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Mientras la guerra de Rusia contra Ucrania sigue causando estragos tanto a escala regional como mundial, el pueblo ucraniano y sus aliados demuestran un coraje y determinación notables; pero tras casi dos años de la invasión rusa a gran escala, queda cada vez más claro que la comunidad internacional puede ayudar mucho más… y debe hacerlo.
Aunque los países del G7 y otros gobiernos de todo el mundo se han mostrado extraordinariamente generosos en su apoyo a los esfuerzos de Ucrania durante la guerra, hay señales de una fatiga cada vez mayor en algunos círculos, algo que Rusia parece haber previsto. Estados Unidos y la Unión Europea no lograron comprometer en diciembre los más de 100.000 millones de dólares de asistencia que Ucrania buscaba, por lo que resurgió como posible solución la idea de embargar los activos rusos congelados por los países occidentales.
Aunque el embargo de esos activos daría impulso a la moral y finanzas ucranianas, los responsables políticos a ambos lados del Atlántico se muestran cautos. Como informó recientemente The New York Times, a los funcionarios estadounidenses de más alto rango les preocupa que un precedente de ese tipo disuada a otros países de depositar sus fondos en la Reserva Federal de Nueva York o mantenerlos en dólares.
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Pero la preocupación de que otros gobiernos puedan resistirse a mantener sus fondos en EE. UU. por temor a futuros embargos no tiene en cuenta algunos puntos clave. El embargo de los activos rusos congelados no afectaría a los de otros países ni incidiría en los incentivos de los gobiernos que no planean una guerra importante. Más aún, si no embargan esos fondos, los países occidentales estarán dando señales de que los gobiernos que se embarcan en guerras brutales de agresión pueden violar el derecho internacional y, al mismo tiempo, aprovecharlo para evitar las consecuencias de sus acciones. En lugar de eso, los líderes del G7 debieran enviar un mensaje claro: no hay lugar para ese tipo de contradicciones. Si disuaden a otros países malintencionados de violar el derecho internacional, esos embargos podrían funcionar como medidas para fomentar la paz.
El supuesto efecto negativo que tendría el embargo de los activos rusos sobre la voluntad de otros países para depositar fondos en EE. UU. y Europa, de existir, se hubiera revelado cuando se congelaron esos fondos a principios de 2022; sin embargo, no se han fugado capitales desde EE. UU. ni desde Europa. Esto se debe en parte a que hay pocas alternativas seguras al sistema financiero vigente. Suponiendo que los gobiernos recelaran de mantener sus activos en EE. UU., Europa o Japón, ¿dónde los tendrían? Incluso dejando de lado asuntos como los controles de capital, ¿se sentirían más seguros con su dinero en, digamos, instituciones chinas?
Además, aunque las instituciones europeas y japonesas puedan beneficiarse si otros países potencialmente «rebeldes» deciden retirar sus depósitos de EE. UU., el impacto financiero sería insignificante. De hecho, muchos economistas sostienen que esos ingresos de capital generan más costos que beneficios: como causan una apreciación de la moneda, según ese razonamiento, resulta más difícil exportar bienes y competir con las importaciones, lo que destruye puestos de trabajo.
Ciertamente, algunos financistas podrían registrar pérdidas, pero la mayoría de los fondos mantenidos en EE. UU. son simplemente reservas depositadas en la Fed, que no benefician de manera directa a Wall Street. Lo mismo ocurre con Euroclear, la institución financiera belga donde reside el grueso de los activos rusos.
Otro argumento relacionado en contra del embargo es que solo se puede realizar una vez, porque una vez que se lleve a cabo ningún país dejaría sus reservas u otros activos en EE. UU. o la Unión Europea. Pero, incluso si fuera cierto, no es un razonamiento persuasivo: una herramienta que no se puede usar es básicamente inútil, y nunca hubo mejor momento para usarla que ahora.
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En última instancia, hay que obligar a Rusia a rendir cuentas. Aunque no puede compensar completamente a Ucrania por la devastación que causó, debiera, como mínimo, pagar por los daños físicos y cubrir los costos de la reconstrucción. Cuando alguien comete un agravio —un acto que perjudica a otra persona— debe compensarla por ello. A menudo se embargan los activos de los responsables para garantizar que cumplan esa obligación y el mismo principio es aplicable a los países. Aunque el embargo de activos suele ser complejo, el caso ruso podría ser la excepción, dado que los activos a embargar ya fueron congelados.
Es posible que los expertos legales sostengan que un mejor enfoque es ofrecer préstamos a Kiev con los activos congelados como garantía, ya que eso obligaría a Rusia a elegir entre compensar de manera directa a Ucrania o perder el derecho a esos fondos, pero es mejor dejar esos tecnicismos en manos de los abogados. La realidad es que Ucrania necesita el dinero ahora, que ese dinero está bajo el control de Occidente, y que no usarlo para ayudar a Ucrania a ganar la guerra y reconstruir el país sería desaprensivo. Es poco razonable pretender que los contribuyentes y donantes europeos, estadounidenses y asiáticos asuman el costo de la reconstrucción de Ucrania cuando la propia Rusia podría efectuar una contribución significativa (aunque involuntaria).
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Pero el uso específico de los fondos confiscados es otro tema que preocupa. Aunque el 90 % de la asistencia estadounidense asignada a Ucrania se gasta en EE. UU., los activos rusos embargados se podrían utilizar para apoyar a la fuerzas ucranianas en terreno y financiar el enorme esfuerzo de recuperación.
Se sobreentiende que embargar los activos rusos congelados no absolvería a Occidente de la responsabilidad de brindar asistencia militar a Ucrania; sin victoria, no hay reconstrucción posible. De todas formas, el hecho de que la reconstrucción de Ucrania podría costar más de un billón de dólares —más del triple de lo que valen los activos— podría aplacar a quienes aún se muestran reticentes a usarlos para financiar esas actividades.
Por supuesto, no hay dinero capaz de revertir el inmenso daño que la guerra de agresión rusa infligió a la economía y al pueblo ucranianos, pero se puede considerar a los activos rusos congelados como un anticipo de las reparaciones que el Kremlin se vería finalmente obligado a pagar.
* Joseph E. Stiglitz recibió el premio Nobel de Economía, es profesor de la Universidad de Columbia y ganó el Premio Sídney de la Paz 2018. Andrew Kosenko es profesor adjunto de economía de la Escuela de Administración del Marist College.
© Project Syndicate 1995–2024
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