Cobra fuerza la idea de un boicot económico contra Arizona

Aparte de las demandas en contra de la ley, el legislador demócrata de Arizona Raúl Grijalva ha pedido un boicot económico contra su estado mientras persista una ley que, a su juicio, permite un trato racista de las personas
Grijalva, y quienes lo respaldan, han dado en el clavo: un boicot al turismo, los negocios, bienes y servicios en Arizona enviaría un mensaje inequívoco sobre el creciente peso de los inmigrantes.

Se calcula, por ejemplo, que cerca del 40 por ciento de las verduras producidas en México y que se consumen en Norteamérica pasan por el corredor de la ciudad de Nogales (Arizona), y un boicot de los camioneros allí crearía serias interrupciones en el comercio transfronterizo.

La idea va cobrando fuerza. El diario “La Opinión”, uno de los principales medios en español en EE.UU., respalda boicotear a Arizona, por entender que la ley atropella los derechos civiles y atribuye poderes al gobierno estatal para atacar a una minoría.

La Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA) ya canceló su conferencia en Arizona, y el supervisor de la ciudad de San Francisco, el guatemalteco David Campos, prevé presentar una medida en respaldo al boicot. El Gobierno de México, que presiona por una reforma migratoria, emitió hoy una alerta de viajes a Arizona ante el clima político hostil que ha creado esa ley para “las comunidades migrantes y para todos los visitantes mexicanos”.

Esa ley ha levantado ampollas más allá de México, tomando en cuenta que el Gobierno de Washington siempre ha dicho que quiere tratar a sus vecinos latinoamericanos en base al respeto mutuo. La tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración en EE.UU. recae en el Gobierno federal, pero, ante la inacción del Congreso, cada estado ha venido debatiendo y aplicando sus propias leyes en contra de la población clandestina, que se calcula que es de 12 millones de personas, aproximadamente, en todo el país.

Por ahora, el Departamento de Justicia está evaluando el impacto de la SB1070, y la Casa Blanca no ha dicho si apoyaría una demanda en los tribunales. Arizona se ha convertido en la zona cero del combate al tráfico de drogas ilícitas, personas, armas y dinero en efectivo, pero la ley promulgada por la gobernadora Jan Brewer ignora las razones económicas y políticas del fenómeno migratorio.

Aun más grave es que, ya antes de entrar en vigor, la ley ha causado pánico en la comunidad inmigrante, que ve en la misma una evocación de las leyes racistas de los últimos dos siglos en EE.UU. Algunos activistas han empezado a compararla con la persecución de los negros mediante las leyes “Jim Crow”, que institucionalizaron la segregación racial en todo ámbito público entre 1876 y 1965.

Otros, para ventilar su ira, la comparan con el “apartheid” o la persecución de los judíos en la Alemania nazi. Un boicot, o incluso un “Día sin Inmigrantes”, como el que se propuso en 2007 para exigir la reforma migratoria, golpearía a Arizona donde más le duele, ya que el turismo es parte de la espina dorsal de la economía estatal.

El propio alcalde de Phoenix, capital del estado, Phil Gordon, ya huele las repercusiones financieras ante el previsible éxodo de trabajadores y turistas, y prevé acudir a los tribunales para bloquearla. Una respuesta constructiva a la inmigración ilegal sería la reforma, y mientras ésta no exista, un boicot económico y un voto de castigo en las urnas serían opciones entre la militancia inmigrante.