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¿Tiene la cooperación internacional algún papel que cumplir en la protesta social colombiana? La sociedad civil espera que los Estados y organismos multilaterales que proveen ayuda oficial al desarrollo (AOD) se pongan de su lado. El Gobierno considera que los denominados donantes extranjeros no deben entrometerse en cuestiones internas del país. Esta tensión se agudiza cuando ocurren acciones violentas por parte del Estado.
La cooperación internacional está presente en Colombia desde hace siete décadas. En este tiempo, las tendencias y sus formas de actuar han ido evolucionando, en general, y en particular con el país. Los donantes internacionales han invertido en desarrollo rural, educación, promoción de la sociedad civil en diversos campos, creación de pequeñas empresas y protección de derechos humanos, entre otros temas.
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Al aceptar la presencia de la cooperación, sus fondos y diversas formas de ayuda (por ejemplo, asistencias técnicas), el Estado colombiano adquiere compromisos. Las formas más modernas y críticas de la cooperación consideran que no se trata solo de dar y recibir, sino cómo se da, con qué fines, en qué contextos de poder político, qué beneficios obtiene cada parte y qué compromisos se forjan entre donantes y donatarios.
Por ejemplo, una serie de Estados (de forma directa y a través de la ONU), además de la Unión Europea, contribuyeron sustancialmente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Cuando el Gobierno colombiano acepta los fondos, pero al mismo tiempo obstaculiza o frena la implementación, rompe las reglas del juego.
Otro ejemplo, Colombia es parte del sistema de la ONU y como tal acepta el régimen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuando la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos realiza observaciones sobre el uso excesivo de la fuerza pública, u otras recomendaciones, no está violando la soberanía, como explicó en estas páginas el jurista Rodrigo Uprimny, sino que está recordando al Estado que debe cumplir sus compromisos internacionales.
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Con motivo de las protestas de 2019 y principios de 2020, que ahora han continuado masivamente, comencé una investigación sobre si la cooperación internacional se ha quedado rezagada o está respondiendo a la agenda de la protesta social. Para ello, entrevisté a medio centenar de expertos de Colombia y extranjeros (académicos, diplomáticos, técnicos de varias ONG, representantes de comunidades indígenas y afrocolombianos, entre otros).
La respuesta se convirtió en un informe de 150 páginas con muchas sugerencias y matices. Por una parte, se plantearon los problemas acuciantes sobre los que la sociedad civil quiere que la comunidad internacional de donantes acompañe y se pronuncie: los asesinatos de líderes sociales y ex-Farc, y la defensa del Acuerdo de Paz en su totalidad (con especial preocupación por los ataques a la JEP); pero también surgieron temas vinculados a la protesta social: particularmente la desigualdad y su impacto, la falta de sistemas públicos eficientes y universales de salud, educación y pensiones. Y junto con ellos el problema de la corrupción, que le resta inmensos recursos al Estado.
Algunas personas entrevistadas indicaron que estas son cuestiones de las que se debe ocupar el Estado y no la cooperación. Más aún si es un Estado democrático de renta media alta, miembro de la OECD, y que se presenta como un campeón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Pero otras señalaron que gobierno tras gobierno en Colombia no han impulsado una verdadera reforma tributaria junto con políticas distributivas para enfrentar el hecho de que es el país más desigual de América Latina. Igualmente, el Estado permite que se pierdan cada año ingentes cantidades de recursos debido a la evasión fiscal, a las sobre y subfacturaciones, a los flujos financieros ilícitos transfronterizos, las exenciones impositivas a los sectores más ricos y a la falta de un catastro que permita saber de quién es la tierra y para qué se usa, y recaudar adecuadamente.
Dada la riqueza del país y su capacidad institucional, Colombia no es un Estado frágil que sufre estos problemas, sino que las élites (rurales y urbanas) y sus operadores técnicos y políticos, además de funcionarios insertados en el Estado, permiten que este drenaje suceda y se multiplique de forma exponencial. Esto debería plantear serias dudas a los donantes sobre dónde orientar su ayuda.
Existen programas de cooperación orientados a combatir la corrupción y la desigualdad que el Gobierno y los donantes podrían discutir. Por ejemplo, “Impuestos para el Desarrollo”, impulsado por el reino de Noruega, vincula cooperación con tributación y con reformas fiscales y proyectos de desarrollo para reducir la desigualdad y la pobreza.
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Un entrevistado indicó que la cooperación internacional “puede ayudar a exponer las formas de interacción y reproducción entre poder político y económico, conocimiento técnico sobre reformas impositivas, información acerca de paraísos fiscales e industrias extractivas, y una combinación entre empoderamiento, derechos humanos y litigios estratégicos”.
La cooperación internacional puede hacer aportes importantes en muchos campos, incluyendo el derecho a manifestarse pacíficamente; pero especialmente puede hacer algo muy importante si va a la raíz de por qué tantas personas y comunidades son violentamente excluidas del sistema social y político.
*Miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva de la Fundación Friedrich Ebert y autor del informe “La agenda de la protesta social en Colombia: ¿una oportunidad para la cooperación internacional?”. Instituto de Derechos Humanos Universidad de Deusto-Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, Bilbao.
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