en El Espectador. Era “segundo en las encuestas con el 13,2 % de la intención de voto. Fue baleado en un evento político en Quito”, apuntaban renglones después. “Los familiares tenemos que presenciar esta situación indescriptible, que en estos momentos pase esta situación insostenible, insoportable, recibir la noticia de que mi sobrino acaba de fallecer aquí en la Clínica de la Mujer”, dijo Galo Valencia, tío de Villavicencio.
Estados Unidos, España, Chile, la Unión Europea y la misión de observadores de la OEA condenaron por separado el crimen, que fue tildado de “detestable” y “salvaje”. Tan solo el año pasado las autoridades registraron 4.500 asesinatos vinculados con crímenes de la mafia e incautaron más de 210 toneladas. Cifras récord.
¿Qué pasa en Ecuador? La inseguridad, una de las banderas de todos los candidatos, está en el centro de todo esto pues la promesa de los políticos es combatir precisamente esa situación: “En 2022 los asesinatos casi se duplicaron con respecto al año anterior, 25 por cada 100.000 habitantes, y para 2023 pasaría a una tasa de hasta 40, según proyecciones de expertos”, contaba la AFP. “A la muerte de Villavicencio se suman los recientes asesinatos de un alcalde y un aspirante a asambleísta, intimidaciones contra un candidato presidencial, otros homicidios y una masacre carcelaria que dejó más de una decena de muertos atizan el clima de inseguridad”, lo que llevó al país a atravesar por declaraciones de “estado de excepción” con la finalidad de movilizar militares en las calles para tratar de controlar la violencia.
Carla Álvarez, experta en seguridad, le decía a la agencia internacional de noticias que “esta ola de violencia genera el caldo de cultivo perfecto para populismos seguritistas. Por eso, la campaña tiene como punta de lanza temas relacionados con seguridad, y todos o la mayoría de los candidatos hablan de una estrategia de mano dura como única solución”. Así que, ¿qué decía el presidente de Ecuador en medio de toda esta tragedia? ¿Cómo reaccionaba la región a este hecho violento? ¿Qué dijeron los otros candidatos? ¿Qué pedía la gente ante el magnicidio? ¿Qué se sabía de los asesinos? ¿Cómo entraba Estados Unidos en todo esto?:
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¿Quién era Fernando Villavicencio? Tenía 59 años, era uno de los 8 candidatos a la presidencia de Ecuador en medio de unas elecciones atípicas que serán el próximo 20 de agosto y se ubicaba como el segundo más opcionado de acuerdo con las encuestas. Periodista y exasambleísta, estaba “auspiciado por los movimientos Construye y Gente Buena”, identificado como de centro; fue una figura clave en todas las denuncias de actos de corrupción estatal en Ecuador que llevaron ante la justicia al expresidente Rafael Correa. Tuvo que huir cuando el Gobierno de turno lo acusó de injuriar a Correa y de revelar información de correos electrónicos hackeados y que eran las pruebas de la corrupción en negocios petroleros. Regresó al país con los cambios de administración. Fue el mayor de 6 hermanos, creció en el campo, migró a Quito, trabajó desde muy joven “pelando pescado”, de “mesero; fue empleado en el área de relaciones comunitarias de la estatal Petroecuador, pero paradójicamente era crítico de los impactos de esta industria. Conoció al detalle ese sector económico. Salió a ejercer el periodismo informado sobre la adjudicación de 21 pozos petroleros a empresas extranjeras y cuando llegó a la Asamblea Nacional, lideró la Comisión de Fiscalización desde donde llamaron a juicio político al presidente Guillermo Lasso “por un supuesto caso de corrupción”.
“Les va a caer todo el peso de la ley”, se trató de “crimen organizado”, dijo el presidente Guillermo Lasso, refiriéndose al asesinato. En total fueron nueve personas heridas en medio del ataque violento, donde se registraron a dos policías y una asambleísta por cuenta del cruce de disparos. Para el jueves 10 de agosto ya se sabía de seis personas capturadas, según la Fiscalía. “La fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables”, advirtió el Consejo Nacional Electoral (CNE). Se decretó estado de excepción por 60 días para poder movilizar a la fuerza pública y se declaró tres días de luto nacional “para honrar la memoria de un patriota”. Lasso dijo: “Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral”.
