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Al menos 12 periodistas han sido detenidos en Venezuela tanto en la campaña electoral como en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, lo que demuestra una vez más que los profesionales de la comunicación social son uno de los principales objetivos de la represión que ha adelantado el gobierno de Nicolás Maduro y que ha tenido un nuevo capítulo tras el fraude efectuado en el país suramericano.
La ofensiva gubernamental contra la libertad de expresión en Venezuela se ha reflejado desde hace muchos años a través de detenciones y del cierre de decenas de publicaciones periodísticas, emisoras de radio y televisión, así como en la censura de portales informativos, nacionales e internacionales, bloqueándolos en Internet o en los sistemas de televisión por cable, entre muchas otras formas que han tenido lugar en el país vecino para coartar el derecho a una información independiente.
En este marco de violación de los derechos humanos, muchos profesionales de la comunicación venezolanos han tenido que dejar el país y formar parte de la diáspora venezolana que a la fecha llega a casi 8 millones de personas. Las especiales características de su trabajo y del rol que desempeñan en la sociedad ha llevado a los especialistas a considerar que los periodistas deben ser objeto de una atención especial.
Así lo señala, por ejemplo, la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, en el informe presentado en junio de 2024:
“Tratar a los periodistas como parte de la comunidad general de refugiados puede ser problemático, ya que supone pasar por alto las amenazas y retos específicos a los que se enfrentan aquellos, debido a su trabajo, como una vigilancia selectiva y otras amenazas digitales, ataques desde el país de origen, connivencia en las entregas por parte del país de acogida o tensiones entre los medios de comunicación en el exilio y las autoridades de los países de acogida. Las necesidades de protección de los periodistas en el exilio refugiados son urgentes y diferenciadas…”.
Ante esta situación, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys) acaba de dar a conocer su informe Periodistas en el exilio: aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, en un intento de caracterizar y hacer acopio y sistematización de información sobre este colectivo.
El estudio indica que “la mayoría de quienes escapan de Venezuela, entre ellos los periodistas, tienen cabida en la definición ampliada de persona refugiada y tienen derecho a la protección internacional”.
Ipys refiere que “la persecución contra periodistas en Venezuela es una política de Estado sistemática y, en ese sentido, operan articuladamente todos los organismos estatales. Sin embargo, la expresión más visible de este ataque orquestado desde el poder público es la actuación coordinada de los operadores del sistema de administración de justicia en contra de la prensa y la consolidación del hostigamiento judicial como un patrón”.
El informe señala que a los periodistas venezolanos se les aplica el Derecho Penal del Enemigo, definido por el jurista venezolano Fernando Fernández como “la fórmula usada por el gobierno y sus administradores para perseguir a sus oponentes y disidentes, como si se tratara de una guerra sin reglas jurídicas y se encontraran frente a fuerzas hostiles por lo que se autojustifica una política letal de terrorismo de Estado”.
Ipys concluye que en Venezuela se ejerce el poder punitivo del Estado contra los periodistas con el propósito de silenciarlos.
Algunos datos del estudio
El estudio de la ONG venezolana contactó a 347 comunicadores venezolanos alrededor del mundo que suministraron datos de identidad y de ubicación geográfica, de los cuales 181 respondieron preguntas más específicas sobre las razones que fundamentaron su decisión de emigrar y las condiciones laborales en que se encuentran actualmente.
De este último grupo, 155 (el 85,63 %) indicaron como razón determinante para emigrar las restricciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela, a través de diversas modalidades de agresión perpetradas en la mayoría de los casos por agentes del Estado. 82 identificaron como amenazas fundadas el riesgo de detenciones arbitrarias; 77 censura del Estado; 54 hostigamiento judicial contra periodistas y medios; 31 riesgo de desaparición forzada; y 27 riesgo de tortura.
Asimismo, 84 señalaron que su decisión de abandonar el país obedeció al cierre de medios de comunicación y las pocas fuentes de empleo; 87 adujeron los bajos sueldos y 34 la dificultad para adelantar emprendimientos periodísticos personales. Otras menciones fueron la situación económica de Venezuela, 47; reunificación familiar, 43; situación de inseguridad personal, 23; situación política, 19; oportunidad de tratamientos médicos, 19; y la situación de derechos humanos, 11.
221 periodistas (el 63,68 %) del grupo de 347 indicaron que salieron de Venezuela entre 2016 y 2020, los años más agudos de la crisis en Venezuela, pero el éxodo de periodistas ha continuado, pues entre 2021 y 2024 emigraron 27 (el 17,29 %).
Del grupo de 181 personas que respondieron preguntas más detalladas 71 (39,22 %) indicaron que tienen documentos de identidad provisionales emitidos por las autoridades del país de acogida, mientras que 8 (4,41 %) señalaron estar haciendo gestiones para tal objeto. Por el otro lado, 79 periodistas (43,63 %) están en una situación migratoria precaria.
139 (76,79 %) están empleados y 42 (23,21 %) desempleadas. 110 (60,78 %) no siguen ejerciendo el periodismo en el exterior. En cuanto al 39,22 % que sí ejerce la profesión, 45 (24,86 %) señalaron tener un empleo fijo, 21 (11,60 %) trabajan como freelance y 5 (2,76 %) en trabajos ocasionales.
En cuanto a los periodistas venezolanos en el exterior cuya principal fuente de ingresos son actividades económicas distintas al periodismo: 64 (35,35 %) tienen empleo fijo; 17 (9,39 %) trabajos ocasionales; 11 (6,07 %) trabajos freelance; 9 (4,97 %) trabajan en la economía informal; 5 (2,76 %) dependen económicamente de familiares; 2 (1,10 %) reciben asistencia económica del Estado donde viven; 1 (1,10 %) viven de la renta por el alquiler de un inmueble en Venezuela y 1 (1,10 %) obtiene ingresos económicos mediante emprendimiento personal.
Tercer reporte del Radar Colombia Venezuela (agosto de 2024) aquí.
*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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