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La decisión del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, de suspender el Parlamento británico durante cinco semanas, estrecha las oportunidades de los diputados de las islas de intentar frenar la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, aunque esto no significa que todo esté perdido para ellos.
Eso sí, Johnson se las ha puesto difícil. Los parlamentarios británicos retomarán sus funciones del 3 al 10 de septiembre y luego tendrán que esperar un mes para volver a Westminster, el 14 de octubre. Esto significa que el nuevo período legislativo será inaugurado apenas tres semanas antes de que se cumpla el plazo establecido por la Unión Europea para que el Reino Unido abandone el bloque, el 31 de ese mismo mes.
La suspensión del Parlamento es un trámite habitual, aunque solo suele alargarse unos quince días, pero esta vez alcanzará las cinco semanas. El hecho de que Johnson haya decidido planificarla a escasas fechas del brexit ha levantado una gran polvareda que ha llegado hasta las calles de las islas.
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En teoría, a menos de que se pacte un nuevo plan, Johnson no necesita hacer nada para que haya un brexit sin acuerdo. Pero ¿pueden detenerlo?
En teoría es posible, pues la mayoría de los parlamentarios se oponen a la posibilidad de un brexit duro, que implicaría para el Reino Unido graves consecuencias económicas, políticas y territoriales. No obstante, el tiempo parece ser, por ahora, su principal enemigo.
La oposición británica, liderada por el laborista Jeremy Corbyn, quien espera colaborar con algunos conservadores críticos de la medida de Johnson, tiene todavía dos opciones sobre la mesa: tramitar una ley que impida una salida sin acuerdo o bien presentar una moción de censura contra el primer ministro, la posibilidad menos deseada y a la que Corbyn ha denominado como “la última alternativa”.
El plan para frenar las intenciones de Johnson pasa, según Corbyn, por “detenerle políticamente” a partir de un “proceso parlamentario que permita legislar y prevenir un brexit no negociado”, que se pondrá en marcha el próximo martes 3 de septiembre, cuando la Cámara de los Comunes retome su actividad.
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Una ley para frenar el “brexit” duro Jeremy Corbyn, líder laborista y jefe de la oposición británica. Foto: EFE
La primera opción con la que cuentan los diputados es forzar la tramitación de una ley que obligue al gobierno a pedir a la Unión Europea una extensión del brexit más allá del 31 de octubre o que bloquee directamente la posibilidad de romper los lazos con Bruselas si no hay un acuerdo.
Esta vía es compleja y requiere de la cooperación del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, diputado que ya ha dado señales de que estaría dispuesto a facilitar el trámite.
Para eso, los parlamentarios tendrían que arrebatarle el control del calendario al gobierno británico, que generalmente decide lo que sucede en el Parlamento. Sin embargo, la decisión de Johnson de suspenderlo hace que tomar el control de la agenda sea más difícil.
Los diputados regresarán a Westminster el 3 de septiembre (tras el receso de verano) y solo tendrán alrededor de cinco días para actuar antes de la suspensión, que comienza el 10 de septiembre. Solo podrán retomar las discusiones de esta hipotética ley hasta el 14 de octubre, cuando se reanuden las actividades parlamentarias.
Pero en esas fechas los críticos de Johnson tendrán un nuevo problema. La inauguración del Parlamento británico se da luego del discurso de la reina Isabel II, que contiene las principales prioridades del gobierno, hasta por seis días. Esto reduce aún más la ventana de acción, pues el número de sesiones parlamentarias se vería reducido a solo tres semanas del plazo del 31 de octubre.
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Moción de censura contra el primer ministro Las protestas contra el Brexit se avivaron tras la decisión de Johnson. Foto: AFP
Vista por algunos como la “última opción”, los parlamentarios tienen la oportunidad de derribar al gobierno, un proceso que podría comenzar el mismísimo 3 de septiembre, fecha en que los diputados regresan del receso de verano.
La moción de censura podría entonces ser presentada por el líder laborista Jeremy Corbyn. El problema es que para que prospere sería necesario el voto de algunos diputados conservadores rebeldes contra su primer ministro.
En caso de que la moción de confianza prosperara en el Parlamento, se abriría un nuevo abanico de posibilidades que podría evitar el brexit duro.
Así, se abriría un período de catorce días que le permitiría a Boris Johnson, primer ministro británico, demostrar que tiene la confianza del Parlamento. Pero si durante este tiempo otro parlamentario puede demostrar que cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados, esto podría provocar la renuncia del actual líder del Ejecutivo.
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Si no se ha formado un gobierno después de catorce días, se celebrarían elecciones generales, lo que llevaría al menos cinco semanas.
El período de catorce días podría producir un gobierno liderado por Corbyn, un Ejecutivo de unidad entre partidos, cuyo objetivo principal podría ser solicitar una extensión de la UE y organizar unas elecciones mientras tanto entre ellas.
Sin embargo, no está claro qué pasaría si el primer ministro perdiera la moción de confianza y el Parlamento fuera suspendido antes de que terminara el período de catorce días. No obstante, ciertamente habría presión política sobre el gobierno para posponer la prórroga establecida por la Unión Europea.
El único problema es que, raramente, las mociones de confianza tienen éxito en el Reino Unido. En enero de este año, la ex primera ministra Theresa May también fue sometida a este proceso, del que salió triunfante, pues una cosa es que algunos de sus copartidarios no estén de acuerdo con sus políticas y otra es arriesgarse a perder el poder con la oposición.
Desafío legal, otra alternativa La activista Gina Miller demandó la decisión de Boris Johnson ante la justicia. Foto: AFP
No son solo los parlamentarios opositores quienes han cuestionado la decisión de Boris Johnson de suspender la Cámara de los Comunes.
La empresaria y activista antibrexit Gina Miller impugnó “el efecto y la intención” de la decisión del primer ministro mediante una acción ante la justicia: la medida “fue manifiestamente utilizada (…) para impedir que el Parlamento legisle contra un brexit sin acuerdo”, dijo en la BBC.
Miller fue la responsable en 2017 de una victoriosa batalla legal que obligó al gobierno de Theresa May a requerir la aprobación parlamentaria para todo acuerdo con Bruselas.
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Esta vez pidió “una audiencia urgente la semana que viene y una orden judicial provisional” contra la decisión de Johnson.
Por otra parte, unos 75 parlamentarios proeuropeos fueron recibidos de urgencia por la más alta instancia civil de Escocia, a la espera de una audiencia completa prevista el 6 de septiembre.
Y en Irlanda del Norte, el activista Raymond McCord presentó una demanda, que será examinada el viernes, para obligar al primer ministro a revocar su petición a la reina.
Lo cierto es que cada día que pasa la posibilidad de un brexit sin acuerdo parece más cercana de lo pensado. Una opción que Johnson ha negado apoyar de puertas para afuera, pero con la que al parecer no está del todo disconforme.
JESÚS MESA
@JesusMesa
jmesa@elespectador.com
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