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Luego de haber estado durante tres meses en Estados Unidos, Jair Bolsonaro regresó a Brasil. El exmandatario ha ofrecido pistas sobre cuál será su próximo movimiento dentro del tablero político brasilero: una ofensiva directa contra Luiz Inácio Lula da Silva desde la oposición. Aunque el antiguo jefe de Estado mencionó que está “sin cargo, pero no jubilado”, en los fugaces comentarios que hizo a las decenas de personas que lo recibieron en Brasilia no hizo referencia a los procesos que en un futuro próximo Bolsonaro debe enfrentar.
Durante su gestión en el Palacio de Planalto, Bolsonaro fue el blanco de varios señalamientos que oscilan desde denuncias por la “mala gestión” como jefe de Gobierno, según reportó Amnistía Internacional, hasta llegar a ser supuestamente partícipe del genocidio en contra de la comunidad indígena Yanomamí.
Mientras fue presidente, Bolsonaro estaba prácticamente blindado, ya que gozaba del fuero presidencial. Esta condición, otorgada por la Constitución brasilera, aseguraba ciertas ventajas para el jefe de Estado cuando de enfrentar procesos e investigaciones se trataba. Gracias a este fuero especial, Bolsonaro solo podía ser investigado con autorización del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima autoridad judicial de Brasil.
Además, el fuero garantizaba que únicamente la Procuraduría pudiera presentar y formalizar denuncias en contra de Bolsonaro, siempre y cuando la Cámara de Diputados (Cámara Baja del Congreso) autorizara la querella. En pocas palabras, luego de perder la presidencia y autoexiliarse en EE. UU., el expresidente pasó de ser una de las personas más importantes de la cúpula política brasilera a ser un ciudadano común.
Otro de los privilegios que Bolsonaro pierde es el derecho de ser representado por un abogado estatal, que usualmente lo brindaba la Abogacía General de la Unión. Esto quiere decir que el expresidente tendrá que contratar y costear un representante legal que lo defienda contra todos sus procesos.
Cabe recordar que Bolsonaro fue crítico de la rama judicial durante gran parte de su mandato. El último episodio de tensión fue en junio de 2022, cuando el expresidente amenazó con incumplir las decisiones del STF aludiendo que “no voy a vivir como una rata”, luego de que un miembro de su círculo político fuera destituido por difundir noticias falsas.
Ahora que Bolsonaro ha abandonado la burbuja de poder en Brasil, debe responder y enfrentar cinco procesos que las diferentes autoridades brasileras avanzan en su contra. Cuatro de ellos fueron presuntamente cometidos mientras ocupó la presidencia entre 2019 y 2022. ¿Cuáles son?
Las joyas prohibidas
El proceso que más podría complicar a Bolsonaro es la importación ilegal de joyas en 2019. Justo en el inicio de la pandemia, una comitiva del presidente viajó a Arabia Saudita para fortalecer vínculos entre Brasilia y Riad. En su regreso a jurisdicción brasilera, el grupo intentó introducir un lote de joyas “obsequiadas” valoradas en más de US$3 millones al país.
Cuando la comitiva aterrizó en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, los oficiales de aduana detuvieron a Bento Albuquerque, ministro de Energía del gabinete y preguntaron por qué no se declaró el ingreso de las joyas. Esto significó un delito desde el primer momento, puesto que las leyes de aduana de Brasil establecen que cualquier objeto superior a los US$1.000 debe ser declarada y gravada con impuestos. Además, este caso podría ser analizado bajo los jueces como un intento de evasión de impuestos.
Sin embargo, Albuquerque y otro militar que hacía parte de la comitiva aseguraron que el lote de joyas estaba destinado a Michelle Bolsonaro, la primera dama de aquel momento.
De acuerdo con Bruno Dantas en diálogo con Prensa Latina, este ingreso no estaba permitido por la legislación. Dantas, que es el encargado del Tribunal de Cuentas, una entidad que supervisa los dineros de Brasil, asegura que los funcionarios públicos solo pueden quedarse con regalos muy personales y de “importe financiero mínimo”.
La aduana de Brasil incautó las joyas y las guardó como posibles pruebas de delitos cometidos por la comitiva, que ha asegurado estar cumpliendo órdenes de Bolsonaro desde antes de llegar a Brasil.
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A partir de ahí, Bolsonaro intentó utilizar su poder presidencial para recuperar las joyas, y en palabras de uno de sus funcionarios, “no dejar nada para el Gobierno siguiente (el de Lula da Silva)”. El entonces presidente intentó cooptar a través de los ministerios diferentes funcionarios aduaneros con el fin de recuperar las joyas.
Por ejemplo, Bolsonaro envío una carta en diciembre de 2022 a la Oficina del Impuesta sobre Renta de Brasil, en que indicaba que requería que las joyas fueran enviadas a la Presidencia, aún cuando la única forma de recuperar el lote de joyas era pagando una multa y los impuestos correspondientes.
El jurista Messias Silva Manarim le aseguró a Prensa Latina que “pese a maniobras para evadir responsabilidades, Bolsonaro está siendo investigado por los órganos policiales al procurar violar trámites tributarios en Brasil, al recibir joyas en su mandato, como regalos del gobierno de Arabia Saudita”.
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La Policía Federal de Brasil citó a Bolsonaro a un interrogatorio en los próximos días para que defina cuál fue su papel y conocimiento en el caso, que ya tiene una investigación abierta en esa entidad.
