De blanco para disimular

El 22 de enero fue el primer aniversario de boda de Rocío. No hubo ponqué ni regalo; su marido es para ella casi un extraño. Sabe de él que es senegalés, que llegó a España en una balsa y que pagó los 8.000 euros en que ella tasó el matrimonio de conveniencia. Sabe algunas cosas más que memorizó para el examen al que los sometió un juez antes de la boda. Unas reales (el nombre de sus padres, las cicatrices que tiene él en el cuerpo) y otras falsas, como el lugar en que se conocieron.

Rocío es el nombre ficticio tras el que se oculta una madrileña de 33 años, empleada de banca. Casada pero enamorada de otro, de su novio de toda la vida. Se dejó llevar por él “en algunas inversiones que salieron mal” y terminó buscando dinero bajo las piedras. No le gusta hablar de deudas, pero cuenta que le preocupaban tanto que flirteó con la prostitución. Al final recurrió a un matrimonio blanco. O más bien a dos, porque ella se casó con Aliou, el senegalés que respondió a su anuncio de internet, mientras que su novio, siempre menos hábil en los negocios, vendió la soltería por sólo 5.000 euros a una colombiana.

“Y no nos va mal, pero nos pueden las ganas de divorciarnos para tener hijos sin líos”, admite Rocío. Aún les quedan dos años para que sus parejas consigan la nacionalidad. Luego serán libres.

La Red ha transformado los matrimonios de conveniencia. Los foros rebosan de peticiones de nacionales y extranjeros. Entre 2.000 y 9.000 euros cuesta cambiar de estado civil. A la directora general de registros y notarías, Pilar Blanco-Morales, le preocupa que “un puñado de fraudes” ensucie las uniones mixtas. Según cifras de su dirección, sólo 300 matrimonios sospechosos fueron rechazados en 2007.

Un dato incompleto, porque el Ministerio de Justicia lleva la cuenta de sólo los casos desechados en segunda instancia, y la mayoría de defraudadores no llegan tan lejos cuando se les plantean dificultades. Blanco-Morales insiste en que el fraude es una anécdota en el bosque de matrimonios mixtos sinceros, un total de 24.000 en 2006, más del 10% de las uniones en España.

En alerta máxima

Aun así, la proliferación de casos ha obligado a muchos registros civiles a redoblar las precauciones. En las bodas en España o en consulados en el extranjero, los contrayentes pasan por separado una entrevista sin cuestionario homologado: todo queda a discreción del juez. La justicia recomienda preguntas que garanticen que existe un conocimiento profundo, aunque no exhaustivo, de la pareja: cuestiones sobre las circunstancias en que se conocieron, relaciones anteriores, aficiones… El trámite sirve para rechazar los casos en que el juez no está “seguro de las motivaciones de los contrayentes”.

Vidas paralelas

“No es difícil”, lo resume a su manera Rocío. El juez los recibió en el Juzgado Civil. Se habían aprendido al dedillo la vida del otro, pero bastaron unas cuantas preguntas. Universitaria, rubia, enjoyada, Rocío no levantó sospechas. “Los cómplices de estos fraudes suelen ser personas visiblemente necesitadas de dinero”, explica Jaime Nicolás, inspector jefe de la brigada de extranjería de la Policía Nacional. Rocío y Aliou completaron sin problemas la proeza de casarse en Madrid, uno de los registros más vigilados. En otras provincias los trámites son más sencillos. Esa es la razón de que en Murcia se investiguen 200 matrimonios sospechosos entre españolas y nigerianos. En este caso son matrimonios canónicos, que dependen de las relaciones entre parroquias de España y el extranjero. En opinión del inspector Nicolás, el fraude saltaba a la vista porque “la mayoría de los nigerianos son evangélicos, no católicos”.

Aunque la ley estipula que puede imputarse a los implicados en un fraude, ese extremo resulta difícil de demostrar. La policía interviene en casos de falsedad documental. En ocasiones, el certificado de nacimiento o de soltería requieren un viaje al país de origen del contrayente extranjero, que como ilegal, no tiene fácil regresar a España. Para sortear el problema muchos recurren a la falsificación. “Y eso sí que es un delito comprobable”, explica Jaime Nicolás.

Las penas no llegan al año; el auténtico castigo es la incoación del expediente de expulsión. El inspector se rebela contra la imagen de inocencia de estos fraudes: “Muchos de los que se casan andan en asuntos oscuros y no optan a la nacionalidad porque ni tienen un trabajo legal”.

Las personas que acuden a esta artimaña aprovechan que en España no existen controles posteriores a las bodas, “por razones de calidad democrática”, dice Nicolás, y agrega: “la policía no puede hacer mucho”.

Los casos abundan

La oficina migratoria en Costa Rica lanzó una alerta, pues el negocio de casarse para obtener la visa va en aumento. Extranjeros de diversas nacionalidades, entre las que destacan los cubanos, los colombianos y los asiáticos, contraen matrimonio con costarricenses para establecerse en el país centroamericano.

En Estados Unidos ya existen redes especializadas que casan inmigrantes. Según fuentes oficiales, en este país cobran entre 3 mil y 5 mil dólares a cada inmigrante. De ese dinero, la mitad va al abogado y la otra mitad a un asistente, aparte de US$500 a un funcionario estadounidense que esté dispuesto a participar del fraude.

Sin embargo, aquí las leyes son más duras. La conspiración para cometer fraudes por visas tiene una pena de hasta cinco años en prisión y una multa de hasta 250 mil dólares. La presentación de una solicitud fraudulenta de visa tiene una pena de hasta 10 años en prisión y una multa de 250 mil dólares.

A su vez, los inmigrantes que obtuvieron su residencia legal mediante matrimonio fraudulento encaran la deportación inmediata, sin apelación. Los que hayan tenido hijos, que por haber nacido en Estados Unidos son ciudadanos, deben decidir entre dejarlos en este país o llevárselos a sus países de origen. En este momento se están investigando 1.700 casos.