América Latina, ¿por qué son claves los datos abiertos?

Desde hace un poco más de 10 años Latinoamérica se ha venido preparando, con distintos niveles de intensidad, para la gran transformación digital que vive el mundo. Los datos abiertos son, en buena medida, esa piedra angular capaz de construir democracias que articulen políticas públicas, infraestructuras y participación ciudadana a mediano y largo plazo. Resulta difícil oponerse a la idea de la necesidad de abrir cada vez más los datos, aunque los gobiernos muchas veces encuentran excepciones para no hacerlo. Es indispensable subirse al tren si queremos seguirle la pista a las grandes potencias como China, Estados Unidos, o los países europeos, y así evitar un estancamiento irremediable.

Esa es una de las grandes conclusiones del Barómetro de Datos Abiertos América Latina y el Caribe coordinado por ILDA, una organización internacional fundada en 2013 dedicada al uso ético de datos, y otros aliados de la región como el Caribbean Open Institute. Durante los últimos cuatro años heredaron la metodología investigativa que dejó el último barómetro de este tipo, publicado hace cuatro años por la World Wide Web Foundation, y con esta base analizaron cuidadosamente el estado de cada uno de los países para detectar dónde estamos parados y para que cada gobierno sepa qué tanto ha avanzado y qué queda por mejorar.

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Se hicieron entrevistas a expertos y se evaluaron los conjuntos de datos disponibles. Eso sí, la medición llega hasta abril, por lo que las peores consecuencias de la pandemia no quedaron registradas y se desconoce lo que vaya a desencadenar.

¿Por qué son importantes los datos abiertos? A pesar de ser un concepto relativamente abstracto, porque carece de materialidad, intervienen en casi todos los procesos de nuestra vida. No los vemos, pero ahí están. De hecho, se usan para monitorear compras públicas, presupuestos o sectores como salud o educación, entre otros. El tema tiene una segunda arista: la ciberseguridad. En diferentes momentos hemos escuchado sobre escándalos en materia de privacidad y uso ilegal de datos personales por parte de entidades gubernamentales. Por eso ILDA afirma que “la ampliación de la agenda de datos no debe ser a costa de relegar la apertura de los mismos, a riesgo de perder todo el terreno ganado”.

Organismos como el programa de Ciberseguridad de la OEA han advertido en reiteradas ocasiones que es necesario que los países se esfuercen en seguir mejorando este aspecto. En su último informe, publicado este año, afirmaron: “Aunque  América  Latina  y  el  Caribe  ha  mejorado  sus capacidades de ciberseguridad desde 2016, el nivel de madurez promedio de la región todavía está entre 1 y 2, de acuerdo con el Modelo de Madurez de la Capacidad de Ciberseguridad para  las  Naciones (en el que 1 significa etapa Inicial y 5 significa Dinámica o Avanzada)”.

Muchos todavía no ven su importancia, según el barómetro. La investigación de ILDA reportó tres grandes líneas tenidas en cuenta: preparación, implementación e impacto. Este último punto es el más majo del informe, de hecho, los primeros dos sacan a nivel regional un resultado respectivo de 48,3 y 57,4 puntos (sobre un total de 100). En conversación con El Espectador la coordinadora del proyecto, Silvana Fumega, explicó: “Es mucho más complicado darle uso a los datos que liberarlos. Hoy estamos convencidos de que hay que no solo escuchar la demanda, sino atraerla. Como entidad pública hay que tener conversaciones con todo el mundo para entender qué cosas necesitan y así darle valor a los datos”.

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Ahora, no se puede pretender que todos entiendan cómo trabajar con los datos. Lo importantes es que agentes externos estén en la capacidad de darles un buen uso. “Creo que el ciudadano de a pie se ve beneficiado por los usos de otros intermediarios, ya sea los análisis periodísticos, aplicaciones en tránsito, bienes raíces, y de organizaciones que trabajan en rendición de cuentas o cualquier otro tema que podamos pensar en sociedad civil”, aseguró Fumega.

Los primeros cinco países del ranking son Uruguay, Argentina, Colombia, Brasil y México. Sin embargo, es justamente este grupo el que no ha avanzado como se esperaba. Por lo contrario, los países de más abajo como Guatemala, Bolivia, Ecuador, y Panamá, fueron los que tuvieron una evolución importante y esperanzadora. Fumega asegura: “Vemos un gran progreso en países que antes ni siquiera eran medidos porque no tenían ningún tipo de política al respecto. Hay una tendencia hacia el medio, lo que estaban abajo subieron y los que estaban arriba no lograron seguir incrementando ese crecimiento de la misma manera que se esperaba”.

Una de las grandes deudas identificadas por ILDA y sus aliados es la necesidad de que los gobiernos mejoren la calidad de los datos. Esto para que en un futuro se puedan incluir en los estudios datos relacionados con inclusión y diversidad. “Un reciente estudio de Data 2x y Open Data Watch 13 , que ha incluido 93 indicadores estadísticos en 6 países de la región, revela que en el mejor de los casos, un 68 % introducen una variable que permite utilizar el género de los datos, generalmente además en una expresión binaria, no contabilizando otros grupos”, asegura el barómetro.

Fumega agrega: “No es un problema que no se ha querido medir, sino que hoy estamos midiendo otro tipo de cosas. También todos los temas que tienen que ver con tecnologías emergentes como aprendizaje automático”.

Colombia, un sabor agridulce

Colombia es uno de los países que más ha mejorado en materia de datos abiertos. Los avances en políticas públicas, en la promoción del uso de datos por emprendedores y en el aumento de iniciativas locales fueron notables. Ahora bien, no todo es perfecto. De hecho, la publicación de datos para la rendición de cuentas retrocedió. Dejando de lado la apertura de la información sobre el gasto público, “los demás conjuntos en esta área vieron avances menores y retrocesos importantes. Los datos sobre legislación y elecciones alcanzan solo niveles medios de apertura, mientras que los datos sobre registro de compañías y presupuesto público han retrocedido de modo importante en sus niveles de apertura”, aseguró Jorge Florez, uno de los analistas del informe.

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Juliana Galvis, investigadora en temas de gobierno abierto y acceso a la información de Datasketch, también trabajó en el barómetro y se encargó de indagar en varias fuentes de la información en Colombia, en las leyes existentes respecto a los datos y en las plataformas que los tienen disponibles. “Colombia tiene una ley muy buena en términos del acceso a la información, de garantizar a las personas el acceso y el uso de los datos abiertos. El problema es que no existen formas de garantizar que la ciudadanía esté usando estos datos abiertos”, le dijo a El Espectador.

En pocas palabras Galvis asegura que algunas de las bases de datos disponibles no sirven a la ciudadanía porque están sucias y con los formatos de visualización incorrectos. Esto restringe el impacto que puede tener a la ciudadanía. Si entran a ver esto no les va a generar nada más allá de ver una base de datos mal hecha. Además, es evidente que no existe una política pública que permita que la ciudadanía use los datos y que se apropie de ellos, a pesar de las iniciativas del Mintic, u otros. Tampoco existen indicadores que especifiquen qué impacto va a tener determinados datos.

El tema preocupa aún más cuando se detectan temas importantes en el país cuyos datos todavía no están liberados. Según la investigadora en ocasiones se debe a pura voluntad política. “Por ejemplo, unos de los datos que menos existen en Colombia son los registros de compañías en el país. Lo mismo sucede en casos de datos sobre hojas de vida de congresistas o el de registros de propiedades y de tierras. En este último está bien rankeado Colombia, pero lo que encontramos es que no existe información tan accesible para la ciudadanía respecto al registro de propiedades”, afirmó.