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María del Carmen Abascal ya estaba frustrada por la falta de viviendas asequibles en España, donde el aumento del alquiler podría obligarla a abandonar el piso de Madrid en el que vive desde hace 69 años.
Entonces se enteró de los planes del gobierno de aumentar el gasto militar este año en más de US$12.000 millones. Y si la OTAN lograra lo que quiere, sería mucho más.
“Deberían invertir ese dinero en servicios sociales, vivienda, en todo lo que la gente de España necesita”, dijo Abascal, con los labios fruncidos de indignación durante una entrevista reciente en uno de los últimos barrios obreros del centro de Madrid, donde los precios de la vivienda se están disparando.
Quizá en ningún otro lugar de Europa el tira y afloja entre gastar más en prioridades internas o en defensa haya irritado tanto a un gobierno como en España.
Dividida entre la amenaza rusa que se cierne sobre Europa y las necesidades de vivienda, salud y educación, España ha intentado repartir la diferencia. Fue el único país de la alianza que se negó abiertamente a aceptar el mes pasado gastar hasta el 5 por ciento de su producto interno bruto durante la próxima década en defensa, como exige el presidente Donald Trump.
El drástico aumento del gasto, al que se comprometieron el resto de los 32 países miembros de la OTAN, aliviaría la dependencia europea de Estados Unidos en materia de seguridad. Pero para España supondría casi duplicar su presupuesto anual de defensa, estimado en US$73.800 millones, con la consiguiente merma de fondos para programas sociales.
Abascal dice que su pensión mensual ya no puede cubrir su alquiler, que se cuadruplicó con creces cuando un banco de inversión internacional compró su edificio de apartamentos hace años. La mayoría de sus vecinos de toda la vida se mudaron, incapaces de permitirse viviendas que ahora se venden principalmente a expatriados ricos o turistas.
“Tendremos que dejar nuestros hogares si aumentan el gasto en defensa al 5 por ciento”, dijo Abascal, de 86 años. “Estaremos perdidos”.
Durante mucho tiempo, España se ha mostrado recelosa a la hora de reforzar su ejército, todavía su sociedad está afectada por la dictadura militar de Francisco Franco, que duró décadas y terminó con su muerte en 1975. Tiene el gasto militar más bajo de todos los países de la OTAN, según los últimos datos disponibles.
Y la guerra de Ucrania parece estar a un continente de distancia. En las calles de Madrid apenas preocupa, aunque España desplegó soldados para ayudar a proteger el flanco oriental de la OTAN tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.
Pero las exigencias de Trump, unidas a la preocupación generalizada de Europa por Rusia, han hecho que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tenga que buscar un equilibrio.
Según su plan, España aumentará el gasto en defensa hasta el 2,1 por ciento de su renta nacional, “ni más ni menos”, dijo Sánchez antes de reunirse con otros líderes de la OTAN el mes pasado. Trump respondió amenazando con castigar a España a través de los acuerdos comerciales estadounidenses, aunque no dio detalles.
El compromiso de España asciende a unos US$38.900 millones en 2025, y es solo ligeramente superior a lo que los aliados de la OTAN habían acordado invertir anualmente hace más de una década.
Sin embargo, es unos US$12.200 millones más de lo que España gastó en defensa el año pasado, un aumento que ha frustrado a los miembros del gobierno de coalición política de izquierda de Sánchez, quienes quieren más dinero para los servicios públicos.
“Nuestra presencia en el gobierno es para desarrollar la agenda social”, dijo Sira Rego, política de izquierda y ministra de Juventud e Infancia de España. “Sería una contradicción si tuviéramos que elegir entre eso y aumentar el gasto en defensa por las decisiones de Trump”.
Rego forma parte del gabinete de Sánchez, pero no de su Partido Socialista Obrero Español, y se opuso al incremento del gasto en defensa. Aumentarlo al 5 por ciento, dijo, es impensable “si queremos salvar nuestro Estado del bienestar”.
“Eso supondría el cierre de hospitales, el cierre de escuelas, desaparecerían programas sociales esenciales”, dijo Rego. “Sería poner en peligro el futuro de una generación, o de varias generaciones, porque decidimos fabricar más armas”.
