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«Esta denuncia contiene una serie detallada de imputaciones y cada imputación tiene un correlato probatorio. Este acervo probatorio de más de 190 elementos sustenta detalladamente cada marco de la acusación para que la defensa ejerza el derecho que le corresponde», subrayó el fiscal adjunto supremo Marco Huamán durante una reunión informativa con la prensa extranjera acreditada en Lima.
Huamán, quien es coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales, remarcó que «la ley no faculta» a los fiscales a adelantar los términos de esas pruebas, aunque reiteró que la denuncia formulada por la fiscal general, Patricia Benavides, «es el resultado de diligencias preliminares o de actos de investigación que se han realizado autorizados por un juez supremo».
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Enfatizó que ahora «es facultad exclusiva y excluyente del Congreso» desarrollar el proceso para llegar a un pronunciamiento final sobre el tema, aunque reiteró que «la norma procesal señala la reserva de las investigaciones».
«La revelación o no de este material probatorio depende del Congreso», sostuvo antes de decir que los fiscales «más allá» no pueden «ingresar».
Para este jueves está programada una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se analizará la “situación en Perú” a petición del presidente Pedro Castillo. Precisamente este miércoles se conoció una misiva, fechada el 12 de octubre, en la que el mandatario pedía a OEA que tomara “medidas de urgencia” para abrir “un diálogo entre los diversos poderes del Estado” parar resolver la crisis política que vive el país y evitar “la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”.
“Solicitar a usted, señor secretario general (Luis Almagro), que disponga las medidas de urgencia que permitan abrir un diálogo entre los diversos poderes del Estado para resolver la crisis política que afecta a la democracia peruana, evitando al mismo tiempo la configuración de una nueva modalidad de golpe de Estado”, reza la misiva, publicada por varios medios de comunicación.
El presidente peruano pidió al organismo que aplicara los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana a Perú, que establecen que cuando un Estado miembro considera que está en riesgo su “ejercicio legítimo del poder”, puede pedir a la OEA que le dé asistencia para fortalecer y preservar la “institucionalidad democrática”.
Según la normativa, el Consejo Permanente del organismo debe reunirse, analizar la situación del país y decidir qué medidas adoptar para apoyar al Estado que solicita ayuda.
LA DENUNCIA FISCAL
La fiscal Benavides envió hace una semana una denuncia constitucional al Congreso contra Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
El Ejecutivo y la defensa de Castillo sostienen que el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos concretos, entre los que figuran traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción o comunes.
Durante la reunión de este miércoles, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, agregó que la denuncia «sin duda es una situación inédita» en su país, ya que comprende por primera vez a un gobernante en funciones.
Consideró, sin embargo, que Benavides ha seguido «el camino correcto» en su decisión y defendió que los fiscales no se fijan «en la ideología política», sino que investigan «casos graves».
Vela dijo que la Fiscalía de Lavado de Activos «tuvo participación activa» en este proceso de investigación preliminar, al tomar la confesión de la empresaria Karelim López, una gestora de intereses que mantuvo vínculos con las altas esferas del poder en los últimos años.
DERECHO A LA DEFENSA
El fiscal, que lidera las investigaciones de los casos «Lava Jato» y «Odebrecht» en Perú, consideró que, tras las pericias realizadas, «se justificaba plenamente» que se investigara al presidente y expresó su expectativa de que «no se establezca la impunidad».
«La investigación al presidente también implica el derecho a que pueda ejercer su defensa», remarcó para luego decir que los fiscales esperan que la investigación pueda continuar.
Huamán añadió, al respecto, que «se ha acopiado material probatorio que permite afirmar que se ha cumplido con la etapa procesal que corresponde al proceso».
La denuncia ahora debe ser revisada por Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que también ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que interprete la Carta Magna del país para determinar si se puede proseguir con la acusación contra el gobernante.
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