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Hungría y Polonia han vetado el presupuesto de 1,15 billones de euros (1,4 billones de dólares) por siete años propuesto por la Unión Europea y el fondo de recuperación europeo por 750.000 millones de euros. Ambos países serían los más beneficiados por ese presupuesto, pero sus gobiernos se oponen tenazmente a la condicionalidad basada en el respeto del Estado de Derecho, que la UE aprobó a instancias del Parlamento Europeo. Saben que están cometiendo violaciones flagrantes en tal sentido, y no quieren pagar las consecuencias.
El rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán y, en menor medida, del gobernante de facto de Polonia, Jarosław Kaczyński, no es tanto al concepto abstracto de Estado de Derecho, cuanto al hecho de que para ellos supone un límite práctico a la corrupción personal y política. El veto es una jugada desesperada de dos infractores seriales.
Es también una medida inédita, que se produjo en medio de un peligroso aumento de casos de COVID‑19 en Europa y generó confusión entre los representantes de otros países de la UE. Pero superada la conmoción, un análisis más minucioso revela que hay un modo de eludir el veto.
Las normas referidas al Estado de Derecho han sido aprobadas. Si no hay acuerdo sobre un nuevo presupuesto, el anterior (que caduca a fines de 2020) se extiende por un año. Y conforme a este presupuesto, Hungría y Polonia no recibirán desembolsos, porque sus gobiernos violan el Estado de Derecho.
Asimismo, el fondo de recuperación, llamado Next Generation EU, se puede implementar usando un procedimiento de cooperación mejorado, como ha propuesto Guy Verhofstadt. Si la UE elige este camino será posible eludir el veto de Orbán‑Kaczyński. La cuestión es si la UE (tal vez liderada por la canciller alemana, Angela Merkel) podrá reunir la voluntad política necesaria.
Soy un defensor decidido de la UE como modelo de sociedad abierta basada en el Estado de Derecho. Por mis orígenes como judío húngaro, me preocupa particularmente la situación en Hungría, donde he estado activo en el área de la beneficencia por más de treinta años.
Orbán ha construido en Hungría un elaborado sistema cleptocrático con el objetivo de esquilmar al país. Es difícil calcular cuánto se han enriquecido sus familiares y amigos, pero muchos de ellos se han vuelto extremadamente ricos. Ahora, Orbán pretende usar la nueva ola de COVID‑19 para modificar la Constitución de Hungría y la ley electoral (una vez más) y convertirse en primer ministro vitalicio en forma constitucional; esto es una tragedia para el pueblo húngaro.
Daré algunos ejemplos de los latrocinios de Orbán contra el pueblo húngaro. Ha transferido enormes sumas de dinero público a diversas fundaciones privadas que están bajo su control indirecto. Ahora, mediante un astuto truco constitucional, quitará esos activos para siempre de la esfera pública, de modo que para devolvérselos al pueblo húngaro, se necesitaría una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Se trata de un total de casi 2800 millones de dólares.
En una serie de transacciones fraudulentas, empresas cercanas a Orbán gastaron casi mil millones de dólares en la compra de más de 16.000 respiradores para Hungría, lo que supera con creces la cantidad de camas en salas de cuidados intensivos y de personal médico que pueda manejar esos equipos. Un análisis de datos de comercio internacional muestra que Hungría fue el país de la UE que más pagó a China por respiradores (en algún momento llegó a pagar más de cincuenta veces la cifra de Alemania).
Una de estas empresas también obtuvo una orden de compra de Eslovenia, cuyo primer ministro, Janez Janša, es un estrecho aliado político de Orbán. Es necesario que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investigue la posibilidad de que la UE haya sido víctima de defraudación. Y también merece investigación el reciente contrato para la compra de la vacuna rusa, con el que Hungría será el primer país europeo en usarla.
En tanto, Orbán busca eludir la rendición de cuentas por estas acciones y está tomando medidas para impedir que se repita lo sucedido en las elecciones municipales de 2019, cuando su partido Fidesz perdió el control del gobierno de Budapest y de otras ciudades importantes. Está haciendo todo lo posible para privar a Budapest de recursos financieros, y vetó el pedido de la ciudad de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones para la compra de nuevos vehículos de transporte público compatibles con el distanciamiento social. Ya se prevé que el presupuesto de Budapest para 2021 tendrá un faltante de 290 millones de dólares. Situaciones similares se dan en otras ciudades cuyos gobiernos municipales no están bajo control de Fidesz.
Los partidos de oposición de Hungría están haciendo un valiente intento de desafiar a Orbán con la creación de una lista común de candidatos para la elección general de 2022. Pero sus chances de éxito son limitadas, porque Orbán puede cambiar las reglas con escaso aviso previo, algo que ya hizo varias veces. Ahora tiene la astuta intención de introducir los últimos cambios a la ley electoral en lo peor de la pandemia, con Budapest bajo toque de queda y con soldados patrullando las calles.
Además, Orbán tiene un dominio casi total sobre las áreas rurales, donde reside la mayor parte de la población. Controla la información que reciben, y en muchos pueblos el voto no es secreto. Un triunfo de la oposición es prácticamente imposible.
La única que puede ayudar es la Unión Europea. Un modo de hacerlo, por ejemplo, es transferir sus fondos directamente a las autoridades municipales, donde todavía hay en Hungría una democracia en funcionamiento, a diferencia de lo que ocurre en el nivel nacional.
La UE no puede ceder en lo referido a sus normas sobre el respeto al Estado de Derecho. De cómo responda al desafío de Orbán y Kaczyński dependerá su continuidad como sociedad abierta fiel a sus valores fundacionales.
* Presidente de Soros Fund Management y de Open Society Foundations. Pionero de la industria de fondos de cobertura.
© Project Syndicate 1995–2020
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