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Desde antes del 7 de octubre de 2023, Israel monitoreaba los espacios marítimo y aéreo, además de los puestos de entrada, en la Franja de Gaza. Pero después del ataque sin precedentes que lanzó Hamás sobre el Estado judío, que dejó unas 1.200 personas muertas mientras otras 250 fueron secuestradas, de las cuales cerca de 100 siguen cautivas, Israel anunció un “asedio total” para Gaza.
Bloquearon todo movimiento desde y hacia el territorio, incluyendo el de personas, agua, alimentos, medicamentos y combustibles, además de destruir el sistema eléctrico y de comunicaciones. El objetivo: restringir cualquier recurso que le sirviera a Hamás, pero, según las denuncias de la población y las organizaciones en el terreno, ha sido un hostigamiento que ha puesto en peligro las vidas de más de dos millones de civiles palestinos que, luego de un año de guerra, suman más de 41.000 muertos, casi 95.000 heridos, al menos 1,9 millones de desplazados, y el 96 % de la población dependiendo de la ayuda humanitaria.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, aunque en Gaza se necesita un promedio de 500 megavatios de energía para satisfacer las necesidades diarias de la población, esta solo contaba con 85 megavatios disponibles antes del 7 de octubre.
Desde 2006, la electricidad ya era irregular: la había entre 6 y 8 horas diarias, según Basel Zaid Almassri, un gazatí con raíces colombianas, quien pudo regresar a Colombia junto a su familia tras los enfrentamientos entre Hamás e Israel. Pero una encuesta de la Cruz Roja Internacional, realizada en 2020, sobre el impacto de la crisis eléctrica de Gaza, reveló que para el 80 % de los ciudadanos había días en que el suministro de electricidad era inferior a cuatro horas.
El enclave dependía de una central térmica de fueloil que recurría a un sistema rotativo de suministro de energía por zonas, y cuyo combustible tradicionalmente es financiado por Catar; de las importaciones de electricidad de Israel, interrumpidas desde octubre; y, hasta 2017, de las exportaciones de electricidad por parte de Egipto. Pero con interrupciones de más de 12 horas, la mayoría de los gazatíes recurría a fuentes alternativas, como baterías tradicionales, generadores descentralizados y paneles fotovoltaicos.
“Estamos luchando contra animales y estamos actuando en consecuencia”, dijo el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, a la prensa local. “Ya no habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible, todo estará cerrado”, agregó el funcionario. Así, el 11 de octubre de 2023, la única central eléctrica de Gaza dejó de funcionar, después de que se agotó el combustible necesario para su funcionamiento.
Pero, en medio de la oscuridad, la última luz no se ha apagado en Gaza. Un dicho en árabe, traducido al español, dice que la necesidad es la madre de la invención y, en medio de la guerra, la resiliencia de las personas para encontrar formas de subsistir no se detiene.
“Necesitábamos encontrar una alternativa porque la luz es algo básico”, mencionó Mohammed Imad, un palestino que huyó a Egipto tras cinco meses de guerra con la misión de recoger dinero para trasladar a su familia. Por eso terminó usando, en un principio, la batería de su coche para cargar los teléfonos celulares, o para conseguir un poco de luz para la casa donde se refugiaba con su familia.
Sin embargo, con la escasez de combustible, que incluso si se consigue cuesta más de 50 dólares por litro, asegura Refaat Alathamna, doctor del hospital europeo de Jan Yunis (al sur), pronto estos generadores de diésel también dejaron de funcionar.
Entonces, allí empezó el negocio de los paneles solares. “Otra forma de conseguir energía, pero a un alto costo, ya que se vendían por más de 300 dólares”, agregó Imad. “Nosotros no teníamos paneles solares, así que pagábamos a un vecino, donde estábamos evacuados en Rafah, al sur de Gaza, para que nos recargara los celulares, computadoras o baterías”, mencionó.
Por su parte, Alathamna recurre a una tienda que recarga baterías, donde deja la suya por cuatro o cinco horas para luego cargar su celular o dar un poco de luz al refugio en donde vive con su esposa y cinco hijos. Pero el uso diario de esa batería deteriora su funcionamiento y comprar una nueva, por ejemplo, de 100 amperios que, normalmente soportan entre 500 y 1000 ciclos de carga, cuesta más de 1000 dólares; y la de 40 amperios ronda los 500 dólares, afirma Imad.
