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Este viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió orden de captura contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania, iniciada el 24 de febrero del año pasado. Se le endilga deportación ilegal de población y el traslado ilegal de población, particularmente de niños, hacia Rusia desde las zonas ocupadas en Ucrania. La orden también pesa sobre Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia.
Aunque en el marco de la invasión se ha hablado de otros posibles crímenes de guerra, como la masacre en Bucha o los ataques contra la infraestructura de energía del país en pleno invierno, la orden de captura se emite en relación con los presuntos crímenes mencionados probablemente por la cantidad y solidez de las pruebas recabadas por el fiscal Karim Khan. Así lo explica Rafael A. Prieto Sanjuán, doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad Javeriana.
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Según él, la orden muestra que “hay pruebas que permitirían creer que se han cometido crímenes de guerra y cuya responsabilidad sería atribuible al presidente de Rusia y a su comisaria”. Sobre su labor, el fiscal Khan explicó que su despecho pudo identificar “la deportación de al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil. Alegamos que muchos de estos niños han sido dados en adopción en la Federación de Rusia desde entonces”.
Asimismo, señala que “la ley se modificó en la Federación Rusa, a través de decretos presidenciales emitidos por el presidente Putin, para agilizar la concesión de la ciudadanía rusa, facilitando su adopción por familias rusas”. El despacho del fiscal, además “alega que eso actos, entre otros, demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”.
Es preciso decir también que la orden de captura tiene en cuenta que Putin puede tener responsabilidad directa en la comisión de los crímenes, incluso a través de otras personas, pero también por no haber evitado que se cometieran los crímenes por parte de sus subordinados, teniendo en cuenta la autoridad que es como presidente del país y jefe de sus fuerzas.
La competencia de la CPI
Vale la pena recordar que la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, se encarga de procesar individuos (incluso presidentes, pues allí no existen fueros como sí los hay en otras jurisdicciones) y no estados, como por ejemplo sí lo hace la Corte Internacional de Justicia. Además, aunque Ucrania no forma parte de la CPI (tampoco Rusia, China o Estados Unidos), sí ha aceptado la competencia del tribunal en su territorio desde 2013.
A esto habría que añadirle que 43 estados parte del Estatuto de Roma (que dio vida a la CPI en 2002 y que ha sido ratificado por 123 estados), incluido Colombia, remitieron a la CPI la situación en Ucrania desde marzo de 2022, días después de la invasión, para lo que fuera de su competencia. Así que, según Prieto, la acción de hoy por parte de la Corte no solo es legítima, sino producto de una investigación que ya lleva más de un año.
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¿Qué implica?
La orden, que entró inmediatamente en vigor, implica, según explica el experto, que todos los estados que han ratificado el Estatuto de Roma (es decir, 123) tienen la obligación de dar con la captura de Vladimir Putin si este llegara a pisar sus jurisdicciones. Hay que aclarar que la CPI, por ejemplo, no tiene ningún cuerpo o fuerza que pudiera llevar a cabo esa acción, por lo que corresponde a cada país.
En ese sentido, probablemente el efecto práctico más inmediato de la orden de la Corte es la restricción de la movilidad del presidente Putin, pues sabe que, si viaja a un país que haya ratificado el Estatuto de Roma, dicho Estado tiene la obligación de detenerlo, sin importar si el presidente de turno es aliado de Putin o no, pues, como dice Prieto, la obligación es del Estado como un todo.
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Sería el caso, por ejemplo, de Hungría, estado parte del Estatuto, pero cuyo presidente, Viktor Orbán, es considerado un aliado de Putin. Puede consultar la lista completa de Estados parte aquí.
Y aunque es poco probable que la orden conduzca a su captura en el corto plazo, sí hay un poder simbólico. “La orden es muy importante porque envía un mensaje clave para la humanidad: que este tipo de delitos no pueden quedar impunes ni sin investigación”, incluso si el señalado ocupa un alto cargo como la presidencia, agrega el jurista.
Vale la pena decir también que Putin no es el primer presidente cuyo arresto ordena la CPI. Ya había sucedido, por ejemplo, con Omar Hasán Ahmad al Bashir, expresidente de Sudán, acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, y quien está siendo procesado en su país.
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