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¿Cómo controlar el estallido social en Chile? El presidente, Sebastián Piñera, no ha encontrado la respuesta, pero está dispuesto a todo. O casi todo, pues ya descartó que vaya a renunciar, como le exigen miles de chilenos en las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre. “Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos. No renunciaré”, dijo en entrevista a la BBC de Londres.
Lo que Piñera sí aceptó fue hablar de todo, “incluyendo una reforma constitucional”, un tema casi prohibido en Chile. Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones, dentro de un modelo económico de libre mercado donde una minoría controla la riqueza del país. Manifestantes y políticos de todas las tendencias culpan a la carta magna de todos esos males. Dicen que fue hecha para que los sectores conservadores y una pequeña porción del país mantuvieran el poder, a costa de la mayoría. Piñera ha encarado el estallido social con un paquete de reformas sociales que incluyen un aumento de un 20 % en las pensiones básicas y una rebaja en las cuentas de la electricidad. Le recomendamos: Las muchas razones del estallido social en Chile
Removió a ocho de sus 24 ministros, incluido su jefe de gabinete y primo, Andrés Chadwick, y a su ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Pero sus medidas no han logrado acallar las protestas ciudadanas, que han ganado en violencia en las últimas jornadas.
¿Qué dice la Constitución chilena?
Aprobada en 1980, la Constitución fue diseñada por Jaime Guzmán, abogado constitucionalista y profesor universitario, defensor a ultranza de la dictadura de Augusto Pinochet. El documento que hasta hoy rige a los chilenos se basó en esta frase: “Ningún derecho humano es absoluto, porque el ser humano no es absoluto (…) los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto. Los derechos del hombre, todos, son susceptibles de limitación, sin excepción; partiendo por el derecho a la vida, que puede ser limitado o restringido por la pena de muerte, cuya conveniencia o inconveniencia se podrá discutir (…) al ser limitable o restringible el derecho a la vida es evidente que todos los demás también pueden serlo”.
Pero los derechos humanos no fueron el único tema que Guzmán (y su mirada limitada del mundo) dejó por fuera de la Constitución: por su temor, la libertad de prensa, al derecho de reunión, a otras opciones de vida o a los pueblos indígenas fueron ignoradas, así como la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Lo que sí se aseguró de dejar absolutamente claro fue que la familia tradicional es el “baluarte de la sociedad occidental”, así como que “algunos” senadores podrían mantener su cargo de manera vitalicia (a pesar de su pésimo trabajo) y que los jefes de las Fuerzas Armadas nunca se podrían remover de sus funciones. Durante la dictadura se implementaron reformas que hicieron que el Estado perdiera prácticamente toda presencia y poder de regulación en educación, salud y el sistema de pensiones, los tres pilares de las protestas en las calles de estos días. “Tenemos un sistema que es muy jerárquico, que desconectar a la ciudadanía del poder político. Aquellos países más estables de América Latina, como Uruguay, tienen todo tipo de mecanismos de participación política y se usan y no son traumáticos”, explicó a la AFP Claudio Fuentes, analista de la Universidad Diego Portales. Vea también: Así vive la clase media en Chile: por estas razones los chilenos siguen protestando
¿Reformas constitucionales?
Esta carta magna, sin embargo, sí ha tenido algunas reformas. El 17 de septiembre de 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se lograron importantes modificaciones en temas como las fuerzas armadas, a las que se les quitó el rol de “garantes” de la institucionalidad. Se terminó, asimismo, con la inamovilidad de los comandantes en jefe, que desde entonces pueden ser removidos por el presidente de la República, y el Consejo de Seguridad Nacional, a su vez, adquirió un rol meramente asesor y ya no puede ser convocado por los comandantes en jefe de las fuerzas armadas. Desde entonces, la Constitución de 1980 dejó de llevar la firma de Pinochet y su gabinete, para pasar a tener la del presidente Ricardo Lagos.
Se aprobaron 58 reformas en el Congreso Pleno que, según el gobierno de Lagos, eliminaron los últimos enclaves impuestos por el general (r) Augusto Pinochet. Solo 29 artículos no sufrieron cambios.
En 2018, acogiendo una petición ciudadana, la presidenta Michelle Bachelet planteó una nueva Constitución cinco días antes de terminar su último gobierno. “Este proyecto establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto y protección de los derechos humanos. Así corrige una tremenda omisión en el texto actual”, dijo la mandataria. La reforma fue una de sus promesas de campaña y por eso trabajó en ella desde 2016, a través de diálogos ciudadanos que tuvieron una participación mínima. Solo 200.000 chilenos se interesaron activamente en el tema.