El asalto a Brasilia
La justicia brasilera incluyó a Bolsonaro dentro de su investigación por el ataque indiscriminado que miles de manifestantes ejecutaron contra las sedes del poder público en Brasilia a comienzos de 2023. De acuerdo con las declaraciones de políticos brasileros, Bolsonaro tuvo protagonismo en incitar a las masas a atacar el Palacio de Planalto y las cortes de Brasil por haber desconocido los resultados electorales.
El entonces presidente, cuando perdió en los comicios contra Lula da Silva, aseguró que había existido un fraude masivo que lo llevó a perder la presidencia del país. Además, días después que el ataque se hubiera cometido en el corazón de la capital, Bolsonaro publicó un video en redes sociales en que volvió a desconocer los resultados electorales.
Alexandre Moraes, ministro del Superior Tribunal de Brasil, decidió en enero vincular a Bolsonaro debido que días después del ataque de Brasilia, las autoridades encontraron un “texto golpista” en la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres. El documento, que no estaba aún firmado por Bolsonaro, daba facultades para intervenir los juzgados y desconocer el resultado electoral.
Aunque esta investigación aún no ha arrojado resultados concretos, podría suceder algo similar al episodio que tuvo Donald Trump en Estados Unidos. Bolsonaro, de acuerdo con los hallazgos del STF podría ser acusado, o recibir una sugerencia de imputación penal, por su responsabilidad en el asalto a las sedes del poder público.
El proceso avanza con lentitud, sin embargo, más de 39 personas han sido imputadas por delitos penales y al menos 800 protestantes permanecen encarcelados por este hecho.
“Mala gestión” frente al covid
Bolsonaro negó la pandemia y sus secuelas en Brasil desde el inicio. A través de las redes sociales difundió información falsa en la que incentivaba a sus ciudadanos no vacunarse o deslegitimar los hallazgos científicos sobre el covid-19. Incluso llegó a mencionar públicamente que las personas vacunadas en Reino Unido desarrollarían el “síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)” y publicar información falsa acerca de las mascarillas.
Justo a inicios de este mes, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del Estado brasileño y vinculado al Congreso, autorizó una investigación en la que se creó una Comisión Especial para investigar “irregularidades” en el almacenamiento de vacunas, remedios, insumos y pruebas de diagnóstico que tenían plazo determinado de vencimiento.
Para una comisión investigadora del Parlamento, esto constituyó un delito de parte del exmandatario calificado como “crímenes contra la humanidad”. En su momento, se pidió a la Procuraduría que presentara la denuncia contra Bolsonaro, sin embargo, nunca se dio. Ahora sin el privilegio del fuero presidencial la justicia ordinaria podría recibir esta denuncia en contra del expresidente.
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La negación de la pandemia dejó más de medio millón de muertos en Brasil y un escándalo de recursos públicos. De acuerdo con los informes judiciales, la gestión de Bolsonaro en el covid tuvo responsabilidad en los afectados y en los recursos. De acuerdo con las investigaciones, el gobierno de Bolsonaro pagó US$15 millones por unas vacunas de origen hindú que costaban US$1,3 millones.
-Divulgar información clasificada
El antiguo presidente de Brasil tiene una investigación en curso por haber, presuntamente, divulgado información y datos confidenciales. Estos datos que Bolsonaro y el diputado Filipe Barros difundieron tenían el propósito de la “divulgación de información reconocidamente falsa, con repercusión dañina para la administración pública”, según un documento remitido a la Corte Suprema.
El magistrado Alexandre de Moraes citó a comienzos de 2022 a Bolsonaro a declarar para determinar su responsabilidad y autoría en la divulgación de información clasificada. Sin embargo, el entonces presidente no asistió a la citación alegando su “derecho a la ausencia”.
A pesar de que este caso está archivado, el STF podría considerar que ese caso contra Bolsonaro ya no hace parte de su jurisdicción, por ende, podría remitirlo a la Policía Federal para que fuera denunciado ante la justicia ordinaria. Para añadir, este proceso ya cuenta con las pruebas suficientes de la Policía Federal en las que se comprueban que Bolsonaro sí tuvo participación en un “delito”. En el expediente de Bolsonaro queda la constancia de que el mandatario desobedeció una orden judicial.
-Interferencia en la Policía Federal
El Superior Tribunal Federal abrió una investigación contra el expresidente por haber tenido injerencia dentro de la entidad policial brasileña. Según afirma el diario El Deber de Bolivia, Bolsonaro incurrió en estas acciones “para proteger a sus hijos en indagaciones abiertas”.
En un video divulgado por la Corte Suprema en medio de la investigación, Bolsonaro queda en evidencia frente a las acusaciones. El video, que fue difundido en febrero, muestra cómo Bolsonaro y su círculo político admiten haber tratado de intervenir en las investigaciones policiales contra miembros de su familia. Cuando se toca el tema de las injerencias en la entidad judicial, Bolsonaro menciona que “no voy a esperar que me jodan a mí o a mi familia”.
Una de las pruebas más claras es un segmento del video en que el mandatario afirma: “Intenté cambiar gente de seguridad nuestra en Río de Janeiro y no lo conseguí”.
El STF no ha tomado una decisión sobre si archivará o le dará continuación al proceso. Sin embargo, si se mantiene abierto este caso puede ser tramitado por la justicia ordinaria
El exmandatario enfrenta además 16 investigaciones por parte del Tribunal Superior Electoral, por haber atacado con frecuencia el voto electrónico.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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