Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Colombia celebró este miércoles la designación del italiano Alberto Brunori como responsable de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en ese país, designación que estaba pendiente desde el año pasado en un momento en que el país enfrenta los retos posteriores al proceso de paz.
El gobierno colombiano «celebra la designación del señor Alberto Brunori» dijo la embajadora Beatriz Londoño ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Londoño, que representa a Bogotá ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, reiteró la voluntad de su gobierno de «mantener con la oficina del Alto Comisionado una interlocución permanente, franca y constructiva en beneficio de la población».
(Le puede interesar: Ejecuciones extrajudiciales no se han acabado, señala informe de la ONU)
Minutos antes de iniciar la sesión la delegada colombiana se había reunido con un grupo de oenegés, que le entregaron una carta dirigida al presidente, Juan Manuel Santos, expresando «preocupación ante la ausencia de acreditación del nuevo representante» en Colombia.
La oficina del Alto Comisionado en Colombia dispone de unos 300 funcionarios.
Las autoridades colombianas habían rechazado una primera propuesta del Alto Comisionado para conducir su Oficina en Colombia, la del estadounidense Scott Cambell. El titular previo era el también estadounidense Todd Howland, que terminó su mandato la semana pasada.
El informe de la Oficina, que será debatido el jueves con otros Estados y enviados de la sociedad civil, reclama al gobierno colombiano «cambios estructurales en las zonas rurales, particularmente en aquellas más afectadas por el conflicto», y recomienda «profundizar el reconocimiento, fortalecimiento y respaldo a la legitimidad del trabajo de las Juntas de Acción Comunal, los consejos comunitarios afrocolombianos y las autoridades indígenas».
– «Metas realistas» –
En un momento en que el gobierno colombiano dialoga con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para llegar a un acuerdo de paz similar al que firmó en 2016 con las FARC, convertidas ahora en partido político, el texto plantea la necesidad de fijar «metas realistas», en las zonas más afectadas por el conflicto.
En ese sentido, el informe pide que se incluya «un análisis de riesgos que tome en cuenta la presencia de economías ilícitas», y alienta al Estado a «la adquisición pública de productos locales (…) como medio para transformar la pobreza y la exclusión histórica», y «a desarrollar un sistema que permita que más funcionarios públicos, de todos los niveles, tengan la experiencia de trabajar en zonas rurales».
Por otra parte, el informe «insta» a la Justicia y al gobierno «a seguir incrementando sus esfuerzos para prevenir, procesar y castigar los casos de corrupción de funcionarios públicos y representantes políticos».
Además el texto propone a la Procuraduría General de la Nación investigar y adoptar medidas administrativas y disciplinarias adecuadas en relación con las demoras en la implementación del Acuerdo con las FARC y «en el marco de las negociaciones con el ELN».
Conoce más