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La Corte Penal Internacional (CPI) ha llamado a declarar el próximo 7 de abril a seis altos cargos kenianos sospechosos de ser responsables de la violencia postelectoral registrada en 2008 en el país, que se cobró la vida de más de 1.300 personas.
Los citados son las personas que el pasado mes de septiembre el fiscal general de la Corte, Luis Moreno Ocampo, señaló como sospechosos de crímenes de guerra y lesa humanidad, entre los que figura el vicepresidente y ministro de Finanzas de Kenia, Uhuru Kenyatta.
Junto a él aparecen dos ministros, un ex jefe de Policía, el responsable de los servicios públicos y un periodista.
Hasta ahora, las autoridades kenianas han tratado de evitar el proceso en la Corte de La Haya y sustituirlo por uno en un tribunal especial local.
Kenia, sin embargo, tiene obligación de cooperar con la CPI al ser miembro del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.
El pasado 22 de diciembre, el Parlamento de Kenia aprobó, con un solo voto en contra, una moción a favor de sacar al país del Estatuto, para abandonar la jurisdicción de la CPI y evitar el procesamiento de los seis señalados.
Pero incluso si Kenia pidiera su salida del Estatuto de Roma, no sería efectiva hasta doce meses después de la solicitud de baja y no le libraría de tener que cooperar con la CPI en el caso ya abierto.
En los tres años transcurridos desde los sucesos que dejaron al menos 1.300 muertos y 300.000 desplazados, las autoridades kenianas y en especial el Parlamento han bloqueado todos los intentos de juzgar a los responsables y aún no hay nadie procesado.