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El entonces preso de Guantánamo, acusado de conspiración, había demandado al Estado, concretamente a la agencia de inteligencia MI 5, de haber colaborado con los marines estadounidenses durante su captura, quienes lo sometieron a torturas para obtener una declaración.
La Unión Americana de Libertades Civiles, una ONG neoyorquina que se encargó de su proceso legal, documentó su historia: había salido de la violencia y el caos poscomunistas de su natal Etiopía hacia el Reino Unido, donde recibió estatus de refugiado político en 1994 con 16 años.
En 2002 fue arrestado en un aeropuerto de Pakistán por intentar volar a Europa con un pasaporte falso, por lo que, según la organización, fue remitido “a un sistema carcelario fantasma dirigido por la inteligencia estadounidense”. Desde entonces, Mohamed argumenta que fue enviado a prisiones en Afganistán y Marruecos antes de ser remitido a Guantánamo, y que fue torturado con escalpelos y navajas con que le cortaron el pecho y el pene.
Y, según su testimonio, agentes de la inteligencia británica estuvieron presentes durante los interrogatorios en los que dio información falsa sobre actividades terroristas, con la que elaboraron dos memorandos que terminaron en manos de sus colegas estadounidenses. El prisionero supo de la existencia de estos documentos cuando un fiscal militar se los mostró para acusarlo con nuevos cargos, los cuales fueron retirados poco después por la Casa Blanca.
Ayer, tras dos años de litigio contra el Estado británico, la Corte Suprema ordenó que todo el expediente de inteligencia sobre Mohamed, redactado en su totalidad por las autoridades de Estados Unidos, sea desclasificado y puesto en el dominio público, una decisión que fue repudiada por el canciller David Miliband.
“El gobierno está profundamente decepcionado por este fallo. Apelaremos en los términos más fuertes posibles”, consignó el diplomático en un comunicado reproducido por el periódico londinense The Independent, donde también se lamentó por que la decisión conlleve a las agencias estadounidenses a dejar de cooperar con las británicas en labores de inteligencia.
En un sentido similar se pronunció Jonathan Evans, director general del MI 5, quien en un discurso en la Universidad de Bristol apoyó la labor realizada por los hombres a su cargo. “Esta labor de inteligencia fue de la mayor importancia para la seguridad del Reino Unido”, dijo, de acuerdo con el diario The Times.
Sin embargo, para los magistrados que emitieron el fallo, los argumentos del gobierno no son procedentes. “No aceptaron que hubiera algún contenido de inteligencia en los párrafos redactados que se obtuvieron por los métodos de interrogación”, señaló The Independent.
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