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Un magistrado del Tribunal Supremo de España sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
El miércoles se hizo público el auto judicial que, por primera vez, llevará al juez más visible de España a los estrados judiciales. Garzón es reconocido en el mundo entero por asumir casos contra personajes como el ex dictador chileno Augusto Pinochet, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y hasta Osama Bin Laden.
El caso se remonta al jueves 16 de octubre de 2008, cuando Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo como crímenes contra la Humanidad.
Unos meses después, en mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió una querella presentada contra el juez Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que lo acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias, querella a la que luego se sumaron Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, otras dos organizaciones de derecha.
Durante los meses que ha durado el caso, los fiscales han mostrado dos caras. Por un lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Pero cuando el Supremo admitió la querella de Manos Limpias, la Fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia.
En su resolución, el juez instructor Luciano Varela califica el delito de Garzón como “el de dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho”. De ser hallado culpable, el juez quedaría inhabilitado de 10 a 20 años para ocupar cargos públicos y además pagaría dos años de multa.
El documento redactado por el magistrado acusador asegura que el juez Garzón, tras recibir siete denuncias de asociaciones de víctimas del franquismo, decidió abrir un procedimiento criminal “sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su tramitación”. Y, tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, Garzón “intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones” de las víctimas del franquismo.
“Consciente de su falta de competencia”, insiste el magistrado Varela, Garzón “construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal”, que fue rechazado por la Audiencia Nacional.
Antes de dictar sentencia, el instructor denegó que en el proceso se utilicen testimonios de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad porque sería una “desconsideración” a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones “acudir a la opinión de otros juristas”.
La organización Amnistía Internacional aseguró el miércoles que consideraba “insólito” que un magistrado pueda ser juzgado por buscar “la verdad, la justicia y la reparación” para más de 100.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y los posteriores años de franquismo. La suspensión de Garzón será analizada el próximo 22 de abril por el Consejo General del Poder Judicial.
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