Sánchez no puede permitirse perder muchos apoyos dentro de su frágil coalición de gobierno. Su legitimidad política ya está en entredicho por un escándalo de corrupción en el que están implicados sus colaboradores, que la oposición conservadora española está ansiosa por explotar.
A través de su oficina, Sánchez declinó ser entrevistado.
Según una encuesta reciente del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Trump goza de una gran antipatía en España. Eso facilita que Sánchez se oponga al presidente estadounidense.
Sin embargo, la unidad de la OTAN desempeña un papel en la seguridad de España.
Durante generaciones, España y Marruecos se han enfrentado por los derechos territoriales de dos pequeñas ciudades costeras del norte de África, Ceuta y Melilla. Marruecos ha exigido durante mucho tiempo su custodia y ha calificado la reivindicación española de las ciudades de vestigio del colonialismo. España se ha negado, afirmando que forman parte de su territorio desde hace siglos.
La Unión Europea reconoce la soberanía de España sobre las ciudades y las considera parte de su territorio. Aunque la disputa no muestra signos de estallar, los funcionarios dijeron que la OTAN podría verse obligada a proteger Ceuta y Melilla, si fuera necesario, porque la alianza militar se ha comprometido a defender “cada pulgada” de los territorios de sus miembros.
Algunos funcionarios españoles están preocupados por la posibilidad de que Trump se ponga del lado de Marruecos en cualquier disputa entre los países porque formaba parte de un acuerdo que alcanzó durante su primer mandato para normalizar las relaciones entre las naciones de mayoría árabe e Israel.
“Con Ceuta y Melilla, si pasara algo allí, habría un debate abierto para abordar su defensa, en términos militares, en términos políticos”, dijo el senador Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, un general retirado y político conservador que lidera la delegación española en la asamblea parlamentaria de la OTAN. “De eso va la OTAN”.
Criticó a Sánchez por eludir el acuerdo de la OTAN de aumentar el gasto al 5 por ciento, sobre todo ahora que Europa quiere depender menos de Estados Unidos.
“Si quieres ser autónomo”, dijo Gutiérrez, “tienes que pagar la cuenta”.
Mientras España debate el gasto en seguridad, su industria de defensa ha crecido.
Los ingresos de la industria ascendieron a unos US$8600 millones en 2023, los últimos datos disponibles, un aumento de casi el 9 por ciento respecto al año anterior, según la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Vehículos de combate, aviones de transporte militar, radares y sistemas antitanque son algunos de los productos españoles más exigidos.
Más de 22.000 personas trabajan para los productores españoles de defensa, y se espera que los 12.200 millones adicionales en gasto militar que propuso Sánchez creen más puestos de trabajo. Alrededor de un tercio del aumento financiará tecnología, incluida la ciberseguridad y los satélites.
“Nos va a dar mucho trabajo”, dijo Ángel Escribano, presidente del Grupo Indra, el gigante tecnológico y de defensa de España.
Funcionarios actuales y anteriores del gobierno no quisieron discutir si gastar el 2,1 por ciento del PIB sería suficiente para que España cumpliera los objetivos de capacidad militar de la OTAN.
En cualquier caso, es seguro que el gasto militar aumentará, desviando dinero de los programas de bienestar social, dijo Julio Rodríguez, exjefe de Defensa de España. Ahora es miembro de un partido político de izquierda.
“¿Qué tipo de seguridad queremos?”, preguntó. “¿Seguridad militar? ¿Seguridad humana? ¿Seguridad ecológica o económica? Ese es un debate que la sociedad tiene que tener”.
La crisis de la vivienda en Madrid ha atizado las protestas para proteger a los inquilinos. Con la ayuda de un sindicato de inquilinos, Abascal, la pensionista, lleva casi cinco años luchando en los tribunales contra una orden de desalojo.
Hasta que se resuelva el recurso final, dijo, se niega a marcharse.
“No tengo adónde irme”, dijo. “¿Qué hago? ¿Me voy a la mitad del campo a sembrar zanahorias?”.
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