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Cuatro hombres se convirtieron, el martes, en las primeras víctimas de las que se tiene constancia en 2021 en la llamada “ruta Canaria”, un trayecto migratorio marítimo mortal considerado el más peligroso de Europa. Solo en 2020 se registraron más de 600 muertos —más del doble que en 2019— en esta ruta, que va desde las costas africanas hasta las Islas Canarias y transporta a miles de migrantes indocumentados cada año.
Pero esto es solo un pequeño vistazo a una tragedia que podría ser mucho mayor. La propia Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) señala que estas son estimaciones mínimas, porque hay muchos naufragios sin documentar.
El último gran naufragio se registró el pasado 15 de noviembre, cuando más de sesenta personas perdieron la vida en altamar. Las víctimas son, por lo general, jóvenes procedentes de África, donde el desempleo los empuja a jugarse la vida en el mar con el objetivo de buscar un mejor futuro en Europa. El riesgo es enorme, pues se enfrentan al hambre y la deshidratación en medio de la nada, y cada vez se suman más mujeres, embarazadas y menores de edad a los viajes. La OIM señala que la situación se podría manejar si se aplicaran políticas de solidaridad y se priorizaran los derechos humanos, pero esto lamentablemente no está ocurriendo.
Aunque el número de migrantes indocumentados que llega a Islas Canarias se ha multiplicado hasta por ocho, según el Ministerio del Interior español, la ayuda y los recursos no han hecho lo mismo.
“Canarias cuenta con menos recursos que hace diez años, con lo cual debemos realizar una autocrítica y poner más recursos disponibles para atender a esta población”, se quejó, en septiembre del año pasado, Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales de Canarias, quien pidió que se creara una fondo especial con más presión para la atención de menores.
Pero no solo se trata de la falta de recursos, sino de la lentitud para ejecutar acciones con lo poco que hay. Además, el plan de respuesta solo ha centrado sus esfuerzos en dar una solución de alojamiento insuficiente, dejando de lado otras medidas.
En noviembre, el gobierno español puso en marcha un plan para desplegar siete campamentos de refugio para casi 7.000 de los migrantes indocumentados que hay en las islas. Esto solo serviría para ponerle un tapón a la crisis, no para solucionarla. Aún así ayuda a no dejar a los migrantes a la intemperie; pero el operativo que se puso como fecha límite el 31 de diciembre no cumplió con su tarea.
Al cierre de 2020 solo uno de los siete campamentos anunciados empezó a funcionar. Esta demora es grave, pues los hoteles donde permanecen albergados miles de migrantes a la espera de un destino definitivo recibieron un ultimátum por parte del Ayuntamiento de Mogán para desalojarlos después del 31 de diciembre de 2020.
El desalojo en algunos establecimientos hoteleros inició el martes. Ahora los migrantes han quedado a la deriva. Los menores de edad, sin embargo, podrían quedarse en las instalaciones. Solo hasta mediados de enero se espera que otros tres campamentos más comiencen a funcionar.
En las Canarias se ha visto mucha improvisación y pasividad política y descoordinación entre las agencias gubernamentales que han llevado, además de una pobre respuesta a la crisis, a violaciones a los derechos humanos. Hasta octubre, las autoridades separaron a los niños de sus padres y madres apenas llegaban a la costa en las rústica e improvisadas embarcaciones.
Y mientras la migración de indocumentados está disparada y los planes del gobierno para responder al problema no avanzan, la crisis es caldo de cultivo para los discursos xenófobos y racistas impulsados por los partidos de extrema derecha.
“Esa Canarias que se desangra (por la crisis sanitaria y económica) tiene que soportar la invasión migratoria, que no es fruto de la casualidad. Que ha sido impulsada por los políticos de todos los colores que han llamado a la inmigración ilegal. No estamos contra el inmigrante, exigimos que el que viva entre nosotros respete nuestras leyes. Pero nosotros no expandimos el odio hacia el inmigrante, a quien tenemos fobia es a los políticos progres que les llaman, destruyendo la convivencia y la prosperidad”, dijo hace solo un mes Santiago Abascal, presidente de Vox.
Las Canarias y España comienzan con muchas tareas pendientes este año nuevo en cuanto a la migración. Lo primero es acelerar la apertura de los campamentos de paso para no dejar a los migrantes a la intemperie y hace todo lo posible para que no enfrenten condiciones indignas en estos recintos improvisados.
Además, deben proporcionarles las herramientas necesarias a los indocumentados que llegan para que tengan un destino definitivo lo antes posible y reciban un buen trato. Cientos de personas continúan sin ver a un abogado, lo que conduce a que sus derechos se vean vulnerados durante su permanencia en la isla. Y esto evidencia líos en materia de información.
La Iglesia en España entregó un informe al defensor del Pueblo, antes de que terminara 2020, en el que señala que había por lo menos 130 malienses que eran susceptibles de recibir protección por la situación en su país y fueron deportados, que se ha obstaculizado el trabajo de la prensa y que, aunque muchas personas preguntan por familiares desaparecidos, no hay un punto de información, como recoge la normativa, para ofrecer detalles en este aspecto. El drama se profundiza, mientras la pasividad del gobierno continúa.
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