«Acoso gubernamental a jueces no debe tolerarse»

El diario El País de España eligió a César San Martín Castro uno de los personajes de 2009 en Iberoamérica, por haber presidido la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que condenó al ex presidente peruano Alberto Fujimori. El juzgamiento demoró quince meses, fue transmitido en directo por televisión y convirtió a este jurista en símbolo del rescate de la llamada “majestad de la justicia”. Le impuso al “dictador”, como él lo llama, cuatro condenas, la principal a 25 años de cárcel como autor intelectual de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, ocurridas durante la persecución a la guerrilla Sendero Luminoso, y tres más por delitos como interceptación ilegal de comunicaciones a opositores al régimen.

San Martín no había hablado de los detalles del juicio hasta su participación en la II Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en Buenos Aires, el mes pasado. Allí le dijo a este diario: “Es una de las primeras ocasiones que tengo de exponer un caso de estas dimensiones, de cara al rol que puede cumplir en una democracia viva la prensa de investigación. Fue posible y se debió a un profundo tratamiento por los equipos de investigación periodística y eso me ha obligado a romper mi silencio”.

No duda de que ha sido el máximo reto de su carrera desde que se inició como practicante del poder judicial a finales de los años 70. “Es un caso ciertamente emblemático. El juzgamiento del ex presidente Fujimori significó un reto para el país y en especial para el poder judicial, el rescate de la memoria histórica y la reafirmación de la ética pública y el afianzamiento de la justicia”.

Según él, la corrupción fue el motor del régimen fujimorista y da una idea de la magnitud: “Había recursos extraordinarios en manos del Estado, por la política de privatizaciones, de US$9.221 millones y al final sólo quedaron US$543 millones”. Eso aparte del flujo de dineros provenientes del narcotráfico.

“Lo más difícil, aparte de procesar el bagaje inmenso de información —reconoce— fue sentarse a entender el régimen antes de estructurar la sentencia, entender la estrategia de cooptación de los sectores militares y empresariales para el dominio de los poderes públicos”. Es por eso que el fallo requirió de 15 capítulos y 708 páginas. Debió hacer un curso acelerado de Derecho Internacional Humanitario, de estrategia militar y policial e incluso da crédito especial a doctrinas del Tribunal Supremo Federal Alemán.

¿Y cómo llegó a Fujimori? “Solo pudimos llegar al número uno del Estado luego de entender su lógica del poder, desde cómo fue la asunción presidencial (1990) y cuáles las bases teóricas y prácticas de su régimen hasta cómo el presidente tenía un control de todo el sistema y en especial de la lucha contra el terrorismo, donde había conductas que se apartaban de los lineamientos jurídicos”.

Resultó definitivo también definir el rol de los servicios secretos, de Vladimiro Montesinos y del ex comandante del Ejército y de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermosa Ríos, para demostrar “la represión selectiva de corte criminal a los grupos alzados en armas”. Luego el autogolpe de Estado (1992) donde se adueñó también del poder legislativo y judicial formalizando una dictadura. “Quien mandaba, quien diseñaba y daba el visto bueno era el número uno del Estado. Las órdenes de ejecución fueron transmitidas por el acusado”.

¿Cuál fue la prueba reina? “Fue una llamada providencial de un miembro de Colina (el grupo paramilitar que hizo desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias) llamó y dijo dónde estaba la documentación. En tal archivo y gaveta del cuartel general del ejército, y gracias al Ministro de Defensa nos abrieron las puertas del infierno”.

Sabiendo del gusto de San Martín por la investigación, la lectura y la escritura, tiene en sus manos la historia de un régimen comparable al descrito por Mario Vargas Llosa en La fiesta del chivo, sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Aunque coincide con la visión de Vargas Llosa en que “un régimen cae porque se pudre por dentro”, San Martín prefiere la filosofía y no magnificar. Una de sus cualidades es la discreción.

Al escucharlo resalta la serenidad con que habla, la humildad que evidencia y, a la vez, el respeto y autoridad que infunde. Ni el mismo Fujimori debería discutir la imparcialidad de este juez, porque en los años 90 lo había procesado por supuesto favorecimiento a una firma israelí que le vendió helicópteros a Perú y lo absolvió.

Hay que sumarle que entre 1989 y 1992 dirigió el tribunal antiterrorismo que condenó a líderes de las guerrillas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amarú. Pistoleros de estos grupos intentaron asesinar a su esposa, también juez, pero se les trabó el arma y la escolta pudo salvarla. San Martín tuvo que exiliarse en España, donde ha dictado cátedra en universidades y se declaró del “flanco moral” de Baltasar Garzón. Ante la insistencia de El Espectador, el hoy presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Perú respondió también sobre su mirada al caso colombiano desde la perspectiva del de Fujimori.

¿Qué significó para usted juzgar al ex presidente Fujimori?

