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La presidencia francesa de turno presentó ante el Parlamento Europeo el borrador del “Décimo informe anual sobre derechos humanos”, en el que también se señalan progresos y carencias en Guatemala, Perú y Venezuela, y que deberá ser ratificado en diciembre.
Sobre México, la UE se declara “preocupada por la situación de la seguridad y la escalada de violencia”, y “aprecia los esfuerzos del gobierno para promover los derechos humanos, incluida la lucha contra el feminicidio, en foros multilaterales”.
En cuanto a Colombia, en un amplio análisis, el informe recalca que “la implementación de la Ley de Justicia y Paz está lejos de ser completa”, y urge al gobierno a “apoyar y suministrar los recursos” de manera “rápida y eficiente” para resolver esta carencia.
La prioridad debe darse -añade el texto- a los derechos que tienen las víctimas de la violencia a “la verdad, la justicia y la reparación”.
La UE reclama además a los grupos armados la liberación de todos los rehenes y su “compromiso sincero” para dar una solución al conflicto armado.
Así mismo, expresa su preocupación por la “nueva ola de ataques contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas”, y llama al Gobierno a dar protección a éstos y otros grupos vulnerables.
La UE recuerda además la “emergencia de nuevos grupos paramilitares” y pide a las autoridades redoblar sus esfuerzos para evitarlo.
En cuanto a Cuba, se reiteran las conclusiones de la política europea adoptada en junio pasado, cuando la UE levantó las sanciones diplomáticas contra el régimen cubano con el objetivo de mejorar la situación política y de los derechos humanos.
Así, vuelve a llamar al gobierno de La Habana a “liberar incondicionalmente a todos los prisioneros políticos, incluidos los disidentes encarcelados en 2003” y a facilitar el acceso de las organizaciones humanitarias a las cárceles.
También pide la ratificación de acuerdos internacionales sobre derechos humanos y la “garantía de libertad de información y expresión, incluido el acceso a internet”.
En el caso de Guatemala, el informe repasa una serie de políticas que considera positivas, como la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), con la que el país inició la batalla contra las mafias.
De la misma forma, habla de la “profunda preocupación” que le supuso a la UE el intento del Parlamento de reactivar la pena de muerte en Guatemala, que fue vetado por el presidente Álvaro Cólom, a quien agradecen su intervención.
El informe también saca a colación los intentos en Perú de ampliar los supuestos de pena capital, y recuerda los compromisos adquiridos por Lima en el Pacto de San José y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Gracias en parte a los esfuerzos diplomáticos de la UE, el Congreso peruano rechazó las enmiendas propuestas en su constitución” para poder aplicar la pena capital a los violadores de niños de menos de siete años, recalca el borrador.
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