El diario El Universo, el principal del país, señaló que Villavicencio fue asesinado “al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza”. La policía detonó un artefacto explosivo hallado en el sitio del atentado.
¿Y cómo conecta este crimen con la ola de violencia que se vive en Ecuador, con el narcotráfico y ahora con capos mexicanos? Vamos por partes. “Ecuador es uno de los lugares más violentos de la región”, escribía María Alejandra Medina, de la sección Internacional, en este texto. ¿Por qué? Porque hay una disputa por el control sobre la distribución y la exportación de droga, especialmente de cocaína. ¿De dónde viene todo esto? Lo explicaba Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el texto escrito por María Alejandra, de manera concreta. Se refirió a la proximidad con los principales productores de coca -Colombia y Perú-, donde Ecuador, desde los años 80, fue clave para el negocio como proveedor de precursores químicos para la producción de cocaína. A eso se sumó el papel de corredor de producción, intermediario con carteles mejicanos, la dolarización de la economía y el escenario atractivo para lavar dinero. Las zonas portuarias se convirtieron en escenarios de guerra. Los capos llevaron el negocio a las cárceles -como Jalisco Nueva Generación- y desde allí empezaron a operar las redes de crimen, desbordadas por la cantidad de capturas asociadas a “delitos no violentos relacionados con las drogas”.
¿Se disparó la violencia? Los datos responden: “como señala un informe de Crisis Group, con el salto de 180 % en el número de asesinatos que ya se reportaba entre 2020 y 2021 (para un total de 3.538), la Policía ha atribuido el 80 % de esas muertes a choques entre grupos criminales que se disputan el control sobre la distribución y la exportación de droga”. Y, “en cuestión de 12 meses, Ecuador vio un salto de 86 % en su tasa de homicidios, con 25,9 por cada 100.000 habitantes al cierre de 2022, según cálculos de InsightCrime. Esto, en un total de 4.603 asesinatos. Su tasa solo es superada por Colombia (26,2), Honduras (35,8) y Venezuela (40,4)”.
La población carcelaria en Ecuador pasó de 11.000 a 40.000 entre 2009 y 2021, según datos citados por Crisis Group. Según un informe de Human Rights Watch, citado por Crisis Group, “muchos detenidos, incluidos los que se encuentran en prisión preventiva o los condenados por delitos menores, se ven obligados a trabajar con grupos del crimen organizado para proteger su propia integridad física o acceder a artículos de primera necesidad, como colchones, ropa de cama y artículos de salud”.
Entonces la redacción Internacional nos recordó que el mismo Villavicencio había denunciado, en varias ocasiones, amenazas: “El Cartel de Sinaloa, y me refiero a alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia de que, si sigo refiriéndome a él y su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”. También, en otras entrevistas, aseguró que el crimen organizado y autoridades gubernamentales “tenían vínculos”.
Alias Fito, según medios de comunicación en Ecuador como Primicias, tiene un prontuario grande. Su nombre es José Adolfo Macías Villamar, es el líder de banda criminal Los Choneros, tiene 42 años, detallaba dicho medio de comunicación, y fue condenado a 34 años de prisión por robo, asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico. Ha tratado de conseguir su libertad, “luego de que un juez le extinguiera cuatro penas en marzo de este año. Según Primicias, durante su paso por la cárcel, alias Fito se graduó como abogado e hizo un diplomado en Derecho Penal y su banda tiene vínculos con el cartel de Sinaloa. También serían los hombres que “estuvieron detrás de los enfrentamientos más sangrientos en las prisiones de El Litoral y otras de Guayaquil”.
Ahora, en toda esta construcción de la historia, ¿por qué se decía que querían atentar en su contra? Se cree que tiene relación con que Villavicencio, en sus estrategias para enfrentar la delincuencia, dijo “que si llegaba a ser presidente construiría una cárcel de altísima seguridad para encerrar a los delincuentes más buscados del país”. El Universal de Guayaquil también detallaba que “una de sus propuestas era aplicar un Plan Nacional Antiterrorista, que comenzaba identificando las estructuras más peligrosas que operan en el país: narcotráfico, minería ilegal, corrupción, sobornos que están vinculadas entre sí con la política para combatirlas”.
