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¿Por qué es importante para Colombia y qué beneficios le traería vincularse más de lleno a la agenda y a las labores que hace Idea?
IDEA es un organismo intergubernamental, contamos con 35 Estados miembros fundadores. Hace 30 años, nuestra sede se estableció en Estocolmo, con oficinas regionales en todas las regiones del mundo. América Latina y el Caribe son cubiertos desde la oficina en Panamá, pero también estamos presentes en Perú y Chile. Hemos tenido oficinas en Bolivia, Paraguay, México y en distintos países de la región. Somos una comunidad global, un centro de pensamiento y acción con un enfoque muy específico en promover la democracia y generar conocimiento respecto a la democracia y las elecciones. Por lo tanto, pensamos que es importante poder contar con las democracias más grandes de nuestro continente, ojalá siendo parte de esta comunidad, compartiendo y trabajando de manera conjunta.
Enfrentamos muchos desafíos en América Latina y el Caribe, muchos de los cuales son comunes. Estamos en un momento difícil para la democracia, quizás en un período de retrocesos y mayores amenazas para la integridad de las elecciones. Creemos que es muy importante sumar colaboraciones y esfuerzos. Colombia tiene una historia importante de construcción democrática, que ha sido dura tanto para el país como para sus ciudadanos y ciudadanas. Pensamos que también tiene mucho que aportar, mostrando sus buenas prácticas, cómo ha logrado generar diálogo, innovar y mantener la estabilidad democrática, a pesar de haber enfrentado situaciones históricamente muy difíciles.
¿Cómo valora la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones, especialmente con el aumento de presos políticos y los recientes casos de vulneración de la libertad de expresión?
Bueno, una tremenda preocupación. Desde IDEA hemos estado siguiendo la situación en Venezuela. Nosotros publicamos anualmente un informe del estado de la democracia en el mundo. El próximo informe lo publicamos el 17 de septiembre; esperamos poder compartirlo con todos, incluidos los oyentes, auditores y lectores de El Espectador también. En estos informes que hacemos anualmente, nosotros veníamos viendo que la situación de Venezuela se venía deteriorando desde hace tiempo; no es reciente. Nosotros evaluamos la democracia en cuatro grandes dimensiones: representación, participación, derechos y estado de derecho, y Venezuela ha caído en todas esas dimensiones desde hace mucho tiempo, vulnerando efectivamente derechos.
Nos preocupa mucho que la crisis que se genera después de la elección del 28 de julio pueda profundizar la represión y la situación de las libertades: la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de manifestación de las personas. Creemos que hay un rol muy importante de la comunidad internacional para, además de hacer frente a lo que ha sido una vulneración muy profunda de la integridad electoral en un proceso electoral, también ver esta otra dimensión, que es la de los derechos humanos. Ya hay pronunciamientos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Alto Comisionado de Naciones Unidas, manifestando preocupación y llamando al gobierno a proteger los derechos del ciudadano. Nosotros también manifestamos esta preocupación y un interés porque todos los demócratas sigamos aportando para que la situación se pueda estabilizar y que Venezuela pueda encontrar el camino hacia un proceso de re-democratización.
¿Qué efecto cree que tendrá la creciente represión, como las detenciones de líderes opositores, en la capacidad de la oposición para movilizarse y presionar por cambios?
Creo que tenemos que tener una preocupación particular. Los derechos humanos de todas las personas son igualmente relevantes. Todos, como dice la Declaración Universal de Naciones Unidas, somos iguales en dignidad y derechos. Es particularmente preocupante en un régimen democrático cuando se ataca a ciertos actores que cumplen roles clave en la salud de la democracia, como dirigentes partidarios, ONG y la prensa. Siempre planteamos que es importante proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque los medios de comunicación y la circulación de información son esenciales para tener un debate democrático. Preocupa sobremanera la focalización de una persecución, tanto de líderes políticos como de ciudadanos comunes y corrientes que tuvieron un rol en tratar de ser observadores del proceso electoral, acompañando este proceso.
Nuestra preocupación acá es doble, en el sentido de que no solo se vulneran derechos individuales, sino que también se atenta contra la posibilidad de ejercer derechos colectivos y de que corrientes de pensamiento importantes en Venezuela se puedan expresar en igualdad de condiciones. Eso es clave, y tenemos que seguir abogando por la libertad de las personas detenidas, porque se respeten los acuerdos y normas internacionales respecto del derecho de asociación y expresión.
¿Qué pasos considera necesarios para restaurar la confianza en las instituciones venezolanas y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos?
Es extremadamente preocupante lo que ha pasado porque, como se ha planteado por distintos observadores, el Tribunal de Justicia no tiene competencias ni mandatos, según la propia normativa de la Constitución venezolana y las leyes venezolanas, para poder calificar una elección. Entonces, acá hay una vulneración no solo del derecho internacional o de los estándares internacionales en materia electoral, sino también de las propias normas venezolanas respecto de quién puede calificar una elección y quién tiene el rol de mostrar la evidencia. Esto es extremadamente grave. Creemos que debemos seguir solicitando a las autoridades venezolanas que se puedan transparentar las actas, que el pueblo venezolano y la comunidad internacional puedan ver la evidencia.
