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El 2 de octubre, agentes del Aeropuerto Internacional de Doha hicieron desembarcar a las pasajeras de un vuelo con destino a Sídney, y las obligaron a someterse a exámenes ginecológicos para averiguar si alguna de ellas había dado a luz recientemente. Esto después de que las autoridades encontraron a un recién nacido abandonado en los baños.
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Algunas mujeres, principalmente australianas, fueron trasladadas a ambulancias donde se les hicieron pruebas para saber si habían dado a luz recientemente.
Marise Payne, ministra de Relaciones Exteriores de Australia, dijo que 18 mujeres australianas en el vuelo QR908 fueron sometidas a búsquedas invasivas. Agregó que ese avión fue uno de los 10 vuelos en los que se hicieron los exámenes a pasajeras, y que también registraron a mujeres de otros países, de acuerdo con el New York Times. El incidente provocó una disputa diplomática entre Doha y Australia, que protesta por el trato otorgado a sus ciudadanas.
Kim Mills fue una de las pasajeras que desembarcó del vuelo: “Me dijeron que diera un paso adelante, que entrara en la ambulancia, y cuando me adelanté, otro oficial se acercó y se paró frente a mí y dijo: ‘No, no, ve, vete’”, dijo Mills al diario The Guardian.
Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, Primer Ministro y Ministro del Interior del Estado de Qatar, aseguró en un comunicado que se llevará a cabo una investigación “completa y transparente”. Añadió que Catar está “comprometido a garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros que transitan por el país”.
“Aunque el objetivo de estos exámenes decididos con urgencia era evitar la fuga de los autores de un crimen horrible, el Estado de Catar lamenta la aflicción o la violación de las libertades individuales que esta acción pudo haber causado a los viajeros”, indica un comunicado publicado en una página web gubernamental.
Agregaron que “la niña fue rescatada de lo que pareció ser un impactante y espantoso intento de matarla. El bebé ahora está a salvo bajo atención médica en Doha”.
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En Catar rige una ley que castiga con cárcel a las mujeres que quedan embarazadas o tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por lo general dan a luz sin la ayuda de médicos, que están obligados a denunciar esos casos en un país de 2,75 millones de habitantes donde el 90 % de la población es extranjera.
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