Por un lado, la investigación iba dando los primeros resultados; por otro y escarbando en la memoria nos recordaban que Villavicencio denunció presuntas conexiones entre Nicolás Petro y Raisa Vulgarin, aspirante a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana, con acusaciones como “blanqueamiento” de dinero. Los Lobos, catalogada por Insight Crime como “la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país” y que ha “participado en varias sangrientas masacres carcelarias en Ecuador, que dejaron más de 315 reclusos muertos solo en 2021″ negaba estar detrás del asesinato:
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¿Cómo se leía esta realidad desde Quito? María José Barrios, de la sección Internacional, entrevistó a la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade: “Ecuador tocó fondo”, dijo. Y soltó una opinión que refleja, en su consideración, la realidad que vive Ecuador y el por qué la situación es tan difícil de manejar: “En este momento no existe confianza en las instituciones, se ha demostrado un nivel de impunidad, de encubrir a los verdaderos responsables, sobre todo conectados con el nivel político, de toma de decisiones. Esperamos que se desarrolle una investigación transparente que nos muestre cuáles son los vínculos con el narcotráfico, con la delincuencia organizada, con los espacios de poder, con el sistema de justicia, con el sistema judicial. Ese es el objetivo, porque estamos ante un hecho de violencia política que nos muestra que la criminalidad ha penetrado en los diferentes niveles del Estado”. Para sumar, dijo: “No olvidemos que la fuerza pública, policía y demás, también estén muy probablemente involucrados con temas de delincuencia organizada. Así que esto tiene que tener una salida democrática en las urnas y no una salida militar como algunos sectores lo están proponiendo con un gobierno militarizado”.
Sobre la comparación de Colombia en los 80 y 90 con el Ecuador de hoy, sobre el papel que termina jugando la plata que viene del narcotráfico en las calles de un país, Barrios respondió: “Así como Colombia en su momento tomó decisiones radicales en el sistema de justicia, en el sistema político y sobre todo en la fuerza pública, aquí todavía no hay esa conciencia, la clase política no se da cuenta de lo que significa esta economía criminal, el nivel de recursos que maneja y todavía no mira cómo esto puede afectar a la democracia, el país y el Estado”.
Pero la lectura de Mauricio Jaramillo, internacionalista y profesor de la Universidad del Rosario con maestría en Seguridad Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, es otra. De acuerdo con el texto escrito por Camilo Gómez, de la sección Internacional, para Jaramillo hay diferencias que hacen engañosa la comparación. El primero es la sistematicidad. En Ecuador, lo sistemático son las masacres en las calles. “Todavía no hay un patrón de violencia político tan marcado”. “Todavía no sabemos si el asesinato de Villavicencio se dio como parte de una conspiración como en el caso colombiano”. Y también en ese análisis nos soltaron una comparación basada en datos: “En la década de los 80, Colombia alcanzó una tasa de homicidios que rozaba las 90 muertes por cada 100.000 habitantes. Ecuador, de momento, maneja cifras de 25 muertes por cada 100.000 habitantes”. La otra es que “Colombia, en la década de los 80 era de todo: productora, había consumo, había exportación y tenía los grandes carteles. Ecuador va apenas en esa transición”.
El 10 de agosto se conoció un nuevo resultado de la investigación: “Los seis detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio son colombianos”. “Los detenidos son: Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmin Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez Gomgora. Según la Policía, dos de los capturados fueron detenidos minutos después del atentado, mientras que los otros cuatro estaban en otros lugares de Quito. A ellos se les incautaron armas de fuego, entre fusiles, una subametralladora y varias pistolas. La Policía también encontró granadas”, contó la redacción Judicial.
El asesinato de Fernando Villavicencio y las elecciones ecuatorianas de 2023
El caso, tejido poco a poco, permitió conectar varios hechos de investigación viejos, pues de acuerdo con colegas de Judicial, existe una relación de la banda criminal que al parecer está detrás del crimen de Villavicencio, con grupos armados colombianos: “El autor fue el grupo criminal conocido como los Choneros, liderados por alias Fito, una de las organizaciones más peligrosas de Ecuador, que tiene el control de las prisiones desde donde ordena acciones criminales y serían el brazo ecuatoriano armado del Cartel de Sinaloa, el grupo narcotraficante mexicano que financia a varios grupos criminales en Suramérica para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos o Europa”.