En algún sentido, estamos ante un gobierno de facto porque se ha autoproclamado ganador de una elección sin mostrar ninguna evidencia, sin cumplir con las normas internas, y presentando serias irregularidades, como lo ha señalado Juan Carlos Delpino, del Consejo Nacional Electoral, corroborando lo expuesto en el informe del Centro Carter y del grupo de especialistas de Naciones Unidas. Hay un acuerdo entre estos actores independientes en decir que acá no se respetó el proceso, no se está entregando la evidencia, no se cumplen los estándares internacionales básicos en materia de integridad electoral. Para nosotros eso es muy grave, porque pensamos que envía una señal muy preocupante no solo para los venezolanos, sino también para todos los latinoamericanos que hoy en día ven un cierto distanciamiento o descrédito de las elecciones y de la capacidad de la democracia electoral para resolver problemas políticos profundos.
Creo que el llamado a la integridad electoral, el llamado a transparentar las actas, a que podamos tener algún tipo de verificación internacional de la evidencia, va a seguir siendo importante. Creo que tenemos que perseverar en ese llamado, y también perseverar desde la vía política en buscar alternativas de diálogo y de conversación con el gobierno para poder generar algún tipo de modificación en lo que está ocurriendo hoy en día. Lo más negativo sería que se mantenga el statu quo o que se profundicen medidas autoritarias como la represión de los manifestantes y la expresión de disidencias.
¿Tienen asidero las voces que claman fraude?
Creo que no hay duda sobre eso a esta altura. Acá hubo un intento consumado de fraude. Hay una declaración de un candidato como ganador sin que se hayan cumplido los pasos necesarios, insisto, que estipula la propia legislación venezolana en términos de entregar las actas, realizar un escrutinio, tener auditoría de los datos y que los propios venezolanos puedan ver, como podemos ver en cualquier democracia, cuántos votos obtuvo cada candidato en cada mesa, en cada región, en cada ciudad. Esto es algo que, hasta el día de hoy, los órganos del Estado venezolano no han presentado, y, sin embargo, la oposición ha puesto a disposición una cantidad importante de esas actas.
¿Qué implicaciones podría tener la citación del candidato opositor Edmundo González Urrutia ante la Fiscalía en el contexto de las acusaciones de fraude electoral?
Espero que las autoridades venezolanas no vayan por ese camino, sería una indicación clara de que lo que se busca acá es profundizar las medidas autoritarias en vez de buscar el diálogo, la conversación, y la forma de resolver una crisis en un régimen democrático. Un régimen democrático no encarcela ni utiliza la justicia penal como herramienta de persecución política. Eso es algo que estamos viendo en muchos países de América Latina, y nosotros hacemos un llamado a que se busquen los mecanismos democráticos, las instituciones democráticas y las reglas democráticas para poder resolver los problemas políticos, y no a que se recurra a la justicia penal para tratar de perseguir a quienes tienen opiniones disidentes.
Dada su experiencia como exministra en el gobierno de Gabriel Boric, ¿cómo ve la postura de Chile y de otros países de la región frente a lo que ha sido catalogado como un fraude electoral en Venezuela?
El presidente ha sido muy claro, nítido y muy consecuente también en estos temas. Yo creo que en América Latina, a menudo, es más fácil criticar las violaciones de derechos humanos o las irregularidades en los gobiernos cuando son de un sentido ideológico distinto al que uno profesa; es mucho más difícil criticar a los más cercanos. Y yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy consistente. Ha tenido una voz muy clara respecto a Palestina, y también respecto a la intervención de Rusia en Ucrania. Ha sido consistente en esa mirada. Pero también creo que es importante decir que lo que está pasando en Venezuela hoy día no es un problema de derecha o izquierda. Creo que es relevante que los y las demócratas tengamos claro que no podemos transformar el tema de Venezuela en un asunto más de polarización interna en nuestros países, para terminar peleándonos al interior de cada uno de ellos y transformar esto en un debate entre izquierda y derecha, porque esto ya no es un tema de izquierda y derecha.
Yo creo que el régimen de Venezuela, así como lo ha planteado el presidente Boric, no es un régimen de izquierda, es un régimen de facto autoritario que está vulnerando procesos formales para asegurar un proceso democrático. Tenemos que buscar formas más allá de la denuncia y de la discusión ideológica legítima; tenemos que seguir buscando caminos de solución. Nos interesa no solo hacer la denuncia o plantear cuál es la preocupación, sino también plantear que necesitamos buscar caminos que puedan ayudar al pueblo venezolano a resolver esta crisis.
¿Qué decir de la posición de Brasil y Colombia?