Juzgar a un ex jefe de Estado en una democracia requería de un esfuerzo de organización y de preparación para ‘demostrar’ al país y al mundo que era posible un juicio con pleno respeto de las garantías constitucionales: debido proceso, tutela jurisdiccional, defensa procesal y presunción de inocencia. Había que demostrar independencia, objetividad, rigor y prudencia. Asumimos como pauta básica la transparencia en el ejercicio del cargo, una alianza muy clara con los medios de comunicación y una línea de conducta funcional muy escrupulosa: nos negamos a salir a formular declaraciones una vez iniciado el juicio. Toda aclaración la realizamos por medio de notas de prensa, pero nuestro “seguro” fue que el juicio fue televisado.

¿Demostraron que los jueces pueden infundir majestad y ser justos?

Imponer una pena a un ciudadano, más aún si fue jefe de Estado y de Gobierno, requiere de un proceso previo impecable y, luego, de una sentencia muy sólida en sus fundamentos y de mucho rigor jurídico, que utilice un lenguaje claro y directo, y que permita ser entendida por la mayoría de ciudadanos. Se debe ganar la batalla de la confianza ciudadana en el procedimiento seguido, que no se advierta signo o indicio alguno de parcialidad, y luego emitir una sentencia muy meditada, con pleno respeto de la ley, que ha de ser conocida por todos.

¿Es verdad que gracias a nuevos decretos legislativos, los delitos de lesa humanidad de Fujimori pasarían a ser delitos comunes y que por ese camino podría anular la sentencia emitida por usted en la Sala Penal Especial cuando el caso llegue al Tribunal Constitucional?

Los últimos Decretos Legislativos han creado serios problemas para la aplicación local del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal. Empero, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es clarísima al igual que la de nuestro Tribunal Constitucional. Su inaplicación es evidente y, ante la crítica ciudadana, el Congreso derogó la norma más controversial.

¿Qué le enseñó el caso?

Muchísimo. No sólo tuve que leer y aprender aceleradamente un conjunto de materias que un juez ordinario no utiliza cotidianamente: Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Penal, sino que me di cuenta de la importancia del Derecho Internacional y de los límites y condiciones que impone al Derecho Nacional y a los gobernantes. Por otro lado, asumí que ningún gobernante está al margen del derecho y de sus responsabilidades, y que los jueces estamos obligados, con la Ley en la mano, a hacer efectivas esas responsabilidades a través de un juicio justo y equitativo.

¿Cómo describe para la historia de Perú las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos?

Significaron un hito en la lucha contra el terrorismo. Expresaron lo que jamás puede hacer un Estado para combatir a una organización terrorista, por muy genocida que fuera. Mostraron cómo se configuró y actuó un aparato de poder organizado en el interior del propio Estado que actuaba al margen del derecho.

¿Por qué los jueces temen juzgar presidentes o ex jefes de Estado?

El temor ante los casos difíciles está siempre presente. Forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, lo que corresponde es superarlo y mostrar coraje y decisión para asumir un encargo legal de esa magnitud. Es básico no sólo el apoyo de la propia corporación judicial, sino de todos los sectores sociales y de la comunidad internacional. Por lo demás, el apoyo se gana a punta de prácticas decentes y una línea de conducta inequívoca para acometer con rigor y legalidad un juicio de máximas dificultades, de suerte que pueda aislarse a quienes quieren torcer el destino de la justicia. Desde luego un juicio justo sólo es posible en una democracia constitucional.

¿Qué opina de que la justicia colombiana haya demostrado que los magistrados de las altas cortes fueron espiados y acosados por el gobierno de Álvaro Uribe?

El espionaje a las comunicaciones y el acoso gubernamental a los jueces es, sin duda, una práctica antidemocrática y delictiva que no puede tolerarse. La sociedad debe rechazarla y presionar porque se sancione a los responsables. Nada justifica interceptar las comunicaciones de los jueces, salvo que exista un motivo legalmente admisible y se autorice por un juez en los marcos de un proceso con plenas garantías.

¿Qué mensaje envía a sus colegas de la Corte Suprema?

A mis colegas de Colombia les expreso mi fraternal saludo y hago votos porque mantengan muy en alto las banderas de la justicia y del imperio del derecho. A ellos les corresponde impartir justicia con plenas garantías, y estoy seguro de que lo harán con transparencia y equidad. La defensa de la independencia judicial y la afirmación de los valores que encarna la jurisdicción es un deber de los jueces, no cabe transacción alguna… y mis colegas colombianos lo saben, harán honor a su bien ganado prestigio.

¿Qué debe hacer un juez ante presiones del poder político?

Denunciarlas y no ceder ante ellas. La publicidad es un factor de inhibición muy grande para “parar” esas prácticas. La administración de la carrera judicial debe asumir la defensa institucional del juez para que el problema deje de ser un tema individual.

¿Y ante las dictaduras?

El juez siempre ha de preservar aquellos valores que le son consustanciales, debe luchar hasta donde pueda por mantenerlos; no puede ser instrumento de políticas antidemocráticas ni prestarse a la impunidad.