Nos contaron que “según fuentes de inteligencia de la Policía, esta organización criminal lleva varios años teniendo alianzas con grupos armados en Colombia, principalmente con las disidencias de las Farc. Informes conocidos por El Espectador señalan que los Choneros tienen una alianza con los Comandos de la Frontera. Se trata de un grupo armado que delinque en Putumayo —departamento fronterizo con Ecuador— que está integrado por los frentes 48 y 32 de las disidencias de las Farc, con la banda criminal sucesora del paramilitarismo La Constru, todos grupos armados que desde hace varios años delinquen en esta zona del país y del lado ecuatoriano de la frontera. Lo que ha determinado el Ejército colombiano y la Policía es que las disidencias cuidan los laboratorios de procesamiento de cocaína y controlan los cultivos de uso ilícito en el departamento, los cuales mantienen en disputa con otra disidencia, el autodenominado Frente Carolina Ramírez. Por su parte, La Constru, que surgió después de la desmovilización de los paramilitares del Putumayo en 2006, es la que, según fuentes en terreno, tiene los enlaces con las mafias internacionales, como el Cartel de Sinaloa, que también trabaja de la mano con los Choneros en Ecuador”.
El equipo de Judicial también nos recordó que Villavicencio, por años, hizo denuncias en contra de la senadora colombiana Piedad Córdoba y su relación con Alex Saab, denuncias que están en poder de la Corte Suprema en Colombia. En los antecedentes de los colombianos acusados por el asesinato se leía tráfico de armas y homicidio agravado; y el FBI, de Estados Unidos, anunciaba su llegada a Ecuador para tratar de buscar respuestas:
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Fernando Villavicencio y su rol en el caso de Piedad Córdoba y Alex Saab
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A los colombianos vinculados con el asesinato se les envió a prisión provisional, mientras se confirmaba que el sospechoso que murió el mismo día del magnicidio también era colombiano. Era imposible no recordar el actuar armado que han tenido personas de nuestro país en hechos violentos como la muerte del presidente de Haití, Jovenel Moise; del fiscal paraguayo anticorrupción Marcelo Pecci, asesinado en Barú, y ahora de Fernando Villavicencio. Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), la sostenida guerra nacional, las difíciles condiciones económicas para los soldados retirados y el entrenamiento militar importado de Estados Unidos han posicionado a Colombia como uno de los principales proveedores de mercenarios al mundo.
Para el 11 de agosto, una fuente en Colombia consultada por El Espectador parecía darle un giro a la investigación que, por ahora, sigue en curso: “Cuatro de los seis (capturados) no tenían su situación migratoria regulada en Ecuador. Aparentemente, la banda de los Lobos los habría contratado para ejecutar el crimen, pero ese grupo criminal no sería el autor intelectual. Habría más gente atrás de este crimen”. Sí, los mismos que en un video dijeron no tener que ver con el asesinato. Se supo también que dos de ellos entraron hace pocos días al país vecino y que entre todos los delitos que han cometido estos seis sindicados, de acuerdo a lo que aparece en el sistema de la Rama Judicial colombiana, están hurto calificado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El único que no registra antecedentes es Jhon Gregore Rodríguez Góngora.
Seguridad EcuadorEl 12 de agosto, durante el funeral de Fernando Villavicencio, su madre lo despidió: “Sobre ese cuerpo noble dejas un legado perpetuo. ¡Carajo! Espero que Ecuador entero te remede y mejor que tú”. Ese mismo día, en la madrugada, se supo que con un operativo de más de 4.000 agentes de la fuerza pública, fue trasladado José Adolfo Macías, alias “Fito”, el jefe de la agrupación criminal Los Choneros, a quien se le acusa de estar directamente relacionado con la muerte de Villavicencio, pues el mismo candidato había expresado amenazas de este delincuente.
El 13 de agosto se supo que Christian Zurita, amigo de Fernando Villavicencio, y quien había hecho parte de las investigaciones por corrupción en contra Rafael Correa, reemplazaría a su compañero asesinado en el camino a la presidencia. El ministro del Interior, Juan Zapata, ha dicho que continúan investigando quién ordenó el asesinato. “Si nosotros no hemos puesto todavía el tema a qué GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) pertenecen” los asesinos, “es porque todavía seguimos con una línea investigativa”, agregó el funcionario.
