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La derecha en Europa parece estar recibiendo golpes bastante duros contra algunos de sus líderes más fuertes. En Francia, Marine Le Pen fue condenada por malversación de fondos europeos, pero la sentencia de apelación le permite seguir siendo elegible para competir en la presidencial de 2027, aunque bajo condiciones que limitan su margen político y de campaña. En el Reino Unido, Nigel Farage enfrenta una investigación por su financiación y por posibles incumplimientos de las reglas parlamentarias, en un caso que puede afectar su imagen de outsider y alimentar la narrativa de persecución que suele usar a su favor.
Estos casos plantean una pregunta interesante: ¿hasta qué punto pueden ser aprovechados por sectores de la derecha para reforzar su narrativa de persecución política? En ese marco, figuras Le Pen buscan convertir la sanción judicial en un elemento de victimización y movilización electoral, con la mira puesta en las próximas presidenciales.
Por ahora, la aspirante ratificó su candidatura, pese a que la condena le impone el uso de un brazalete electrónico durante un año, una medida que la propia Le Pen había considerado incompatible con aspirar a la presidencia hace algunos meses; sin embargo, en una entrevista con Prime Time, Le Pen decidió seguir adelante con su proyecto político.
“Van a criticar la condena, pero creo que no podrán sostener ese argumento de persecución. Tampoco considero que esta decisión vaya a debilitar de manera significativa al partido Rassemblement National (Agrupación Nacional), porque tiene un electorado relativamente fiel y sólido. Además, el partido sigue encabezando las encuestas de opinión y, tras la decisión de primera instancia, esa situación no había cambiado. Creo que, con la decisión de hoy, tampoco variará de forma importante”, afirmó Aymeric Durez, profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana.
Según Durez, la condena afecta principalmente uno de los pilares del discurso de Agrupación Nacional: la idea de que era un partido distinto a los demás, libre de los escándalos que habían salpicado a otras fuerzas políticas y con una imagen de integridad. En ese sentido, considera que el mayor impacto no será necesariamente electoral, sino sobre la credibilidad y la imagen que el partido había construido durante años.
Sin embargo, expertos consultados por The New York Times consideran que el fallo fue cuidadosamente diseñado para equilibrar el castigo con el respeto al proceso democrático. Benjamin Morel, profesor de derecho público de la Universidad Panthéon-Assas de París, calificó la decisión del tribunal como “inteligente” y “finamente calibrada”, al considerar que refleja la gravedad del delito, pero también demuestra que los jueces “no están asumiendo la responsabilidad de obstaculizar el proceso democrático”.
En la misma línea, Philippe Marlière, profesor de política francesa y europea del University College de Londres, advirtió al diario que la condena difícilmente cambiará la percepción de los votantes de Le Pen. “Hay que tener en cuenta la naturaleza de su electorado. Quienes la apoyan no se convencerán con la condena. Sentirán una injusticia, que Le Pen será víctima de jueces de izquierdas”, afirmó.
Por su parte, Nigel Farage enfrenta dos investigaciones sobre la financiación de su actividad política: una por no declarar correctamente una donación de cinco millones de libras del empresario de criptomonedas Christopher Harborne antes de las elecciones de 2024, y otra por recibir regalos y apoyos no declarados de su aliado George Cottrell. En medio de estas pesquisas, Farage renunció a su escaño y convocó elecciones parciales con el argumento de ser “juzgado por el pueblo”, una decisión con la que busca reforzar su narrativa de persecución política, aunque también ha intensificado el escrutinio sobre las finanzas de su partido, Reform UK. Si el comisionado parlamentario concluye que Farage violó el código ético de la Cámara, podría enfrentar suspensión, sanciones o incluso perder su escaño. Eso sería grave porque Reform UK usa su figura como principal plataforma política y mediática.
Según Oscar Guardiola-Rivera, profesor de política y derechos humanos de la Universidad de Londres y escritor colombiano, Farage ha intentado presentar las investigaciones y cuestionamientos en su contra como una prueba de que el establishment busca frenarlo porque no puede derrotarlo por vías democráticas. Sin embargo, el académico sostiene que esa narrativa de líder antisistema y víctima de las élites ya venía perdiendo fuerza.
A su juicio, las derrotas recientes de Reform UK evidencian el desgaste de ese discurso, por lo que la renuncia ha sido interpretada por sus críticos como un acto de desesperación y no como una muestra de fortaleza política. Los casos de Marine Le Pen y Nigel Farage reflejan cómo las investigaciones judiciales contra líderes de extrema derecha trascienden el ámbito legal y alimentan una disputa política.
Mientras sus críticos las presentan como una muestra del funcionamiento de las instituciones, ambos dirigentes intentan convertirlas en evidencia de una supuesta persecución para fortalecer la identidad y movilización de sus bases.
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Por Laura Henao Arévalo
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