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La guerra de Ucrania se ha extendido por un año. Los enfrentamientos bélicos entre Kiev y Moscú, que se han centrado recientemente en la ciudad de Bajmut, han dejado, aproximadamente, 5′352.000 desplazados internos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, hay 8′108.448 refugiados ucranianos registrados en toda Europa, de los cuales 4′890.639 están enlistados para obtener la protección temporal o los esquemas nacionales similares, de acuerdo con las estimaciones de ACNUR.
De hecho, la Comisión Europea dijo el miércoles que estaba “preparada” para prolongar la medida de protección temporal hasta 2025, e incluso más allá de esa fecha, para continuar con los esfuerzos que les han facilitado a los ucranianos el acceso a vivienda, empleo, salud y educación en el espacio del mercado único, en los más de 365 días que lleva el conflicto bélico. Bruselas también aseguró que buscará un “enfoque coordinado” para garantizar “una transición fluida” hacia estatutos jurídicos alternativos que permitan el acceso a los derechos más allá de la duración máxima de la protección temporal.
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“La Unión Europea está dispuesta a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. La protección ya ha sido prorrogada hasta marzo de 2024 y puede prolongarse hasta 2025. La Comisión está lista para tomar los pasos necesarios para una mayor prórroga si es necesario”, precisó el Ejecutivo. Según le comentó una alta fuente comunitaria a “El País” de España, la propuesta se formalizará durante la presidencia española del Consejo Europeo, en el segundo semestre de este año. De hecho, una importante parte de la diáspora ucraniana se encuentra en España. Claro, de forma masiva se ha asentado en Rusia (2′852.395), Polonia (1′563.386) y Alemania (1′055.323), pero el país ibérico es el sexto Estado con más refugiados ucranianos en el contexto de la guerra.
Entre las casi 170.000 personas que han recibido la protección temporal en España, 13.695 han encontrado trabajo, por ejemplo, en hostelería, construcción, programación y consultoría. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, para mediados de febrero de este año, 167.596 individuos están amparados bajo dicha modalidad. Casi ocho de cada diez protecciones temporales (el 78%) se concentran en cuatro regiones: Comunidad Valenciana (45.159) y Cataluña (38.482), seguidas de Andalucía (23.922) y Madrid (23.587).
Desde hace unas semanas se esperaba que el 8 de marzo se anunciara la intención de prorrogar la medida de protección en la Unión Europea, que requiere de la aprobación del Consejo Europeo. Sin embargo, hay dudas al respecto, entre ellas, si esa ampliación de la protección temporal beneficiará solo a los ucranianos o si se mantendrá con carácter general para refugiados de otras nacionalidades que también huyeron del país. Vale recordar que ese punto ya generó tensiones el año pasado, cuando entró en vigencia la norma, la cual solo protege a los nacionales de otros países que contaban con un permiso de residencia en Ucrania, dejando por fuera a cualquier extranjero en situación irregular, a pesar de que se calcula que cerca de 270.000 no ucranianos, la mayoría turcos, rusos e indios, llegaron a territorio de la Unión Europea en el contexto de la guerra. La directriz adoptada en 2022 dejó a discreción de cada Estado la decisión de ampliar la aplicación de la medida.
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Ahora bien, ese no ha sido el único reparo. Aunque la decisión se tomó para dar una respuesta rápida a la crisis de refugiados, para reconocer los derechos básicos casi que de forma automática para aquellos que han huido de la guerra masivamente, la medida de protección temporal existe desde principios de siglo, pues se creó en el 2001, en el contexto de las tensiones en los Balcanes. Sin embargo, nunca antes se había utilizado, ni siquiera ante la crisis migratoria desatada por la crítica situación que se vivía en Siria, Afganistán o Irak en 2015. En ese entonces, el 75 % de las personas que llegaban a Europa estaban huyendo, precisamente, de la violencia y la persecución. Para diciembre de ese año, 911.000 individuos llegaron a las costas europeas.
A propósito de su Informe Mundial 2023, Human Rights Watch afirmó que la respuesta de la Unión Europea ante el desplazamiento masivo de ucranianos “contrastó con el trato abusivo que recibieron migrantes y solicitantes de asilo de otras regiones del mundo en muchas de las demás fronteras exteriores” del bloque. Según la organización, invocando la Directiva de Protección Temporal para los ciudadanos del este, se demostró que, cuando hay voluntad política, se puede avanzar en la defensa y protección de los derechos humanos.
En palabras de Benjamin Ward, director adjunto para Europa y Asia Central de Human Rights Watch: “En el último año, hemos visto con los refugiados ucranianos que, con la voluntad política adecuada, la Unión Europea puede hacer frente a los retos en materia de derechos humanos con humanidad y dignidad. La tarea para el próximo año es que la Unión Europea encuentre formas de igualar esa respuesta en áreas como el debilitamiento del Estado de derecho por parte de Hungría y Polonia, los abusos en las fronteras exteriores contra otros refugiados y la crisis del costo de vida”.
La pregunta sobre por qué la Directiva de Protección Temporal no se había aplicado antes se formuló hace un par de años. De hecho, la Comisión Europea fue cuestionada por eso en el 2014. Un año después, Dimitris Avramopoulos, excomisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, respondió que, según las estadísticas de Eurostat, casi 100.000 sirios solicitaron asilo en la Unión Europea entre enero y octubre de 2014 y que, dada la magnitud de la afluencia y la forma en la que fueron tramitadas las solicitudes de asilo, la Comisión consideró que una propuesta para activar el régimen de protección temporal en toda la Unión Europea no estaba justificada en las circunstancias de ese entonces. Es decir, para la institución europea ese número de solicitudes de asilo no calificaba como una afluencia masiva de personas, se lee en el portal AfricLaw.
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