Brasil quiere reforma política, pero no sabe cómo hacerlo

“La idea de hacer una reforma política es un desastre», dijo Fabiano Santos, uno de los más importantes analistas de política brasileña, a una audiencia sorprendida que asistió a su conferencia durante la reunión anual de la Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación en Ciencias Sociales (ANPOCS) en la ciudad de Caxambu, Estado de Minas Gerais, centro-oeste del país. «La capacidad de crear un desastre institucional es muy grande. Hacer esto es radical», continuó, para después calificar las propuestas de “irresponsables”, “una verdadera caja de Pandora”, dijo. Al día siguiente, sus palabras fueron la portada del diario Folha de Sao Paulo, uno de los diarios de oposición al gobierno de Dilma Rousseff más importantes de Brasil.

Uno de los puntos en los que coincidieron los candidatos presidenciales, en las pasadas elecciones de octubre en las que Rousseff (del Partido de los Trabajadores) fue reelegida frente a su rival Aécio Neves, del Partido Social Democracia Brasileña (PSDB), fue en que Brasil necesita una reforma política. Una reforma para reducir la corrupción y fortalecer la joven democracia, regulando la financiación de las campañas electorales, la posibilidad de reelección, cómo los votantes elegirán a sus representantes, etc.

Dos meses después, el tema domina las noticias, los debates en el Parlamento, los discursos de los políticos e, incluso, las charlas entre los brasileños. Para un país complejo como Brasil, con un vasto territorio y socialmente dividido entre regiones ricas (Sur, Sudeste y Centro-Oeste) y pobres (norte y noreste), hay decenas de propuestas para hacer una reforma política en curso.

Uno de ellos es el movimiento Plebiscito Popular para una Asamblea Exclusiva, liderado por la Central Única de los Trabajadores (CUT), una organización sindical que sirvió de base para la llegada del expresidente Lula al poder en 2002. La idea de la entidad es que el Parlamento convoque un referendo para que el pueblo decida si debe o no crear una comisión paralela para hacer la reforma política. La propuesta plantea que los representantes se elegirán de la manera tradicional: en las urnas. “El próximo Congreso no deberá hacer la reforma política y es por eso que nuestra propuesta es diferente de las otras. Todo el mundo cree que el Parlamento de aprobar la reforma pero no lo van a hacer”, señaló Julio Turra, director de la CUT, en una entrevista a El Espectador.

El «próximo Congreso [como dicen el Congreso de Brasil]» citado por Turra se basa en el análisis que los diputados elegidos este año, junto con Dilma Rousseff componer la mesa más conservadora en la historia de Brasil desde 1964, cuando los militares derrocaron al presidente João Goulart acusándolo de «comunista» e introdujo un régimen autoritario que duró veinte años.

Entre los temas de la reforma política de Brasil, el más polémico es la financiación de las campañas electorales. Actualmente, el sistema permite a las empresas y personas naturales contribuir a las campañas con la cantidad de dinero que quieran. En las elecciones presidenciales de 2010, en las que Dilma ganó por primera vez, cuatro de los cinco mayores donantes dinero para las campañas eran constructores, que luego utilizan estos datos como argumentos para ganar contratos con el gobierno. Además, siete de las diez empresas que aportaron dinero eran sospechosas de corrupción. Según la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), el costo de la corrupción en Brasil fue de entre 1,38% y 2,3% del PIB (84,5 mil millones de $ 50,8 mil millones a R $) en 2010.

«En América Latina, los casos de financiación pública ilegal a través de las cuentas privadas o entradas secretas generaron numerosas crisis que llevaron a situaciones extremas a varios presidentes como Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Jamil Mahuad en Ecuador, Arnoldo Alemán en Nicaragua y Alfonso Portillo en Guatemala. Mientras tanto, en una serie de países, los activos del crimen organizado y las actividades ilícitas como el tráfico de drogas, tuvo una gran participación en financiamiento de las campañas, como fue el caso de Ernesto Samper en Colombia», dice el director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) Daniel Zovatto.

Además de la financiación, el fin de la reelección de presidentes también es un tema. Durante la campaña electoral, Aécio Neves defendió el cambio de gobierno, mientras que Rousseff se mantuvo en silencio. Su partido, el PT, está en el poder desde hace doce años y se mantendrá hasta 2018, cuando habrá una nueva elección.
Luego de las manifestaciones de junio de 2013, el tema de la reforma comenzó a ser tratado en Brasil. Miles de personas salieron a las calles a pedir mejoras en servicios públicos, salud y educación, así como el fin de la corrupción. Un mes después de las protestas, la presidenta, Dilma Rousseff, presentó una propuesta de referendo sobre el tema para lo cual propuso cinco puntos centrales: financiación de partidos y campañas, el sistema electoral, coaliciones partidarias, suplencias parlamentarias y voto secreto en las decisiones del gobierno. El Parlamento no respaldó la propuesta del plebiscito y aclaró que, según la Constitución, solo las cámaras legislativas pueden convocar una consulta de esta naturaleza.

Su vicepresidente, Michel Temer, líder del partido con mayor representación en el parlamento, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), dijo después de la reelección que se promoverá un amplio diálogo político para avanzar hacia la reforma. Los brasileños esperan que en 2015 estos cambios se produzcan y entren en vigor en 2016, cuando serán elegidos los alcaldes de 5.570 ciudades del país.