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El pasado noviembre, una orden del Tribunal Supremo de Italia pareció poner fin al limbo de Englaron. La corte autorizó la desconexión de la sonda, en una decisión sin precedentes en un país conservador y de arraigado catolicismo.
Desde el fallo, la clínica Ciuada de Udine, en el norte de Italia, adelantaba los preparativos para realizar la desconexión. El lunes, ya estaba listo el equipo de 20 médicos que esperarían a la ambulancia que traía desde Milán a Eluana. Serían ellos los encargados de terminar con el mecanismo de vida artificial, y aguardar 24 horas al día al lado de ella, hasta que su vida, sin alimento, terminara.
Pero el miércoles, a todos los hospitales de Italia llegó una urgente misiva enviada desde el Ministerio de Sanidad del gobierno de Silvio Berlusconi. En ella, el gobierno prohíbe la terminación de la vida a pacientes en estado vegetativo.
La circular, que tiene a expertos preguntándose por la legalidad de una misiva en contra de un dictamen del Tribunal Supremo, congeló temporalmente las acciones de los médicos en Udine.
Ahora los abogados de Eluana deben demostrar que en Italia, el dictamen de un alto tribunal es superior al mandato de un Ministerio.
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