La cruda realidad se sintió, una vez más, el día del debate presidencial, en donde los demás políticos que buscan llegar a la presidencia se hicieron presentes y, de pie, se vieron en la foto al lado del atril vacío que pertenecía al espacio de Villavicencio. Allí estuvieron “el ambientalista Yaku Pérez (de la alianza “Claro que se puede”), la correísta Luisa González (Revolución Ciudadana), el empresario Xavier Hervas (RETO), el exlegislador Daniel Noboa (ADN), el exvicepresidente Otto Sonnenholzner (Actuemos), el experto en seguridad Jan Topic (País sin miedo) y Bolívar Armijos (Amigo)”. La crítica generalizada fue en contra del gobierno actual, el de Guillermo Lasso. Hubo pocas menciones referentes al candidato asesinado.
Ahora, lo que se viene es una elección en medio de la tragedia, por el miedo y la zozobra. Primero, porque son atípicas, pues Lasso disolvió en el pasado mayo la Asamblea Nacional cataloga como opositora, en medio de un juicio político que enfrentaba por corrupción. Eso adelantó las elecciones para el 20 de agosto con una segunda vuelta para el 15 de octubre. Lasso, que estaba habilitado para buscar la reelección, decidió no participar. Se suma la ola de inseguridad, de violencia. Las elevadas cifras de asesinatos. La muerte de un candidato a la presidencia.
Hay teorías de conspiración. Muchas. Una de ellas, que el asesinato pudo venir de alas políticas, de sus contradictores. La otra, de quienes estuvieron en el objetivo de las denuncias de Villavicencio. Por ejemplo, para Luis Cardozo, director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central de Ecuador, quien le dijo a Camilo Gómez, no se puede olvidar que “el día anterior a su asesinato, Villavicencio denunció que cuando Jorge Glas fue vicepresidente, se le entregaron 20 campos petroleros con sobreprecio, causando un perjuicio de más de US$7 millones al Ecuador. A todas esas empresas transnacionales que tienen los contratos no les habrá caído nada bien esa noticia. Villavicencio dijo que revisaría los contratos si llegaba a la presidencia”. Entre tanto, la violencia no para. Pedro Briones, otro líder político, era asesinado el 14 de agosto:
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La situación en Ecuador es delicada. El dinero del narcotráfico parece corromper a muchas instituciones, a muchos funcionarios y funcionarias públicas. Lo hemos visto en Colombia. Lo hemos vivido de manera cercana. No hemos logrado separarnos de esa verdad y por eso las comparaciones de lo que sucede en ese país y en el nuestro salen a relucir. Las guerras entre carteles, entre bandas criminales, van dejando ríos de sangre. Y si esas guerras se vuelven trasnacionales, se necesita un trabajo gubernamental a nivel internacional. Se necesitan instituciones fuertes, adentro y afuera. El problema, para sumar, es que estas estructuras criminales parecen no tener fin. Si cae un cabecilla, al día siguiente ya está el reemplazo. Si llegan una elecciones, ejercen presión para influir en los resultados.
La justicia, ya lo decía la secretaria de Seguridad de Quito, Carolina Andrade, debe actuar, pero el reto está en que “en este momento no existe confianza en las instituciones, se ha demostrado un nivel de impunidad, de encubrir a los verdaderos responsables, sobre todo conectados con el nivel político”. Si unos pocos logran liderar un cambio estructural, hay que empezar poco a poco, porque también lo decía Andrade: “Aquí tenemos que mirar los diferentes niveles de penetración que tiene el crimen organizado en el sistema de justicia y el sistema político y cómo esto condujo al asesinato del candidato presidencial por sus posibles relacionamientos en diferentes niveles a nivel de las denuncias que presentaba, pero también por los intereses que podía afectar en otros espacios de poder”.
Ya lo dice el viejo adagio de que “siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio”, o como se entiende en otros países: “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, para entender que resulta fácil ver los defectos de los demás sin ser capaces de ver los propios. Por eso es necesario y prudente seguir lo que sucede en Ecuador, de cerca, pero la revisión a la violencia empieza por casa, en Colombia, ya lo vimos en las cifras, estamos incluso peor que en Ecuador. Se necesita un trabajo de todos, el crimen que agobia al vecino también lo hace en Colombia. Las bandas se mueven en los dos países y hay que confiar en la justicia, en las instituciones que deben hacer su trabajo y demostrar que están para combatir el delito. Por el bien de la mayoría. De cada uno de nosotros.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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