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El acoso sexual es un problema que ha estado bajo la lupa de las cortes y los organismos judiciales de países de todo el mundo, mucho más cuando la tecnología está de por medio. En Corea del Sur la situación es muy particular, porque la rigidez de su leyes deja un espacio gris que divide la difamación y el delito de acoso. Para solucionar el conflicto, el gobierno creó un grupo de expertos que se dedica exclusivamente a encontrar y eliminar de la web videos sexuales que hayan sido subidos sin la respectiva autorización de la mujer.
Y es que en julio de 2018 se conoció el caso de una mujer de ese país que denunció un acoso sexual y a los días recibió querellas en su contra que la acusaban de difamación. «Presentó querella tras querella contra mí, acusándome de difamación, de insultos, de perjurio, de intimidación e incluso de acoso sexual. Durante esos meses no podía dormir, tenía la impresión de estar sumida en un pantano del que no saldría nunca», explicó. Finalmente, la justicia surcoreana condenó a dos años de prisión al agresor de la mujer y archivó todas las acusaciones que yacían en su contra.
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El equipo de 16 miembros, que incluye cuatro mujeres, fue formado a principios de año por el KCSC, el órgano surcoreano de censura de contenidos en línea, y tiene sede en un desangelado local de Seúl. Llamados «molka», los videos se graban con cámara oculta. Las víctimas son mujeres en la mayoría de los casos, y son grabadas en baños, probadores o escuelas. La brigada también se encarga de destapar los videos sexuales privados, aquellos que publican en internet exnovios y exmaridos con sed de venganza.
El fenómeno adquirió un alcance considerable desde el arresto, en marzo, de una estrella del K-pop, Jung Joon-young, acusado de haber filmado y difundido videos íntimos a espaldas de sus compañeras. Se espera que el veredicto de su proceso llegue la próxima semana. La fiscalía pidió siete años de cárcel para el joven, de 30 años.
Los «molka» cada vez generan más hartazgo entre los surcoreanos, que se habían manifestado por decenas de miles en las calles de Seúl para exigir al gobierno acciones concretas. En esa protesta, que tomó la céntrica plaza de Gwanghwamun, se lucieron también carteles en favor del llamado movimiento #withyou (del inglés, contigo), que surgió en Corea del Sur al calor de #metoo.
Cifras del Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur de 2016 muestran que un 80 por ciento de ciudadanas había sufrido o sufría acoso sexual en el trabajo, pero que apenas en torno a un 10 por ciento de las afectadas denuncia por miedo a las represalias o por la sensación de que no cambiaría nada.
Sentado en su oficina de la brigada, An Hyeon-cheol llegó aquí tras haber pasado un examen muy codiciado de la función pública. No esperaba ocupar este puesto. «Era difícil mantener la sangre fría el primer día», explica el hombre, de 27 años. «Me tuve que enfrentar a unas imágenes que nunca había visto hasta ahora». «Cuando salía del trabajo, no podía ni mirar a las mujeres a mi alrededor. Los videos que había visto durante el día me perseguían», explica el jefe del equipo, Lee Yong-bae.
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Estrategia web
Para detectar videos ilícitos, buscan en páginas web nacionales o extranjeras, incluyendo Twitter y YouTube, con palabras clave en coreano para referirse a actos sexuales. La brigada puede ordenar a las plataformas surcoreanas que retiren los clips sospechosos, pero la mayoría de ellas tiene sus servidores fuera del país, lo que complica las cosas.
Para los sitios extranjeros, la brigada no puede pedirles que retiren los videos, y se tienen que limitar a esperar que éstas los quiten de forma voluntaria. A veces, las víctimas, presas del pánico, contactan con el equipo por teléfono para pedirles ayuda. «Hace poco, una mujer nos dio 100 direcciones de páginas donde se habían publicado videos íntimos grabados por su exnovio», explica Lee.
El agente admite que es «casi imposible» borrar completamente un video, pues puede ser propagado muy rápidamente. Uno de ellos, publicado en mayo, estaba seis meses después en 2.700 páginas web distintas, según un documento de la KCSC.
Corea del Sur es un país muy conservador en lo que a costumbres se refiere. Y las mujeres que aparecen en esos videos se ven sumidas en una profunda vergüenza si alguno de sus allegados se entera. Casi 5.500 personas (el 97% de las cuales, hombres) fueron detenidas el año pasado por publicar ese tipo de videos, un 22% más que en 2016, según la policía.
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‘En cualquier parte’
Park Yu-na, de 31 años, explica a la AFP que ahora evita «en la medida de lo posible» usar baños públicos. «Nosotras, las mujeres, tenemos miedo de ser víctimas de este tipo de cámaras ocultas, que pueden encontrarse escondidas en cualquier parte, en cualquier momento», explica esta vecina de Seongnam (noroeste), no muy lejos de Seúl.
El presidente surcoreano, Moon Jae-in, declaró el año pasado que la sociedad no había «reconocido plenamente el trauma y la humillación que viven las víctimas», y exigió que se refuercen las penas.
Grabar o divulgar videos íntimos sin consentimiento puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel, pero la mayoría de los acusados acaban siendo condenados con una pena condicional o una multa, según los analistas.
«Existe la idea de que mirar porno ilegal es una forma de entretenimiento como cualquier otra para los hombres», explica Lee Na-young, profesora de Sociología en la Universidad Chung-Ang de Seúl.
Algunas voces han denunciado la censura de esos videos, viendo en la medida una vulneración de la libertad de expresión, señala Min Kyeong-joong, secretario general de la KCSC. «Cuando oigo ese tipo de argumentos, tengo ganas de preguntarles: ¿acaso dirían lo mismo si le ocurriera a sus esposas o sus hijas?».
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