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El 2015 fue un año que puso a Europa al límite: cerca de 1,9 millones de personas que huían de la guerra en Siria, principalmente, desataron la crisis migratoria más grave que ha enfrentado el viejo continente.
Y aunque el problema no era nuevo —todos los años el Mediterráneo se convierte en la ruta de llegada de miles y miles de migrantes, así como en el cementerio de los que no logran terminar la travesía— fue solo entonces cuando las naciones europeas se vieron en el espejo y descubrieron la cara de la miseria (guerras, conflictos, violaciones masivas, yihadismo, hambre y miseria) que hacía a muchos huir.
La solución fue repartirse a los migrantes: la Comisión Europea propuso un mecanismo basado en cuotas obligatorias: todos los países de la Unión Europea debían acoger a un determinado número de migrantes; ¿peor el remedio que la enfermedad? Varios países se rebelaron (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y rechazaron el plan. No solo eso; la crisis migratoria provocó el aumento de la xenofobia, así como la popularidad de los partidos de extrema derecha, que llegaron a casi todos los parlamentos europeos con fuertes mensajes antiinmigrantes; solo se salvaron Irlanda, España y Portugal.
Ver más: ¿Por qué un nuevo campo de refugiados no es la solución para la migración en Grecia?
Las fallas al gestionar la crisis migratoria, de acuerdo con analistas, estuvo en el Convenio de Dublín, firmado en 1990, aunque con varias reformas posteriores (la última versión data de 2013). En este reglamento se definen los criterios para gestionar las demandas de asilo. Con un problema, este punto se apoyó en el principio del país de llegada: dejó a los países situados en las fronteras exteriores de la UE (Italia y Grecia) sobrecargados durante la crisis de refugiados.
Por eso, hoy se va a “abolir” dicho convenio, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pues ha dejado más problemas que soluciones. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pidieron un acuerdo que “aborde todos los principios de migración y asilo”.
Y denunciaron los más recientes sucesos: el incendio del campamento de refugiados en Moria (Grecia), construido para 3.000 inmigrantes, pero que albergaba a 12.000, y los retrasos en la autorización de operaciones de desembarco, pues muchos migrantes quedaron a la deriva durante meses, esperando que algún país quisiera recibirlos.
Y aunque las cifras de llegada son ahora muy inferiores a las de 2015, existe el riesgo de que la situación se salga de control y vuelvan a producirse nuevos flujos si no se resuelve el conflicto territorial en el Mediterráneo oriental, entre Turquía, Grecia y Chipre, que podría hacer saltar por los aires el acuerdo migratorio entre los Veintisiete y Turquía: en marzo de 2016, la Unión Europea y Turquía firmaron un pacto en el que el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, se comprometió a retener en su territorio a los refugiados sirios que intentaban llegar a Europa, a cambio de 6.000 millones de euros.
Ver más: ¿Qué es el pacto de Dublín y por qué lo quieren cambiar?
Las grandes líneas del plan que se presentará este miércoles consistirán en proteger las fronteras exteriores, combatir las mafias, impulsar los retornos y crear vías legales de entrada.
Según datos de la Comisión Europea, cada año entre 400.000 y 500.000 extranjeros reciben la orden de abandonar la UE por haber accedido o permanecer en territorio europeo de manera irregular, pero solo el 40 % son efectivamente devueltos a su país de origen o al lugar desde donde viajaron hacia la UE.
“Los retornos son difíciles de lograr, en muchos casos porque hace falta un acuerdo con el país de origen o de paso, que con frecuencia recibe poco a cambio de ese esfuerzo y a la vez muchas veces tiene interés en facilitar las salidas”, le dijo a EFE Carmen González, del Real Instituto Elcano, que añade que la UE debe implicarse mucho más para conseguir una mayor cooperación con terceros países.
El desastre de Moria volvió a poner a Europa frente al espejo, ese en el que evitaba mirarse desde 2015, pero que es el punto de partida para el plan que será presentado este miércoles, uno “que no será recibido con aplausos, pero que permitirá una discusión tranquila y pragmática”, concluyó la comisaria europea para Asuntos Internos, Ylva Johansson, antes de mostrar oficialmente el nuevo plan.
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