¿Qué proponía? Su propuesta establecía “la gratuidad de la educación, amplía el derecho al debido proceso, el derecho a huelga, a la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente en material salarial y le da voz a los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche”, explicó Bachelet.
La falta de participación ciudadana puso en duda el interés real de los ciudadanos en reformar la carta fundamental y le restó peso a la propuesta. El proyecto se hundió en el Congreso, porque desde Chile Vamos, la plataforma electoral que llevó a Sebastián Piñera a la Presidencia por segunda vez, le reprocharon a Bachelet su tardanza en presentar el proyecto. Dijeron que sería imposible sacarlo, como sucedió.
“El problema de Bachelet fue de timing. A cinco días de dejar el poder presentó su proyecto. Fue algo contraproducente, pues en un cambio de gobierno las prioridades del nuevo presidente son las que van a primar. Fue un error de cálculo de Bachelet, del momento de tramitarlo y de una coalición que la apoyaba débil”, explica Germán Campos-Herrera, investigador de la Universidad Diego Portales, quien agrega que el origen de las inequidades políticas sí está en la Constitución, mas no el de las económicas.
¿Cuál es la solución?
Si bien los analistas concuerdan en que un cambio en la Constitución no resolverá los problemas más inmediatos reclamados en las protestas, marcaría un punto simbólico desde el cual se podría empezar a aliviar la alta tensión en las calles.
“Necesitamos una nueva Constitución, no para corregir todos los problemas del subdesarrollo o de la desigualdad, sino para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Necesitamos instituciones más legítimas”, dijo a la AFP el abogado constitucionalista Patricio Zapata.
“Una de las cuestiones de fondo es que en la Constitución chilena actual los derechos sociales tienen poca importancia y no hay un soporte para defenderla, no hay una posibilidad de plebiscito. Llevar a cabo cualquier cambio a la Constitución y los mecanismos para hacerlo requiere voluntad política de la izquierda y centro-izquierda, pero aún más de la centro-derecha y derecha chilena. Hablar de cambio constitucional puede llegar a ser ambiguo porque los partidos de derecha sí están a favor de reformas puntuales y están dispuestos a tolerar, en contraposición, reformas estructurales que son la bandera más de izquierda. Cambiar la Constitución es un elemento decisivo para algunos, pero otros sugieren de entrada un pacto tributario, porque los empresarios están dispuestos a pagar por una paz social y defender el actual modelo. Sí hay inequidades políticas evidentes; las desigualdades económicas dependen de otras estructuras institucionales”.
Opina lo mismo Noam Titelman, investigador de la London School of Economics and Political Science, quien explica que “la reforma constitucional no va a solucionar todos los problemas que explican el descontento social. Sin embargo, hay un creciente consenso en que la única forma de darle una salida política al estallido social es un proceso constituyente. En Chile, los partidos cuentan con 3 % o menos de aprobación y el proceso de construcción de una nueva Constitución es una oportunidad para relegitimar la institucionalidad. La crisis política en Chile es hoy una crisis de legitimidad”.
Campos-Herrera señala que la “Constitución política de Colombia, la de 1991, parece ser un referente sobre cómo debería ser la pauta para un eventual proceso en Chile. La Asamblea Constituyente, en donde hubo un vínculo entre la sociedad civil y los políticos, permitió el engranaje para la nueva Constitución. ¿Cómo articular a sectores políticos y sociales chilenos para un cambio de Constitución? Esa es la cuestión”.
Titelman dice que “una buena Constitución debiera ser el reflejo de los consensos mínimos que rigen una sociedad. Por lo mismo, uno espera que las constituciones puedan durar en el tiempo. En mi opinión, una buena Constitución es una que no está en el centro del debate, porque los principios que sostiene son aceptados como evidentes por todos los intereses particulares de la sociedad. Para dirimir las diferencias están los parlamentos. El problema con muchas constituciones latinoamericanas, incluida la chilena, es que son ‘demasiado grandes’, en el sentido de que escapan del espacio de consenso mínimo y terminan imponiendo una posición particular. Las constituciones no deberían ser de izquierda ni de derecha, sino reflejo de la voluntad general mínima y permitirles a las instituciones democráticas definir los temas sin consenso”.
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