Otras historias se han contado, como la del sastre palestino Majed Abu Hajeb, quien, haciendo girar los pedales de una bicicleta desarmada, con sus manos impulsa la máquina de coser con la que remienda las camisas o chaquetas de las personas que huyeron de sus hogares en Gaza sin apenas una muda de ropa. “Estamos usando esta bicicleta en lugar del motor, y estamos usando al niño (su hijo) en lugar de electricidad”, explicó para Reuters.
Según la encuesta mencionada, el 77 % de la población de Gaza dijo que se veía afectada para llevar a cabo las tareas domésticas y para almacenar alimentos. Para el 57 %, provocaba daños en los electrodomésticos e impedía refrigerar las casas durante las cada vez más frecuentes y prolongadas olas de calor, dificultaba el estudio (39 %) y el trabajo (22 %), y pagar por las alternativas suponía una pesada carga económica (19 %).
Si conseguir electricidad para actividades básicas es todo un reto, la situación para los hospitales toma otra dimensión. Al inicio de la guerra, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que se necesitaban 94.000 litros de combustible cada día para asegurar un servicio mínimo en los 12 principales hospitales del territorio. Pero poco a poco fueron cayendo.
El 25 de octubre del año pasado, el departamento de bebés prematuros del hospital público Al Shifa, el más grande en la Franja de Gaza, fue el primero en advertir que pronto se quedarían sin electricidad, y miles de pacientes vulnerables, entre estos 130 bebés prematuros, se exponían a riesgos de muerte o de complicaciones médicas. Para mediados de mayo de 2024, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 24 de los 36 hospitales de Gaza estaban fuera de servicio, unos por ataques y otros por falta de electricidad, insumos médicos o personal.
Las leyes de la guerra no prohíben los asedios ni los bloqueos de fuerzas enemigas, pero no pueden incluir tácticas que impidan el acceso de civiles a elementos esenciales para su supervivencia, como agua, alimentos y medicamentos. A su vez, durante las ocupaciones militares, como la de Gaza, la potencia ocupante tiene el deber, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, y en toda la medida de sus recursos, “de abastecer a la población con víveres y productos médicos”.
Desde el inicio de los enfrentamientos, las denuncias del grave problema que supone la escasez de diésel, gasolina o gas se multiplicaron entre oenegés como Refugees International. “Si se corta el combustible, las operaciones de ayuda colapsan, y colapsan rápidamente. Eso significa que no se puede bombear agua, ni mantener las luces encendidas en los hospitales, o que los vehículos no pueden distribuir ayuda”, explicó Jeremy Konyndyk, presidente de esa organización durante una comparecencia online en mayo, junto a responsables de otras organizaciones desplegadas en Gaza.
La Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) dijo que el prolongado bloqueo de Israel a la Franja de Gaza ya había dejado al 80 % de los palestinos en el territorio dependientes de la ayuda internacional antes del 7 de octubre, y con el asedio la situación empeoró.
Por ejemplo, de acuerdo con el informe Water War Crimes (Crímenes de Guerra de Agua) de la oenegé Oxfam, las tácticas israelíes basadas en los cortes en el suministro, la destrucción sistemática de las instalaciones y el bloqueo deliberado de la ayuda, han reducido en un 94 % la cantidad del líquido que llega a Gaza, hasta los 4,74 litros por persona y por día, poco menos de la tercera parte de la cantidad mínima recomendada en situaciones de emergencia, y menos que la descarga de agua de una cisterna.
Apenas en julio de este año, tras siete meses de guerra, las autoridades israelíes encargadas de los territorios palestinos permitieron la conexión de una línea eléctrica a la principal planta desalinizadora de la Franja de Gaza, para aumentar el suministro de agua potable a 20.000 metros cúbicos diarios, cantidad que dista mucho de ser suficiente para abastecer a la población.
La línea eléctrica va directamente de Israel a una planta desalinizadora gestionada por la ONU en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, para que Hamás no pueda explotar el nuevo suministro de energía, según explicaron el ejército israelí y el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT).
“Esta agua está destinada a la higiene y a la prevención de enfermedades, que pondrían en peligro a nuestros soldados y a nuestros rehenes”, explicó la agencia de coordinación, sin determinar la importancia que tendría el acceso al agua limpia para apoyar los esfuerzos humanitarios que sirven a los civiles.
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Por Juliana Castellanos Guevara
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