Acá hay distintas estrategias y necesitamos buscar diferentes caminos. En la elección de 2018, muchos países reconocieron al candidato de oposición venezolano, y tuvimos un largo período en el que, en teoría, hubo un gobierno actuando fuera del país que al final terminó sin ningún resultado positivo para el pueblo venezolano. Yo no dudo de las buenas intenciones del presidente Lula, del presidente Petro y de sus respectivos gobiernos en buscar caminos de acercamiento, y en ese sentido me parece positivo que algunos países cumplan un rol de mediación. Creo que esta crisis también nos ha mostrado que tenemos una profunda debilidad en nuestros órganos regionales.
Necesitamos aprender del pasado. Ha habido un intento a lo largo de las últimas décadas en América Latina de organizar foros regionales alternativos a la OEA, como UNASUR, la Alianza del Pacífico, entre otros conglomerados que, en algún sentido, han tratado de generar foros multilaterales alineados ideológicamente. Creo que eso ha demostrado que no es el camino que debemos seguir. Necesitamos un foro que nos permita reunir a todos los países, que tenga la legitimidad de todos ellos y que pueda actuar cuando enfrentamos situaciones de crisis, situaciones de vulneración de la Carta Democrática. Entonces, creo que esta situación también es un aprendizaje para hacer un llamado a que fortalezcamos nuestros espacios regionales de gobernanza y que, ojalá, en el futuro cercano, los países puedan utilizar de mejor forma estos espacios.
Hasta que eso no ocurra de manera plena, creo que las distintas estrategias que están buscando los diferentes países son positivas y que hay que explorar todas las vías que puedan ayudar en este momento. Hoy en día, sabemos que solo aplicar sanciones nunca ha funcionado. Hay países en nuestra región que llevan décadas siendo sancionados, y eso no ha generado cambios en el régimen de gobierno; vemos otros países en situaciones similares. Entonces, ¿a qué podemos apostar para generar cambios? Yo creo que debemos colaborar con los actores al interior de Venezuela, fortalecer a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a quienes defienden los derechos humanos dentro del país, y también seguir abogando por el diálogo y promoviendo, desde afuera, un apoyo a los actores democráticos en Venezuela.
¿Debería haber coordinación de una respuesta regional frente a la crisis venezolana, considerando el historial de apoyo a la democracia y los derechos humanos en la región?
Necesitamos una coordinación transversal que no esté anclada en diferencias ideológicas. Yo creo que es importante buscar un punto medio que pueda aglutinar. Insisto, la democracia en el mundo está amenazada por sectores de ultraderecha en muchas partes de nuestra región, así como en Europa y Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que recordar que el patrimonio de la defensa democrática no pertenece a un solo sector ideológico. En nuestra región, tenemos sectores antidemocráticos que se encuentran en algunos sectores radicales, quizás de izquierda, y también muy profusamente en sectores de derecha. Por lo tanto, quienes tenemos un compromiso con la democracia necesitamos buscar esos mínimos comunes, buscar alianzas y un camino que nos permita trabajar de manera colaborativa.
Yo creo que muchos países están en esa sintonía. Tú mencionabas antes a Chile, pero veo que también Colombia, México y Brasil están buscando formas de colaborar con el proceso venezolano. No han reconocido al gobierno de facto, y eso me parece una señal muy importante, porque en otros momentos, muchos más gobiernos que se autodenominan de izquierda podrían haber reconocido este gobierno, y eso no ha ocurrido. Creo que hay que destacar ese punto, porque es un punto de inflexión, diferente a lo que ocurrió en 2003 o lo que podría haber ocurrido en 2018. Hoy en día, hay un llamado transversal a la integridad electoral y a que se transparente la evidencia para poder reconocer al gobierno.
IDEA tiene un informe anual que habla sobre el deterioro democrático y es algo que ya venían alarmando desde antes de las elecciones en Venezuela. ¿Qué cambia después del 28 de julio?
Tenemos luces de esperanza; no todo es negativo. Vimos lo que pasó en Guatemala y en Brasil, donde hubo intentos muy duros de impedir que la soberanía popular se manifestara y los gobiernos democráticos asumieran el poder. Las instituciones en esos dos países lograron resistir, quizás con más fortaleza en Brasil que en Guatemala. También hay países como Panamá, donde a pesar de una elección muy complicada, se logró avanzar.
Tenemos elecciones este año en Uruguay, así como elecciones subnacionales en Chile y en Brasil. Pensamos que hay que seguir apoyando las elecciones y a los órganos electorales en todas nuestras regiones; ese es uno de nuestros mandatos e intereses. También nos vamos a reunir con el Registrador Nacional en Colombia y tenemos mucho interés en apoyar una institucionalidad democrática electoral en el país, que es bastante robusta, pero que siempre puede beneficiarse de buenas prácticas internacionales.
Así que, aunque la situación en Venezuela es muy preocupante y debemos seguir trabajando en eso, también es importante destacar estas otras buenas noticias. Las elecciones han logrado resistir los embates antidemocráticos y han ayudado a los pueblos de la región a continuar con procesos de profundización democrática.
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Por Hugo Santiago Caro
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